Categoría: Marco Enríquez Ominami

Marco Enríquez-Ominami
Presidente de Fundación Progresa
En relación con la desafortunada aprobación del distrito La Yarada-Los Palos por parte del Congreso peruano, que sitúa su frontera sur terrestre en el Punto Concordia, desconociendo el Hito 1 acordado bilateralmente con Chile en 1930, cabe mencionar que es un acto indudablemente provocador y poco amistoso hacia nuestro país.

Más aún, después de las esperanzas que abrigó el fallo de la Corte de La Haya en cuanto a que, ahora sí, ambos países enfrentaríamos el futuro sin temas que nos pudieran desunir. Sin embargo, la desafiante acción de Humala y los congresistas peruanos retrocede las posiciones a lugares aún más incómodos que los ofrecidos por la «política de cuerdas separadas» del gobierno de Sebastián Piñera, donde ingenua o interesadamente se pretendía que la intensificación del intercambio comercial terminaría por borrar toda discrepancia política, territorial o histórica.

En este período, la política exterior de la Presidenta Bachelet ha sufrido fuertes ataques desde el norte, en buena parte, producto del deterioro de los lazos políticos vecinales evidenciado desde hace varios gobiernos anteriores, pero la actitud de las autoridades peruanas obliga a que Chile responda redoblando la apuesta integracionista. Estratégicamente, caer en la trampa de los nacionalismos constituiría una réplica inconveniente que nos arrastraría exactamente hasta la posición que pretenden los belicistas.

Los últimos días demuestran, entre otras tantas cosas, que la semilla de la violencia, sea religiosa, nacional, étnica o cultural, se siembra en los lugares más insospechados y que sus trágicos frutos cobran preferentemente víctimas alejadas de los centros de poder donde se deciden las provocaciones.

En las casi cuatro hectáreas semibaldías del territorio chileno que infundadamente Perú decreta como propias, una opción interesante, ya planteada desde el progresismo, es la construcción de un parque o un monumento que bajo la bandera chilena homenajee la paz sudamericana. Junto con la pertinente presentación de la nota diplomática chilena en la que se reiteró nuestra posición y se objetó la pretensión peruana, además de todas las futuras acciones diplomáticas y jurídicas que una situación como esta amerite, la construcción del Parque de la Paz sería una simbólica manera de representar a nuestros vecinos la voluntad de mirar el futuro regional desde una perspectiva constructiva, pacífica y verdaderamente progresista.

Fuente: El Mercurio

Marco Enríquez-Ominami
Presidente de Fundación Progresa
La Ley de Modernización de la Cancillería contempla la creación de una figura llamativa: la Agencia para la Defensa de Chile o Agencia de la Soberanía, cuyo objeto sería contar con una institucionalidad encargada de defender los intereses de Chile frente a las demandas en los Tribunales Internacionales y “para realizar demandas contra otros países”.

Llama la atención pues constituye un reconocimiento a la hipótesis de que nuestro futuro diplomático se caracterizará por tener litigios permanentes con otros países. A su vez, sugiere que Chile también entrará en la dinámica de judicializar los problemas de política exterior. ¿Acaso el personal de relaciones exteriores, el Consejo de Defensa del Estado y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, además de la figura de la Agencia ad-hoc, no son suficientes para enfrentar las eventuales demandas que podríamos recibir?

El mejor negocio para nuestra política exterior es la búsqueda de integración con nuestros vecinos. Como invertimos tan poco en ella, tenemos que gastar mucho en Defensa y ahora, en abogados, para que en Europa se resuelvan los problemas que nuestra diplomacia no logra prever ni resolver. Es absurdo que cambien los gobiernos, también los de los vecinos, y las diplomacias no logren entenderse. Una mayor integración fronteriza, políticas migratorias conjuntas, infraestructura común, cooperación académica y la profundización de posibilidades colaborativas constituyen la fórmula para sustentar soluciones pacíficas a diferencias históricas, alcanzando los entendimientos anhelados por nuestros pueblos.

Marco Enríquez-Ominami
Presidente Fundación Progresa

En Chile, el debate político económico suele alimentarse de las proyecciones que hace el organismo internacional de turno respecto al crecimiento económico del país. Recientemente, el FMI ajustó el crecimiento proyectado de Chile, para el año 2016, el cual pasó de 2.2% a un 1.5%. La confirmación de un crecimiento a la baja, por quinto año consecutivo y con el precio del cobre muy por debajo del boom conocido hace unos años, obliga a cuestionarse sobre las estrategias de los últimos gobiernos para impulsar el tan anhelado crecimiento de Chile.

Quizás, lo primero sea recordar que no es la primera vez que Chile conoce bajas en su tasa de crecimiento. Lo mismo ocurrió a principios del 2000 y a partir del 2005, cuando el crecimiento pasó de 6.3% a menos de -1%. Sin embargo, resulta preocupante y a estas alturas inexplicables que los diferentes gobiernos de turno, sea el gobierno de Lagos, Piñera o el actual, no hayan logrado enfrentar la baja en materia de competitividad y productividad en Chile, confiando en una estrategia de desarrollo a todas luces riesgosas. Esto es basada principalmente en un modelo productivo extractivo sustentado en los altos precios de los recursos naturales. La falta de innovación y capacidad de reacción de los agentes económicos chilenos y los gobiernos a cargos de las políticas económicas se han traducido en políticas sucesivas de bonos en caso de baja de crecimiento y en una indebida utilización de la situación económica como discurso político para evitar reformas. De esta forma, los conservadores, sean de derecha o de la Nueva Mayoría, utilizan sistemáticamente los vaivenes económicos para evitar la implementación de reformas claves, como la reforma laboral, que en todo caso mejorarían la productividad al interior de las empresas, como ha sido ampliamente señalado por la propia OIT.

Nadie duda de que los bonos sean urgentes y necesarios en un país que aún tiene comunas con más de 40% de pobreza. Pero lo anterior no es excusa para que el Gobierno no asuma que el Estado es un agente fundamental en materia económica y que su rol, entre otros, debe ser el de reactivador económico en caso de crisis. En otras palabras, el Estado debe ser capaz de realizar inversiones contracíclicas pero tendrá que ponerlas a cargo de privados, puesto que sabemos qué en Chile el Estado no tiene la capacidad de implementar esas inversiones. No cabe duda que definir el tipo de inversiones y focalizarlas constituiría un empuje a la demanda local que podría reactivar la economía.

Una inversión contraciclica es perfectamente viable por la vía de la utilización de parte del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este fondo, que fue creado en 2007 con el objeto de atenuar el impacto de los vaivenes de la economía internacional, supera en la actualidad los US$ 14.500 millones. Por tanto, la propuesta sería desarrollar un Plan de Inversión Pública, de carácter contra cíclico, en infraestructura, específicamente en Educación y Salud, que tenga efectos en el corto plazo, es decir en no más de dos años. Este Plan de Inversión, de 6.000 millones de USD, se traduciría en licitaciones (no concesiones) en infraestructura en educación y salud pública, específicamente en la construcción de consultorios y hospitales, revirtiendo lo que ha sido la política de concesiones en salud. La ventaja de esta medida es la posibilidad de incentivar, en una alianza público-privada, la demanda y consumo interno. Es decir que es el Estado quien decide la focalización del gasto, empujando la contratación y aumento de empleo, vía ejecutores privados, considerando lo señalado anteriormente, es decir que el Ejecutivo no tiene como desarrollar infraestructura.

No sería la primera vez que el Estado utiliza el FEES para enfrentar un ciclo económico complejo. Ya lo hizo en 2009. La diferencia está en asumir que el rol del Estado no se circunscribe a la entrega de bonos, sino también a ser un agente económico clave, cuya rol y responsabilidad es el privilegiar ciertas inversiones con alto rendimiento social, más aún si permiten reactivar la demanda y crecimiento.