Categoría: Marco Enríquez Ominami

“¿Quién dijo miedo?” Es un conmovedor documental, realizado por Katia Lara, basado en el relato de René, un sindicalista hondureño, quien se ve forzado a emigrar a España – como les ocurrió a muchos exiliados chilenos- creyendo que la duración de la dictadura sería muy corta, pero se ve obligado a acogerse al refugio. El régimen brutal de Roberto Micheletti, apoyado por parte del Congreso, las cortes de justicia y, sobretodo, por la oligarquía hondureña – una casta herodiana que vivido siempre del servilismo a los Estados Unidos. El documental muestra, en forma muy verídica, la brutal represión sufrida por ese pueblo.

El 28 de junio de 2009, el presidente democrático Manuel Zelaya fue sacado de su hogar, en pijama, por militares golpistas, asumiendo el poder el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Micheletti. Este quiebre de la democracia fue condenado por instituciones como la OEA, la Comunidad Económica Europea y la mayoría de los países del mundo, incluido el gobierno norteamericano de Barack Obama. El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se ofreció como mediador llegándose finalmente, al Acuerdo Tegucigalpa-San José.

Tras un largo período asilado en la Embajada de Brasil y mientras seguía la represión y las acusaciones contra el presidente legítimo, el gobierno de facto llamó a elecciones presidenciales – cuestionadas por algunos países de América Latina y del mundo, además de sectores que apoyaban a Manuel Zelaya – donde resultó elegido el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, y el presidente Zelaya viajó la República Dominicana, donde permanece hasta hoy.

El boicot contra el gobierno autoritario de Honduras, que al comienzo fue unánime, en la actualidad ha ido amainando debido al brusco cambio de posición del gobierno de Barack Obama, quien pactó con los republicanos un reconocimiento al gobierno de Porfirio Lobo a cambio del apoyo de los opositores a algunos proyectos emblemáticos.

Los gobiernos de Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela se niegan, de plano, a reconocer al gobierno actual de honduras mientras no se cumplan todos los puntos del Acuerdo Tegucigalpa-San José y la vuelta del presidente Zelaya a su país.

El gobierno de Lobo ha desplegado una ofensiva diplomática para reintegrar a Honduras a la comunidad internacional y, en este contexto, su principal interés es la reinserción en la OEA. El mismo presidente actual de Honduras reconoce que esta reincorporación es bastante difícil, pues su gobierno cuenta con el rechazo de países tan importantes como Argentina y Brasil.

Mario Barahona, jefe del comité de Relaciones Exteriores del Congreso hondureño, visitó Chile con la misión de conseguir el reconocimiento del gobierno chileno al régimen político de Honduras. Senadores de la Concertación. como Ignacio Walter, Ximena Rincón y Eugenio Tuma, y diputados del gobiernistas, como Juan Manual Edwards y Mónica Zalaquett presionan a sus pares, en el sentido de que el Congreso Nacional chileno apruebe un apoyo irrestricto al gobierno hondureño y a su presidente.

Sería un error del gobierno de Piñera, en materia internacional, apresurarse a apoyar un régimen que surgió de un golpe de Estado militar, cuya legitimidad de origen es bastante discutible y que, por lo demás, cuenta con el rechazo de países amigos – Brasil y Argentina -, fundamentales para nuestras relaciones en el ámbito latinoamericano.

Reconocer al actual gobierno hondureño significaría un retroceso respecto a una política de consolidación de la democracia y de promoción de los derechos humanos. Chile no puede prestarse, bajo ningún pretexto, para bendecir a gobiernos que han surgido de un golpe de Estado y que, en la actualidad continúa reprimiendo a los sectores populares hondureños.

El presidente Zelaya continúa culpando al gobierno y al ejército norteamericano de haber instigado y apoyado el golpe de Estado, intervención con cierto símil al quiebre democrático chileno, otro de los motivos que hace inaceptable el reconocimiento.

Nadie puede ser llamado a confusión: aún cuando se suspenda la huelga de hambre, que hoy lleva más de 70 días, el conflicto mapuche continuará mientras no haya una voluntad de las distintas instituciones del Estado y de la sociedad civil para reconocer a los mapuches en un país multiétnico.

Para comprender lo que está aconteciendo ahora se hace necesario la visión de un largo período histórico – perspectiva de la cual no hacen mucha gala los personajes de las dos castas dirigentes – desde la guerra defensiva, predicada por el sacerdote jesuita Luís de Valdivia, los españoles reconocieron como territorio araucano desde el río Bío Bío al sur. A diferencia del actual, y de los anteriores presidentes de la república, los gobernadores de antaño no tenían ningún problema de parlamentar con los mapuches.

Con mucha razón, en la llamada Independencia, que no es más que una guerra civil – por eso cuesta entender qué Bicentenario se celebró este 18 de Septiembre – la mayoría de los caciques mapuches prefirieron luchar al lado de los españoles contra los autodenominados patriotas como si hubieran intuido que se iban a convertir en sus peores verdugos, capaces de las más brutales sevicias.

El ejército triunfante de la guerra del salitre no encontró mejor “entretención” que dedicarse a arrasar las tierras de los mapuches; a esta brutalidad el Cornelio Saavedra la llamó “la Pacificación de la Araucanía” – hasta el día de hoy, muchos profesores de historia siguen usando el mismo término -. Los métodos usados por el ejército chileno, de esa época, pueden formar parte de una enciclopedia del engaño, la vileza, la crueldad, la tortura y la muerte, con la consiguiente usurpación de las tierras que pertenecían a nuestros primeros habitantes.

Tanto los conservadores de izquierda como de derecha han demostrado una incapacidad a grado “heroico” para entender la realidad del pueblo mapuche y sus justas reivindicaciones: los primeros, los confunden con los pobres del campo y la ciudad, siendo verdad que son pobres, los mapuches reivindican, además, su realidad como pueblo diferente del chileno; los segundos, los conservadores de derecha, inspirados en el racismo de sus intelectuales, tienden a mirarlos como terroristas, como flojos, como borrachos, de una cultura inferior, como la definía Juan Francisco Encina.

Según mi opinión, la ley antiterrorista, tal cual está redactada, es parte de una legislación liberticida heredada de la dictadura y aplicada, vergonzosamente por los gobiernos de la Concertación, lo cual constituye un baldón que les pesará en conciencia mientras vivan. Los gobiernos de la Concertación han aplicado una política completamente errónea para tratar de buscar solución al tema de la expoliación del pueblo mapuche: se ha limitado a la compra de tierras manteniendo el poder de las grandes empresas madereras e, incluso, durante el período de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con el fin de instalar la Hidroeléctrica Ralco, se destruyó la forma de vida pehuenche; esta Alianza nunca entendió que era imprescindible un cambio constitucional, que reconociera a los mapuches como pueblo y que además, incluyera su representación en distintas instancias institucionales – consejeros regionales, parlamento, y otros -.

La aplicación de esta ley liberticida a los comuneros mapuches es simplemente una brutalidad y una injusticia flagrante, que vuelve a demostrar el monstruoso desprecio que nuestras castas en el poder han profesado hasta hoy al pueblo mapuche que, con mucha razón, desconfía de ellas.

El gobierno de Sebastián Piñera ha seguido la sarta de errores cometida por sus antecesores, con el agravante de que ha demostrado, en este caso, una enorme tozudez para resistirse al diálogo, esperando que transcurrieran más dos meses y los comuneros mapuches estuvieran en peligro de muerte para aceptar la intervención de Monseñor Ezzati, como facilitador de un posible diálogo entre las partes, que parece difícil, pues los presos en huelga de hambre están clarísimos en sus justas reivindicaciones, entre las cuales se cuentan: la competencia sólo de tribunales civiles; la aplicación del código penal – como en cualquier parte del país – y, por cierto, la no aplicación de la ley antiterrorista, pues ninguno de los actos de que se les acusa amerita la calificación de tal categoría.

Hasta el día de hoy no vislumbramos cuál va a ser la salida a la huelga de hambre, que todos deseamos que no termine en la muerte de un comunero, sin embargo, lo más importante sería el enfrentar, de una vez por todas, un conflicto que se ha venido arrastrando por casi dos siglos. Me atrevo a proponer algunos pasos a seguir:

1- reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios, como parte de un Chile multiétnico y multicultural.
2- la implementación de un federalismo atenuado, que logre terminar con el brutal y discriminador centralismo, que termina por ahogar a las regiones.
3- La derogación de todas las leyes liberticidas
4- La representación de los pueblos originarios en todas las instituciones del Estado chileno
5- La declaración de Chile como un país que tiene varias lenguas oficiales y sus respectivas culturas.
6- Un plan complejo de mejoramiento de las condiciones educacionales, de salud pública, de cultivo de tierras y de conectividad para la Araucanía.

Hace pocos días volví a comprobar la precariedad en que participamos todos del debate. En una mesa se instaló uno de los tantos debates incómodos para nuestra elite. La designación de René Cortázar en la presidencia del directorio de Canal 13, siendo hasta hace sólo meses el gran promotor de una ley que, en lo trascendente, favorecía al mismo canal confesional con una concesión indefinida. Es decir, un caso de más de un funcionario público regulador que pasó a trabajar donde el regulado en cuestión de meses. Acerca de estos casos propusimos legislar un grupo de diputados hace algunos años, para evitar satanizar la función pública y resguardar mínimos estándares de transparencia agregamos la necesidad de que por ley el Estado mantenga un porcentaje del honorario del funcionario regulador durante un par de años a cambio que éste no trabaje en el sector al que reguló. Todo lo anterior fue parte de la conversación a la que hacía referencia antes. He observado un silencio casi generalizado de toda la elite intelectual, televisiva y parlamentaria. Nada nuevo dirán algunos. Es cierto nada nuevo pero no por ello algo poco escandaloso. ¿Donde está la intelectualidad libre pensante que enfrenta estos casos reñidos con mínimos éticos? Ante estos casos es que se hace urgente que juntos dibujemos una sociedad donde se pueda opinar sin miedo a la pérdida patrimonial. Ya cada entrevista que leo, cada artículo escrito, con algunas salvedades, siempre obedece a alguna agenda patrimonial. La libre expresión está garantizada en Chile, es cierto, pero que ésta tiene ciclos más o menos robustos es cierto también.

El sistema impositivo chileno es asimétrico y completamente injusto: en el fondo, quienes llevan el peso de la carga pública son los pobres, la clase media y las empresas familiares, pequeñas y medianas. El impuesto a la primera categoría, que se supone dirigido a las ganancias de las grandes empresas, constituye apenas un exiguo 17%, y el royalty minero, en la actualidad, es de un 3%, uno de los más bajos del mundo. Tanto la Concertación, como la Coalición por el Cambio han sido renuentes a enfrentar un cambio en el sistema impositivo, que hoy se hace imprescindible.

En nuestro programa presidencial planteamos una serie de cambios radicales en el sistema impositivo que permitirían financiar la necesaria revolución en el campo educacional, en la salud, en seguridad y en la vivienda, que el Chile del Bicentenario requiere. Mis contendores, Eduardo Frei y el actual presidente, Sebastián Piñera plantearon, en diferentes foros, que no era necesaria una gran reforma del sistema impositivo; según el candidato de la Coalición por el Cambio, con un solo punto más de crecimiento se podrían financiar las reformas, que el candidato creía necesarias sin recurrir a una recaudación extraordinaria, vía tributación.

El terremoto y maremoto obligó al ahora Presidente a reconsiderar su dogmática posición respecto a mantener incólume el impuesto a la primera categoría y el que grava a la gran minería, especialmente del cobre. No puedo sino aplaudir la decisión de subir ambos impuestos, pues yo lo consideré, en forma mucho más radical e integral, en mis propuestas programáticas.

Cada uno de estos cambios tributarios lleva su propia trampa – una especie de “cazabobos” que permitirá, que las grandes empresas y las multinacionales, que explotan nuestro cobre terminen tributando, en un período muy corto, dos años, lo mismo o menos que actualmente. En el fondo, lo que define el aumento al impuesto de primera categoría es su transitoriedad: el Presidente de la República termina creyendo en el mismo mito que sostenía cuando era candidato – el crecimiento de un punto del PIB hace innecesario un cambio tributario que haga pagar a las empresas más ricas y favorezca a los ciudadanos de clase media y a la pequeña y mediana empresa.

El presidente Ricardo Lagos, para conseguir la aprobación de un escuálido 3% del royalty tuvo que empeñar la palabra del gobierno y del país, respecto a un compromiso de invariabilidad tributaria, hasta el año 2017. El gobierno actual pretende conseguir un royalty opcional, en base a un compromiso, por parte del Estado chileno, de mantener la invariabilidad, ahora, hasta el año 2027.

Las materias primas, en especial el cobre, abarcan un alto porcentaje de nuestras exportaciones y, por consiguiente, del ingreso de divisas, razón por la cual me parece discutible que un gobierno y un parlamento, elegidos ambos por un período de cuatro años, tengan el poder y se atribuyan una representación que les permite enajenar el derecho soberano de la ciudadanía, para decidir una materia tan importante como enajenar por un largo período, el derecho de modificar la tributación de empresas extranjeras, que explotan materias primas no renovables. Todas las democracias modernas tienen mecanismos plebiscitarios para resolver sobre aquellas materias que inciden, esencialmente, en la vida del país – lamentablemente, en Chile no se ha enfrentado una reforma política que permita la expresión de la soberanía popular en base a métodos de democracia directa.

No sólo el cobre, sino también otros minerales y, sobretodo, la conservación de derechos de agua, debieran ser materia de consulta plebiscitaria, pues constituyen elementos estratégicos para el desarrollo de la nación chilena.

Gobiernos como el de Australia no han tenido ningún problema para imponer un impuesto a la minería, aproximadamente de un 50%; ninguna empresa minera de ese país se ha atrevido a cuestionar su derecho soberano a decidir sobre las cargas públicas, especialmente de sus recursos naturales.

Es tal la desproporción entre lo que las empresas extranjeras repatrían a su país y los miserables impuestos que el gobierno chileno recaudaría para enfrentar una catástrofe, como el terremoto y maremoto, del pasado 27 de febrero. Con un precio del cobre, en la actualidad superior a tres dólares, cualquier impuesto a la minería resulta totalmente sostenible; el 3% de royalty que actualmente se recauda es la expresión de nuestro fracaso como sociedad, y el nuevo pacto respecto del mismo que pretende llevar a cabo este gobierno con las mineras es no solo un mal negocio sino que además condena a millones de familias a la sala de espera del desarrollo.

La pobreza es un terremoto permanente, que se ha agravado por el reciente cataclismo de la zona centro-sur; una reforma tributaria debiera dirigirse, fundamentalmente, a combatirla de raíz y, para lograrlo, hay que cambiar, radicalmente y sin contemplaciones, nuestro sistema impositivo y no simular, como lo estamos viendo actualmente, con aumentos tributarios transitorios que, al fin terminan favoreciendo a las grandes empresas monopólicas y bipolícas.

“Pareciera que es pecado ocuparse de la familia: ¿Qué debiera decir, que todo el mundo fuera marica y que nadie se case?” (Sergio Díez, ex senador y actual encargado de la comisión de familia de RN). El mismo personaje, posteriormente, sostiene que “la familia transmite la tradición a nuestros hijos. Eso no sucede con la cosa homosexual. Eso no es familia, no es nada”. Además, sostiene que “las relaciones entre personas del mismo sexo son asimilables a la poligamia”. Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, fue aún más crudo que Sergio Díez, quien afirmó, en uno de los programas de Tolerancia Cero: “tendríamos luego que apoyar a los grupos que proponen relaciones anormales con los niños o a los grupos que proponen la eutanasia, por lo que he oído, hay una tremenda variedad, entiendo que hay personas que les gusta tener relaciones con animales, hay literatura sobre eso: la zoofilia”. Es cierto que Larraín pidió disculpas sobre tan brutales y discriminatorias declaraciones que, nada menos que comparaba la homosexualidad con delitos como la pedofilia.

El presidente Sebastián Piñera, concederá a los matrimonios que, heroicamente hayan completado 50 años de matrimonio, un bono de $250.000. Este es un viejo proyecto de la derecha conservadora que está desfasado de la realidad de las parejas en el Chile de hoy, donde casi la mitad son uniones llamadas “de hecho”, y hay un porcentaje de homosexuales, lesbianas y transexuales que viven en común y no existe ninguna legislación que proteja a este tipo decisiones

Más allá de la biografía de los prohombres que profieren frases tan folclóricas y de una homofobia que linda en desprecio a toda forma de unión que no sea el matrimonio patriarcal – entre un hombre y una mujer, cuya función fundamental sea la procreación- Sergio Díez, Carlos Larraín y muchos de sus seguidores conservadores expresan una concepción de las relaciones humanas que pretende sentar la base de que la homosexualidad es una anomalía o, al menos, una enfermedad. Estos nuevos inquisidores del siglo XXI pueden aceptar como un hecho que ocurre en la esfera de la privacidad, sin embargo, jamás estarán de acuerdo, por principio, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, mucho menos que parejas del mismo sexo pueden adoptar o vivir con sus hijos – como ocurriera, hace unos años, en el caso de la jueza Atala-.

Carlos Larraín, presidente de RN, plantea, con claridad y sin matices, su oposición al proyecto de ley, presentado por Andrés Allamand, sobre Acuerdo de vida en común: “es un asunto secundario”, incluso, sostiene que, so pretexto de regular legalmente las uniones de hecho, este proyecto se parece bastante al matrimonio, con el agravante de incluir a las parejas heterosexuales y homosexuales, lo cual podría ser un primer paso para los matrimonios entre personas del mismo sexo, como ocurrió recientemente en Argentina, y que se aplica en varios países del mundo.

La visión conservadora del matrimonio se ha mantenido durante los doscientos años de nuestra historia republicana: hasta las leyes laicas del presidente Domingo Santamaría, la iglesia tenía el monopolio de la institución matrimonial; famoso fue el caso del diputado Agustín Palazuelos que, al negársele el derecho de contraer el vínculo, contrajo matrimonio ante sus amigos, que actuaron como testigos. Posteriormente, la iglesia católica logró influir en los diputados católicos para que fuera imposible una ley de divorcio vincular, que sólo pudo ser aprobada recientemente.

Es cierto que la humanidad ha progresado mucho respecto a las libertades individuales en los mal llamados “temas valóricos” que, a nuestro modo de ver, constituyen problemas fundamentales de la sociedad contemporánea, sin embargo, el peso de los sectores más regresivos ideológicamente sigue gravitando en una sociedad tradicional como la chilena. Sería injusto ubicar a los reaccionarios solamente en la UDI, pues los hay también en RN y en sectores conservadores a ultranza de la Democracia Cristiana.

Cuando planteamos un proyecto sobre derechos sexuales y reproductivos, se constituyó una bancada que se autodenominaba como defensores de la vida, de carácter transversal, impidiendo todo debate sobre el tema demostrando, una vez más, su concepto totalitario sobre las relaciones sociales.

Un conjunto de diputados planteó cambiar el artículo 102, del Código Civil, redactado por don Andrés Bello en el siglo XIX, modificando dos palabras: “un contrato solemne entre dos personas por “entre un hombre y una mujer”, y se borra también la palabra procrear, manteniendo los términos de “la ayuda mutua”. Nuevamente, esos sectores ultraconservdores impidieron un cambio, que según ellos, terminaría destruyendo la familia y favoreciendo el matrimonio entre personas del mismo sexo que equivaldría a consagrar la anormalidad.

La tarea del senador Andrés Allamand, para lograr el apoyo de la derecha y des sectores de la Democracia Cristiana, parece bastante difícil, pues en su propio Partido, la mayoría eligió a Carlos Larraín como su presidente, y la mayoría de la UDI es contraria a toda legislación que esté inspirado en algún ideario liberal. Es de esperar que los sectores liberales y progresistas logren doblar la mano a los conservadores.

En nuestro programa de gobierno, en las pasadas elecciones presidenciales, propusimos un royalty de un 8%, el que podría no sólo limitarse a la minería, sino también a todos los demás recursos naturales. En esos días nadie, que no fuera Nostradamus, podía prever un terremoto. Sigo pensando que es un abuso, por parte de las empresas multinacionales que operan en Chile, el exiguo royalty de 3% que pagan en la actualidad, producto de un pacto leonino, llevado a cabo por el ex presidente Ricardo Lagos, que comprometió al Estado chileno a mantener este tributo invariable durante un período de tiempo.

Estoy en total desacuerdo respecto a cualquier compromiso del Estado con empresas multinacionales que le garanticen, durante decenios, la imposibilidad de aumentar el royalty, a lo cual me opongo tajantemente, pues atropellaría el principio fundamental de que las riquezas naturales pertenecen a los connacionales, y que ningún representante, bajo ningún pretexto, puede enajenarla.

Australia, el país sede de la empresa propietaria de La Escondida, en Chile, BHP, propone, sostiene y promueve impuestos mineros 10 veces más altos que los nuestros sin que ninguna empresa se haya atrevido a oponerse al derecho soberano del Estado, de recaudar impuestos por el deterioro o la extinción de sus materias primas.

En mi programa de gobierno, el 8% que se recaudara por concepto del royalty podría ser destinado a la revolución educacional, a la construcción de, al menos, 8 hospitales y un importante número de consultorios comunales. Si consideramos que Chile es uno de los países más ricos en algunos minerales, el 8% que propongo para los productos mineros, puede convertirse en una medida revolucionaria que no sólo sirva para reconstruir el país, sino también garantice la sustentabilidad de la igualdad en la salud, en la educación y en la vivienda. No abandono ni nos rendimos ante la necesidad de un estado mas eficiente, pero estamos convencidos que una reforma mas justa es posible.

Otro aspecto del desarrollo nacional en que podría tener incidencia un royalty del orden del 8% sería el desarrollo de una descentralización que nos lleve, a mediano plazo, a un federalismo moderado. Además del royalty, podría comenzar a plantearse la idea de exigir, en base a una ley, que un porcentaje importante de la electricidad que utilicen las empresas mineras sea en base a energías renovables no convencionales – solar, geotérmica, eólica y mareo-motriz, entre otras. Hay que aprovechar el debate sobre el royalty para visualizar una nueva forma de desarrollo de nuestras regiones mineras.

Hoy más que nunca México está lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Las relaciones entre los dos países, durante doscientos años, han sido de una permanente explotación del pueblo mexicano por parte del vecino del norte del Río Grande. El actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, triunfó en las primarias del Partido Demócrata y, posteriormente, en las elecciones presidenciales y de congresistas, primordialmente gracias al voto de los latinos que, actualmente, alcanzan a una población de considerable influencia. Se pronostica que, en pocos años, los hispanos se constituirán en la mayoría del universo poblacional de Estados Unidos.

Barack Obama, hasta ahora, ha decepcionado a los latinos posponiendo la ley de migración que prometiera en su campaña. Esta incapacidad del presidente Obama y de los legisladores demócratas ha abierto espacio a una ofensiva regresiva, fundamentalmente dirigida a los latinos, cuyos líderes principales son los gobernadores y senadores conservador Partido Republicano.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, refrendó la ley SB 1070, la cual permite arrestar y expulsar a cualquier latino, por la sola sospecha de permanecer en estado ilegal en el Estado de Arizona. Una medida tan racista, como la aprobada en este Estado, provocó la oportuna y airada respuesta de la comunidad latina y del presidente Obama y de la comunidad internacional, sin embargo, la ofensiva xenófoba no sólo persiste, sino que tiende expandirse a otros Estados, en especial en el sur de Estados Unidos.

En la frontera entre Estados Unidos y México, los guardias federales disparan, sin compasión, incluso a jóvenes y mujeres cuando se atreven, según ellos, a traspasar el “Muro de la Vergüenza”, instalado por el opaco presidente, George W. Bush. Cercano a la frontera se encuentra el pueblo de Nogales – cuyo nombre nos recuerda aquel pueblo homónimo que pertenece al distrito diez, que representé en la Cámara de Diputados- que, según relata un periodista de BBC, vive aterrado por la verdadera caza de brujas que promueven fanáticos anglosajones, no muy distinto a las famosas “Brujas de Salem”.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno del PAN, presidido por Felipe Calderón? Hasta el momento, se ha limitado a reclamar tibiamente a su socio en el ALCA por los permanentes abusos, detenciones ilegítimas que practica la policía fronteriza norteamericana. Por lo demás, el gobierno conservador mexicano está demostrando una notoria incapacidad para combatir el narcotráfico que, por ejemplo, en Ciudad Juárez, ha logrado superar el poder coercitivo del Estado. El México dirigido por el PAN se está pareciendo, cada día más, a Colombia – otrora dominada por los carteles de Medellín y Cali, especialmente-. México no está lejos de ser tipificado como un Estado fallido y, lo más posible, que los dos sexenios de la derecha, terminen devolviendo el poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El racismo norteamericano no sólo acosa a la comunidad mexicana, sino que también se ha ensañado con los demás hispanos, cuya respuesta a estos atropellos hasta ahora ha sido mucho más débil que aquella que liderara Martin Luther King, respecto a la comunidad afroamericana, en los años 60.

Faltan pocos meses para sea elegida la totalidad de la Cámara de Representantes y un porcentaje del Senado. Es el momento de exigir al presidente Barack Obama y a su Partido, el Demócrata, el cumplimiento inmediato de su promesa electoral respecto a una justa ley de inmigración.

En el mundo globalizado, ningún político democrático puede sentirse marginado de la justa lucha de la comunidad latina respecto a sus derechos ciudadanos y, sobretodo, del combate contra el racismo y la persecución indigna, que nos recuerda la obra anti-utópica, El Mundo Feliz, de Aldous Huxley.

Uno de los aspectos menos conocidos del sistema universitario heredado del régimen anterior es la gran diversidad de subsidios, directos e indirectos, otorgado por el Estado chileno a las universidades privadas. Se trata de un sistema de subsidios que favorece, especialmente, a las universidades privadas más elitistas, confesionales y comercializadas. Los fondos que se niegan a las universidades públicas son generosamente entregados, sin control alguno, a las universidades privadas. Entiendo por universidad la que cumpla con simples servicios educacionales, omitiendo la definición compleja de universidad que asegure el imperativo de extensión e investigación académica. Los subsidios a las universidades privadas no forman parte del programa político neoliberal -que sólo en condiciones excepcionales y circunstanciales-, acepta que el Estado subsidie las empresas privadas, pues esto es contrario al principio de la competencia. Estos subsidios fueron creados por la dictadura y ampliados en las post-dictadura, como parte de lo que se puede llamar un “capitalismo subsidiado” en Chile.

En un resumen simple los principales subsidios son: el aporte directo que el Estado entrega a las universidades privadas tradicionales que tienen carácter confesional (PUC y otras), y otras privadas sin fines de lucro como la Universidad Austral y otras; el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que el Estado entrega a las universidades privadas por cada alumno que se matricula en ellas, cuyo puntaje de la PSU se encuentre entre los mejores del país; las donaciones que realizan las empresas privadas a las universidades privadas, las cuales se descuentan de los impuestos que deberían pagar dichas empresas. Es decir, todos los chilenos debemos contribuir al financiamiento de las más caras, elitistas y confesionales universidades privadas y por último los fondos concedidos a proyectos concursables dedicados al desarrollo académico de las universidades privadas.

En conclusión, no hay razones para que un Estado -que además se declara laico-, siga favoreciendo el desarrollo, crecimiento y aumento de ganancia de universidades privadas. Estos generosos subsidios podrían destinarse a las universidades públicas, que mediante nuevas becas, podrían favorecer a los alumnos de los sectores sociales más postergados y de menor ingreso. Actualmente, las universidades públicas sólo reciben del Estado menos del 15 % de su presupuesto. Subsisten vendiendo matrículas y servicios, y sacrifican las remuneraciones de sus profesores y personal, sus investigaciones, bibliotecas y laboratorios. Pese a esto, la Universidad de Chile, por la calidad y cantidad de sus investigaciones, publicaciones y de sus profesores es la mejor del país, y la décima de América Latina.

Tal vez el mayor tipo de subsidio a las universidades privadas -que al parecer nunca se ha calculado-, consista en mantener la ficción legal de que son corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Eso significa que están exentas de impuestos a la venta de sus servicios educativos y a sus utilidades. Pero, todos sabemos que la mayor parte de ellas son empresas de alto nivel de rentabibilidad, tan alto que los reinvierten en la creación de cientos de escuelas que imparten carreras de escasa o muy baja calidad académica, cuyos egresados tienen muy limitadas o nulas posibilidades de conseguir trabajo. Esta sobreproducción de profesionales -se dice que hay veinte mil periodistas titulados-, no constituye ningún aporte al desarrollo profesional y económico del país-, sino un empobrecimiento de las familias y egresados condenados a pagar deudas que duran décadas. Un diario capitalino ha propuesto sincerar este sistema convirtiéndolas en sociedades anónimas. Es una propuesta razonable así tendrían que pagar al Estado mediante el IVA, y otros impuestos una parte de sus considerables ganancias, como lo hacen las otras empresas.

Por último sería injusto negar el aporte de las universidades privadas en el ingreso de un alto porcentaje de alumnos al sistema de educación superior; entre estas universidades hay enormes diferencias: algunas de ellas son marcadamente elitistas, otras sirven a un determinado proyecto ideológico o confesional y no faltan aquellas que se crearon para prestar un importante servicio a sectores más desprotegidos de nuestra sociedad (algunas universidades privadas son la única posibilidad de acceso a sectores de estudiantes provenientes de las escuelas municipales que por su bajo puntaje serian rechazados en aquellas pertenecientes al consejo de rectores) Las universidades privadas son la mayoría de la instituciones de educación superior – incluso podría decir, sin temor a equivocarme, que las llamadas universidades públicas, en la actualidad, son casi privadas, pues el aporte del Estado sólo alcanza al 15% del presupuesto universitario, según el rector de la Universidad de Chile- es innegable que, a pesar de sus deficiencias a causa de un sistema educacional inspirado en el mercado sin regulaciones, prestan, algunas de ellas, un aporte importante al desarrollo de nuestra educación superior.

La propuesta del gobierno con respecto a la inscripción automática y el voto voluntario es expresión de un anhelo nacional para depurar y ennoblecer la política y ampliar la participación popular en los procesos electorales. Es evidente que de haber sido promulgada esta reforma antes de las últimas elecciones presidenciales su resultado hubiera sido muy distinto: es probable que si el padrón electoral hubiera aumentado de ocho millones a cerca de doce millones de electores, la fuerza política que representé en la primera vuelta de 2009 hubiera pasado, sin duda, a la segunda vuelta y, por qué no, triunfado contra el bipolio, representado por los conservadores de izquierda y de derecha. La mayoría de jóvenes, durante los últimos veinte años, han sido marginados de los procesos políticos por una casta, ya caduca, que quiere conservar el poder a toda costa.

Es cierto que el la inscripción automática y el voto voluntario representan un gran avance respecto a un sistema político que ya mostraba síntomas de grave deterioro de las instituciones democráticas, sin embargo, la reforma propuesta por el presidente de la república tiene varias limitantes cuando se refiere al voto de los chilenos en el extranjero: exige una vaga conexión con el país, lo cual constituye una discriminación, que atropellaría la igualdad ante la ley, asegurada en la Constitución; por otro lado, el solo hecho de sufragar sería una prueba contundente de compromiso y lazos indisolubles con la sociedad chilena. En la mayoría de los países del mundo los ciudadanos residentes en el extranjero tienen derecho a ser partícipes en la elección de las autoridades.

En mi programa de gobierno, propuesto a la ciudadanía en las elecciones pasadas, planteé una serie de reformas políticas que conducirían a una democracia de amplia participación popular: junto la inscripción automática, el voto voluntario y el sufragio chileno en el extranjero, sin ninguna limitante proponía, derechamente, cambiar el régimen político monárquico presidencial por un sistema semiparlamentario, con un presidente de la república y un primer ministro, que respondiera políticamente ante una asamblea unicameral. Mi programa incluía, también, elementos de democracia directa, que existen en todos los sistemas políticos avanzados para resolver la marcha del país, por medio de plebiscitos nacionales, regionales y comunales, así como la elección directa de intendentes y consejeros regionales. Todos los cargos de representación popular podían ser revocados por los ciudadanos.

Un aspecto muy central de mi programa consistía en, lo que yo llamo, el federalismo atenuado, es decir, una participación fundamental de las regiones en la construcción de la sociedad democrática chilena, dando poderes en lo económico, político y social a intendentes, consejeros regionales, alcaldes y concejales, y el fortalecimiento de una amplia red de organizaciones de la sociedad civil. El último terremoto y tsunami demostró que la centralización de poderes es completamente incapaz, no sólo para enfrentar la emergencia, sino que, lo más grave, su inopia para reconstruir ciudades y regiones.

Hay consenso nacional en el sentido de que el sistema chileno de partidos políticos, surgidos en la guerra fría o el clivage entre autoritarismo y democracia, está completamente obsoleto: se han alejado de los ciudadanos, transformándose en “club de amigos”, “grupos parasitarios del poder” y, lo que es peor, en agencias de empleos para los incondicionales, que se reparten el Estado, como si fuera el Manto Sagrado.

El proyecto presentado por el gobierno incluye primarias, pero sólo serán voluntarias, pudiendo ser limitadas al solo padrón electoral de los partidos políticos, lo que serviría para simular una participación democrática. Propongo que todos los cargos que emanen de la soberanía popular sean elegidos en primarias abiertas y controladas por el Servicio Electoral, así como una nueva ley de partidos políticos, que garanticen su transparencia y aseguren la democracia interna.

Como la mayoría de las propuestas del gobierno actual, muchas de ellas, espero, bien intencionadas, se quedan en la mitad de camino; es necesario – y formó parte de mi programa de gobierno – el aumento de impuesto a la ganancia de las empresas, un royalty que, al menos, se acercara al de otros países propietarios de materias primas – considérese que, en la actualidad, el gobierno de Australia quiere cobrar a la minería el 50% por este concepto; este es el mismo país de la empresa que explota La Escondida – mi programa proponía un 8%. Como la idea de aumentar los impuestos es una verdadera herejía para los neoliberales, el programa de Sebastián Piñera limita, en el tiempo, las imposiciones a la ganancia de las empresas que, al final, terminan casi en el mismo 17% a lo largo de tres años.

Estas reformas con gusto a poco deben ser aprovechadas para animar un debate profundo sobre la calidad de la democracia y la inequidad en el reparto de las cargas públicas.

Una de las características centrales del Chile actual es la discriminación: escuelas para pobres, hospitales públicos, verdaderos tanatorios – y una salud privada, cuyos costos son sólo abordables para personas jóvenes, hombres, y que gozan de muy buena salud -. Si se es mujer en edad fértil, adulto mayor o personas con enfermedades preexistentes, tendrá que pagar un 117% más que los jóvenes en su plan de salud, quienes pagan 20 UF, mientras en las mujeres de su misma edad esta suma asciende a $140 UF; la diferencia es aún mayor si se trata de los adultos mayores o de aquellas personas que tengan enfermedades preexistentes.

Durante este mes de julio, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse respecto a la legalidad del artículo 38 Ter de la Ley 18.930 – la Ley de Isapres-. Dicho artículo es completamente contradictorio con el artículo 19, No.9, de la Constitución Política del Estado que “garantiza a todos los ciudadanos la no discriminación, la igualdad ante la ley y el derecho a la salud”. En el artículo 38 las Isapres pueden utilizar, libremente, una tabla de riesgo que les permite discriminar en los precios a cobrar a los clientes, por ejemplo, a los jóvenes varones, de treinta a treinta y cinco años se les cobra $42.000, mientras que a las mujeres se les, en la tabla, el factor 3,3, lo cual equivale a un precio de $138.600; a los mayores de sesenta años, el factor 4,7, es decir, $200.000; los factores de riesgo que se aplican a los cotizantes son múltiples y quedan al arbitrio de este verdadero oligopolio que son las Isapres.

Tan indignante es este “apartheid” a la chilena que sólo en los meses transcurridos de este año se han presentado 153 requerimientos, por parte de personas naturales, alegando la inconstitucionalidad del artículo 38 Ter, de la Ley de Isapres; el Tribunal ha acogido la mayoría de estas presentaciones, lo que hace prever una alta posibilidad de que esta Institución, creada en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, declare inconstitucional el mencionado artículo.

La Asociación de Isapres ha anunciado un aumento substancial de las cotizaciones previendo el fallo del Tribunal. Como siempre, los oligopolios amenazan a los ciudadanos y a las Instituciones con las penas del infierno si se atreven a poner en cuestión sus reiterados abusos y, en este caso, el atropello a la Constitución que garantiza a las personas a una salud digna.

Un estudio realizado en 2009, respecto a una cohorte de 1998, prueba que en el año 2007 sólo quedaba el 47% de los adultos mayores como clientes de las Isapres. En el fondo, la discriminación envía a los adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y mujeres en edad fértil a FONASA, donde tendrán que soportar el colapso del sistema hospitalario, que se radicaliza durante los meses de invierno- sólo el 3% ó el 4% de los adultos mayores cotiza en el sistema privado de salud, así, el sistema público debe prestar servicios a más del 80% de la población chilena y 96 por ciento en el caso de adultos mayores

Chile es pionero en el abuso de las instituciones privadas de salud, respecto de las personas: a pesar de que los cobros se hacen en UF- garantizándoles el alza del costo de la vida – cada año sube en distintos porcentajes el precio de sus prestaciones, sin dar ninguna justificación a los usuarios respecto a estas injustas y prepotentes prácticas. Es de esperar que el fallo del Tribunal Constitucional, único organismo del Estado que no tiene que rendir cuentas a nadie, en este caso restablezca el imperio del artículo 19, No.9 de la Constitución Política del Estado, que garantiza una salud digna de seres humanos para todos los ciudadanos. Es muy triste constatar que, al igual que en el Centenario, en el Chile de hoy la segregación continúa como un monstruoso lunar que nos humilla y avergüenza