Es evidente que el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) requiere de reformas urgentes, tendientes mejorar el nivel de las pensiones y asegurar una vejez digna a cada profesional. Entre ellas destaca la necesidad de regular y limitar los costos de administraci\u00f3n de las AFP, de manera de que estos tengan relaci\u00f3n de equidad con los servicios efectivamente prestados.<\/p>\n
La emergencia de una nueva crisis social aparece, esta vez, orientada a uno de los pilares del modelo chileno: el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ellas forman parte de una de las principales reformas econ\u00f3micas implementadas durante el Gobierno Militar, a fines de los a\u00f1os ochenta, siendo sus principales creadores Jos\u00e9 Pi\u00f1era y Miguel Kast.<\/p>\n
Al instaurar el sistema, los nuevos afiliados se vieron obligados a ingresar a \u00e9l, pudiendo continuar en el sistema anterior \u00fanicamente aquellos trabajadores con 18 a\u00f1os o m\u00e1s de imposiciones, adem\u00e1s de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, que s\u00ed conservaron su sistema previsional.<\/p>\n
Las AFP funcionan en base a planes individuales de ahorro obligatorio, de car\u00e1cter privado (10% de la renta imponible del trabajador, con un tope de 66 UF). Este sistema considera que la expansi\u00f3n de la inversi\u00f3n financiera permite garantizar la acumulaci\u00f3n de capital privado suficiente para asegurar la supervivencia del sistema de capitalizaci\u00f3n individual.<\/p>\n
En su momento, entre los argumentos esgrimidos para modificar el sistema de pensi\u00f3n, se mencion\u00f3 la necesidad de reducir el gasto p\u00fablico en materia previsional y la necesidad de mejorar el acceso a financiamiento, adem\u00e1s de la promesa de garantizar pensiones equivalentes al 70% de las \u00faltimas remuneraciones imponibles. Sin embargo, el Estado subsidia, con toda raz\u00f3n, a aquellos trabajadores que no acumulan el fondo m\u00ednimo suficiente para pensionarse, al mismo tiempo que las AFP pueden invertir hasta el 80% de sus fondos en instrumentos financieros internacionales, con todos los riesgos que eso conlleva. Ni hablar de las pensiones que representan, en promedio, solo el 25% de los \u00faltimos ingresos percibidos por los trabajadores, cifra muy lejana a la prometida.<\/p>\n
Pero uno de los aspectos m\u00e1s cuestionado de las AFP dice relaci\u00f3n con las comisiones que se cobran por concepto de costo de administraci\u00f3n. Ellas suelen ser presentadas de manera enga\u00f1osa como un porcentaje del ingreso total imponible, en vez de transparentar lo que realmente representan respecto de la cotizaci\u00f3n obligatoria. En otras palabras, cu\u00e1nto deja cada afiliado de cotizar, y por lo tanto de acumular en su cuenta, debido al pago de estas comisiones.<\/p>\n
Tal como lo se\u00f1ala el estudio de Fundaci\u00f3n Progresa, las comisiones cobradas por las AFP representan hoy entre el 14% y el 23% de las cotizaciones obligatorias de cada afiliado, dependiendo de la AFP considerada. Lamentablemente los afiliados no tienen muchos elementos para dimensionar el impacto real de los cobros efectuados por concepto de administraci\u00f3n. Estas cifras son particularmente escandalosas considerando que estos costos responden a gastos asociados a publicidad y comercializaci\u00f3n. Por otra parte, es el afiliado quien asume el riesgo de la inversi\u00f3n realizada por la AFP, independientemente del cobro efectuado por la administraci\u00f3n de sus fondos. Por lo tanto, no existe sanci\u00f3n alguna frente a una mala gesti\u00f3n, excepto cambiar de administradora y asumir la p\u00e9rdida.<\/p>\n
Es evidente que el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) requiere de reformas urgentes, tendientes mejorar el nivel de las pensiones y asegurar una vejez digna a cada profesional. Entre ellas destaca la necesidad de regular y limitar los costos de administraci\u00f3n de las AFP, de manera de que estos tengan relaci\u00f3n de equidad con los servicios efectivamente prestados. Por otra parte, resulta impresentable que las AFP no asuman el riesgo financiero de una mala gesti\u00f3n de los fondos de sus afiliados. Por ello, se debe evaluar la posibilidad de que parte de sus utilidades se redistribuyan entre los afiliados en caso de mala gesti\u00f3n.<\/p>\n
Las pensiones constituyen, junto a la salud y la educaci\u00f3n, derechos fundamentales que afectan directamente el nivel y calidad de vida de los ciudadanos. En un contexto de fuertes demandas sociales, el Gobierno y los Parlamentarios deben cuanto antes trabajar en una reforma que apunte a garantizar pensiones justas y dignas, sin esperar que este problema emerja como una nueva crisis social.<\/p>\n
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