Categoría: Comunicados

El Grupo de Puebla -organización de 52 líderes de 16 países- saluda la victoria electoral de las fuerzas progresistas, liderada por el Partido Morena que se mantiene como la primera fuerza política de México, en las elecciones federales y parlamentarias del país liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hacemos un llamado a las fuerzas progresistas y de centro izquierda a avanzar en unidad transformadora y enfrentar este nuevo periodo político en México, marcado por las graves consecuencias locales e internacionales por el Covid-19, con la convicción de combatir la desigualdad, la violencia, y promover la paz, la democracia y la justicia social.

Los expresidentes Ernesto Samper, Leonel Fernández y el historiador Alfonso Múnera, hablan acerca de la historia del Caribe, la situación actual y los retos para la región en la pospandemia.

El encuentro entre dos mundos comenzó en República Dominicana. Las exportaciones comenzaron en el Caribe, la conquista y la colonización también. Además allí se construyó la primera catedral, fue la primera llegada de los africanos y del caribe surgió la independencia. Por esto, sostengo que en Caribe comenzó todo, inició su intervención el expresidente Leonel Fernández.

Ernesto Samper, dijo que en este momento “tenemos un caribe en problemas”. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, por cuenta de la pandemia al caribe se le agregaron una serie de riesgos y desafíos. Antes del virus los mayores problemas eran la alimentación y la energía, pero ahora se le han sumado los problemas de pobreza que aumentó más que en el resto de América Latina, el desempleo y la vulnerabilidad climatológica; además, de la vulnerabilidad financiera que está por encima del 100% del PIB.

Leonel Fernández dijo que: “Las islas se han acogido a la economía de la prestación de servicios como el turismo y en el 2008 la recesión que hubo tuvo impacto en la región”. Dijo además, que la isla ha enfrentado grandes problemas durante la pandemia y resaltó el trabajo que ha estado realizando Cuba: “el país está creando su propia vacuna en cuatro distintas vertientes. Esto sin duda es un acontecimiento para el caribe”.

Alfonso Múnera dice que son 25 países que se reconocen como caribeños y que si estos se pusieran de acuerdo para enfrentar las problemáticas que comparten, se potenciarían. El problema climático es uno de los que tienen que resolver unidos ante organismos internacionales y que de este problema, además, se desprende el problema de la deuda. De manera que no tienen cómo enfrentar estas problemáticas por separado.

El expresidente Ernesto Samper finalizó refiriéndose a la situación que vive Colombia por cuenta del paro nacional, las manifestaciones y los bloqueos y dijo que “está naciendo una nueva conciencia social” a cuenta de estas situaciones; y es porque las personas en las ciudades están entendiendo el conflicto que antes se vivía en las regiones. Esa conciencia social va a construir un país distinto, más amable para más gente.

Las declaraciones del expresidente Andrés Pastrana, autoproclamado líder de los fracasados gobiernos de derecha (Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Brasil) sobre presuntas palabras del presidente Nicolás Maduro en un encuentro del Grupo de Puebla, faltan a la verdad.

A pesar de que el Grupo de Puebla ha celebrado encuentros con líderes gubernamentales y no gubernamentales de Venezuela, el presidente Maduro nunca ha participado en alguna instancia relacionada con la agrupación.

El Grupo de Puebla exalta su apoyo al proceso electoral peruano, expresión genuina de la democracia y la participación y expresa su deseo para que la segunda vuelta favorezca la candidatura de Pedro Castillo por su programa progresista que privilegia la lucha contra la pobreza, la redistribución de la riqueza, el restablecimiento de los derechos de los campesinos, un comercio internacional más justo y la retoma de espacios de concertación regional que los gobiernos conservadores han abandonado debilitando una tradición regional.

Consistentes con nuestra propuesta de avanzar en la construcción de un Modelo Solidario de Desarrollo que reemplace el desacreditado modelo neoliberal, renovamos nuestro apoyo a proyectos políticos alternativos que tengan en el centro de sus prioridades a los más excluidos, especialmente en momentos en que urgen salidas basadas en una respuesta social efectiva a la crisis sanitaria y económica que, como consecuencia de la pandemia, sigue profundizando las grietas de la desigualdad en América Latina.

20 de mayo de 2021

EL GRUPO DE PUEBLA hace un enérgico llamado al GOBIERNO DE ISRAEL para que cesen los bombardeos indiscriminados y el uso excesivo de la fuerza en la franja de Gaza que están costando vidas de civiles palestinos inocentes, incluídos niños.

Invita a las dos partes a cesar de manera inmediata el fuego bilateral y apoya las gestiones que en el mismo sentido está haciendo las Naciones Unidas y mandatarios de varios países.

La búsqueda de la paz debe continuar a través del diálogo y este debe partir del reconocimiento de la existencia de dos Estados, con sus pueblos y territorios, libres y soberanos.

Debido a los preocupantes acontecimientos ocurridos en Colombia desde el pasado 28 de abril, en donde se han reportado graves y continuas violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, el Grupo de Puebla -organización iberoamericana y del Caribe que cuenta con 52 líderes de 16 países- se reunió en el X taller interno de trabajo, con miembros del progresismo colombiano para abordar las posibles salidas a la crisis que vive el país.

A la jornada, asistió el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica; el expresidente de Colombia, Ernesto Samper; el excandidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro; el excandidato a la presidencia de Chile y Uruguay, Marco Enríquez-Ominami y Daniel Martínez, respectivamente; entre otras y otros, además de miembros del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD); líderes del progresismo colombiano, Ángela María Robledo, Clara López, María José Pizarro, Roy Barreras y Carlos Caicedo, entre otros.

Al comenzar, el expresidente de Colombia y fundador del Grupo de Puebla, Ernesto Samper Pizano, inició explicando que internacionalmente se tiende a pensar que la multitudinaria movilización en Colombia tiene que ver exclusivamente con la reforma tributaria impulsada por el gobierno, donde recayeron los costos sociales de la pandemia en la calle media. Pero, al retirarse la reforma no cesó la movilización y esto es porque la reforma fue el detonante de una situación más complicada que se venía viviendo por el incumplimiento por parte del gobierno de los compromisos pactados en 2019 producto de movilizaciones en ese año; los estragos sociales de la pandemia; el incumplimiento de los Acuerdos de paz pactados en La Habana y el cese de negociaciones con el Ejército Nacional de Liberación -ELN-.

Luego, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica dijo que “lo que pasa en Colombia, en el fondo, está pasando en muchas partes de América Latina. Si esta expresión de cambio, no se logra materializar en una expresión política de largo aliento, sería una frustración a la energía que están gastando los jóvenes”. También, se refirió a su participación en el Componente Internacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). “Un capítulo aparte es el proceso de paz en el que estoy comprometido en una especie de comisión que no sirve absolutamente para nada y que precisaría que aquellos de la FARC que se han institucionalizado como corriente política, que se comuniquen, me den información, porque voy a definir qué voy a hacer, a mí me ha llegado información masiva del gobierno de Colombia, pero naturalmente cuando veo las cifras, tengo mis dudas, como mínimo, por no decir mis angustias existenciales”, dijo.

“Colombia ha vivido 210 años entre balas, resistencia y votos” reflexionó la congresista de Colombia Ángela María Robledo, quien además afirmó que “el país vive una de las movilizaciones más grandes de la historia, a pesar que en el 2019 la movilización fue reprimida y, por esto, un juez ordenó al Gobierno de Duque pedir perdón y trabajar en procesos para que las Fuerzas Armadas respeten los derechos humanos. No existen organismos de control para reportar la barbarie judicial porque quienes ocupan los cargos son amigos del gobierno, por esto, las organizaciones sociales son quienes han asumido el rol de levantar las denuncias de los ciudadanos”.

“El Grupo de Puebla puede ayudar en la configuración de un espacio, como el que se hizo en venezuela, para que un grupo de países latinoamericanos traten estos hechos como el tratamiento policial y bélico al derecho a la protesta, el asesinato a líderes sociales, las masacres y la ruptura del proceso de paz. Propongo países como Argentina, México y Bolivia, y además, examinar si es posible activar el mecanismo de la carta democrática en la Organización de Estados Americanos -OEA- y activar la Corte Penal Internacional para que tome competencia sobre los delitos de lesa humanidad a partir del Estatuto de Roma para abrir una negociación con estados sociales. La violencia es construida desde el gobierno porque necesitan del caos y la zozobra para mantener el poder político”, dijo el excandidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro.

Por su parte, Carlos Caicedo, gobernador del departamento del Magdalena, Colombia, dice que se ha acusado a los jóvenes manifestantes como extremistas, pero que en la historia, estos extremistas han sido fundamentales para que el país cambie. “Las movilizaciones claman cambio, el fin del ciclo del neoliberalismo que lo único que nos dejó fue más de 21 millones de pobres. El Gobierno incumple sistemáticamente lo que promete. Persigue a los movimientos alternativos y progresistas y tiene como propósito perpetuar un modelo excluyente desde la represión”.

La congresista de Colombia, María José Pizarro, se conectó al encuentro desde el barrio Siloé en Cali, Colombia, donde se ha visto una grave represión de la fuerza pública a las manifestaciones. Desde allí se pronunciaron diferentes líderes de las protestas -quienes están en la resistencia de la primera línea- donde pidieron presencia de la comunidad internacional para que haya verificación sobre los desaparecidos y se exija al gobierno que pare con las graves y continuas violaciones a derechos humanos de las que están siendo víctimas.

Por otro lado, Óscar Laborde, Presidente del Observatorio de la Democracia y Vicepresidente de Mercosur, dijo que: “envié una carta al presidente Iván Duque donde instamos al inicio formal de negociaciones que permitan acuerdos políticos sociales e institucionales que restablezcan la paz en vuestro país y ratifiquen el compromiso democrático del Estado de la República de Colombia. Propongo una mesa de trabajo internacional que impulse el restablecimiento de la paz”.

Finalmente, el encargado de la relatoría del encuentro, el excandidato presidencial chileno y fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, dijo que “tanto en Chile, como en Ecuador, y en muchos países hemos vivido protestas donde se han violentado los derechos y las garantías básicas. Vamos a responder a este llamado de acompañar el proceso de paz en Colombia, y hacer un llamado para frenar la masacre. De estas crisis no solo tiene que salir la renta básica, sino que se tiene que avanzar en la idea que un grupo de gobiernos se articulen, para acompañar el proceso”.

Dado los acontecimientos ocurridos desde el 28 de abril en Colombia, el Grupo de Puebla -organización iberoamericana y del Caribe que cuenta con 52 líderes de 16 países- celebrará su décimo taller interno de trabajo, que contará con la participación de representantes del progresismo colombiano y en el cual se debatirá sobre las posibles salidas a la crisis en dicho país.

Este evento va en línea con la constante preocupación y solidaridad del Grupo de Puebla con el pueblo colombiano en este escenario tan adverso, instando al diálogo respetuoso, libre de violencia, sin utilizarlo como un escenario de dilación sino como una solución democrática a los enfrentamientos que han costado vidas, desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos.

A la jornada, asistirán los miembros fundadores del Grupo de Puebla, como el expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper; la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta; el excandidato presidencial de Chile, Marco Enríquez-Ominami, entre otras y otros.

Además, asistirán por parte del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), la jurista Carol Proner y el jurista Emilio Camacho, entre otras y otros; integrantes del Grupo Parlamentario Iberoamericano, como la congresista colombiana, Ángela María Robledo; y dirigentes progresistas de Colombia, como el senador Antonio Sanguino, la exministra Clara López, y el senador y excandidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro.

La sesión está planificada para el próximo viernes 14 de mayo y será transmitida a través de facebook.com/progresalatam en los siguientes horarios:

10:00 a.m El Salvador, Guatemala, Honduras
11:00 a.m. Colombia, Ecuador, México, Perú y Panamá.
12:00 p.m. Bolivia, Chile, Paraguay y República Dominicana
13:00 p.m. Argentina, Brasil y Uruguay
18:00 p.m. España

Se reunieron de forma virtual, en el marco de “Diálogos de Cambio del Grupo de Puebla”.

Ernesto Samper, expresidente de Colombia, inició lamentando la situación que se vive en su país. Hoy Colombia vuelve a ser noticia por las circunstancias negativas que está padeciendo por las violaciones a los derechos humanos en medio de los cinco días de protestas. Explicó dos factores para entender las movilizaciones sociales, primero, la austeridad en las respuestas sociales del gobierno en medio de la pandemia, la pobreza subió a un 42% y la tasa de desempleo se duplicó. Mientras la vacunación va por las escaleras, los contagios van en ascensor, el segundo factor fue la reforma tributaria impulsada por el gobierno y fue el elemento detonante ya que golpeaba los salarios, las pensiones y directamente a la clase media.

Denunció los dos panoramas que han construido para el escenario preelectoral: uno de guerra, que profundiza las contradicciones y está acabando con los acuerdos de paz, y el segundo, polarizar ideológicamente el espectro político reemplazando el poder civil por el militar en el manejo de cuestiones de orden público. Rechazó la propuesta que se ha rumorado durante el día – decretar el estado de conmoción interior-, que le daría al gobierno facultades extraordinarias para limitar la movilidad, el derecho de expresión y de alguna manera fortalecer la respuesta excesiva de fuerza. Señaló que está preocupado por la aparición de la teoría “neofachista” de -la revolución molecular disipada- la cual considera cualquier ciudadano manifestante como un terrorista e invita a responder con uso excesivo de la fuerza para reprimir y controlar.

Iván Cepeda afirmó que el panorama social y económico desalentador ha hecho que los protestantes arriesguen su salud en condiciones difíciles y con una gran represión. Lo que se vive en Colombia no es una protesta sino una movilización con perfil de cambio político que responde a un acumulado de inconformidades; hay una gran presencia de jóvenes, mujeres y movimientos sociales para poner presente que hay hambre y una situación extrema. Denunció que el gobierno opta por una nueva política de seguridad bajo la doctrina de la revolución molecular disipada que consiste en concebir la movilización no como derecho, sino como guerra social y darle el tratamiento de operación militar- “Cali es el laboratorio de estas situaciones”-. Además, hay un nuevo concepto de enemigo interno: ya no son guerrillas rurales sino “terroristas urbanos” apuntando a los estudiantes, a la juventud colombiana. Y se complementan con “métodos zanahoria”: conversación nacional. Una interminable charla que no conduce a ninguna parte y que da lugar a acciones autoritarias y drásticas como el estado de conmoción interior.

Antonio Sanguino agregó al balance de la crisis que vive el país: el Gobierno está construyendo una narrativa que acude al viejo expediente de la seguridad nacional y del enemigo interno que incorpora prácticas “innovadoras”, a las que ya conocíamos de restricción a las libertades públicas con el pretexto de derrotar a la guerrilla. Mencionó que para el gobierno ya no es sostenible la tesis de que todo lo que ha ocurrido en materia de violencia es producto de una estrategia las disidencias de “Nueva Marquetalia” y ELN, por eso ahora, está acudiendo deliberadamente a una suerte de vandalismo inducido y contratado que le sirve para criminalizar la protesta, generar terror, que la población demande la presencia pública para cometer abusos y ejercer la presión indiscriminada. Resaltó las cifras de ongs como Temblores, las cuales revelan que van en 37 muertos, 87 desaparecidos, 800 detenciones arbitrarias, 1500 acciones de abuso policial y 10 casos de abuso sexual.

Por otro lado, resaltó que el Gobierno se ha negado a la renta básica, a la matrícula cero para los estudiantes y a las propuestas impulsadas por el sector progresista. El 37% de los jóvenes no ha podido pagar la matrícula, la pobreza extrema subió 2,9%, se quebraron 500 mil micronegocios y más de 140 mil empresas durante la pandemia.

Por lo anterior, los tres líderes políticos convergieron en que las soluciones a la crisis deben recoger las demandas no resueltas por el Gobierno como: el diálogo útil con todos los sectores sociales y políticos, la renta básica, matrícula cero para los estudiantes, apoyo de conectividad, apoyo a los microempresarios y pequeños negocios, la implementación del Acuerdo de Paz y el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano con las comunidades en los territorios.

Ya la ciudadanía ganó, lo que hay que ganar ahora es un plan de emergencia social y las elecciones del 2022, concluyó el Senador Sanguino.

El Grupo de Puebla manifiesta su profunda inquietud por la polarización en aumento en el Perú y la posibilidad de que se produzca una interrupción en el orden constitucional.

Los llamados para desconocer cualquiera que sea el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 6 de junio, son incompatibles con la democracia, el Estado de derecho, la alternación y la soberanía popular, única fuente de legitimidad de la autoridad política. El Grupo insta a todos los sectores que representan los diversos intereses de la sociedad peruana, para promover un ambiente de diálogo respetuoso, plural e incluyente y evitar los llamados para atentar contra la democracia y respetar de acuerdo con esta la voluntad popular expresada en las urnas.

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El Grupo de Puebla celebra la decisión de la Suprema Corte de Brasil (STF) que, por ocho votos contra tres, anuló todas las condenaciones contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el ámbito de la Operación Lava Jato. La decisión del pleno del STF se suma a la de la Segunda Sala de la Corte que ya había reconocido la actuación política y parcial del entonces juez Sérgio Moro para condenar Lula.

Con esas decisiones, el expresidente brasileño recupera sus derechos políticos y podrá, si así lo desea, ser candidato en las próximas elecciones presidenciales del 2022. Aunque tardías, estas decisiones restablecen una verdad histórica de que Lula fue víctima de una persecución judicial, de un proceso de lawfare y del arbitrio del Estado, que actuó deliberadamente para evitar que se postulara para presidente en las elecciones presidenciales del 2018.

Además, el Grupo de Puebla verifica que en las acciones contra Lula desde 2014, cuando comenzó la operación político-judicial, siempre hubo fundamentos políticos, económicos y geopolíticos, disfrazados como la lucha contra la corrupción, y que instalaron al ultraderechista Jair Bolsonaro, en la Presidencia de la República. Decisión que hoy tiene a Brasil dentro de los casos más extremos en cuanto a los efectos de la pandemia por Covid-19.

Más que eso, la persecución judicial contra Lula fue parte de un proceso de deconstrucción de la imagen de los gobiernos progresistas en Brasil, que ya había comenzado con un golpe sin que hubiese crimen de responsabilidad contra la presidenta Dilma Rousseff. Por eso, el regreso de Lula a la vida pública brasileña, con todos sus derechos establecidos, es una victoria de la democracia y el estado de derecho.

Como Grupo de Puebla, esperamos, que esta resolución sea el punto inicial de un proceso de responsabilización de los daños políticos y económicos surgidos a raíz de esta investigación ilegítima, en la cual sectores del sistema judicial actuaron con intencionalidad, buscando sacar provechos públicos y privados, incluso más allá de las fronteras de Brasil.

Como organización de América Latina, el Caribe y España, continuaremos nuestra ardua lucha, denunciando y combatiendo, el Lawfare en Brasil y en la región.