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Patricia Morales Directora Ejecutiva de Progresa
Chile no cuenta con un sistema de Seguridad Social. A más de treinta años de la implementación de las AFP, es posible observar cómo este sistema ha fracasado y cómo miles de trabajadores tienen como única opción el Pilar Solidario y/o el Aporte Previsional Solidario, ambos instrumentos que se crearon para compensar las deficiencias del sistema actual.

En 2014, la Presidenta Bachelet convocó a 24 expertos a participar en la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, para analizar el sistema previsional y realizar propuestas de mejora.

La Comisión realizó tres propuestas. La Propuesta A propone fortalecer el Pilar Solidario, sin modificar de manera estructural las AFP. La Propuesta B incorpora un componente de reparto. La Propuesta C propone transitar hacia un sistema de reparto integral.

A pesar de la presión existente, la mitad de la Comisión votó por modificar estructuralmente el actual sistema previsional de AFP. Por su parte, el Ejecutivo decidió convocar a un Comité de Ministros para evaluar las conclusiones y determinar el camino a seguir. No está claro que exista determinación política para al menos transitar hacia un sistema mixto. Pero lo cierto es que el actual sistema previsional es insostenible. Dejó de ser un tema técnico y dependerá de la convicción del gobierno de turno el poner fin a un experimento diseñado en dictadura y que pesa sobre los chilenos, para desarrollar un sistema previsional con un pilar contributivo que incorpore elementos de solidaridad intergeneracional.

Fuente: Carta al Director de la Tercera

PatriciaMorales, Presidenta del partido Progresisita
Pocos habrían anticipado la crisis de confianza entre representantes y representados que vive nuestro país. Nadie hubiese imaginado las vicisitudes del proyecto político que encarna la Nueva Mayoría, así como tampoco la perversidad de la relación entre dinero y política en la derecha.

En el marasmo de los ataques intestinos al interior de estas dos coaliciones, cambios de gabinete múltiples y falta de rumbo de la derecha, se instala una sensación desagradable y persistente: la ausencia de conducción, asociada a la deslegitimidad de nuestro sistema político y parte no menor de los agentes económicos.

Pero vamos por partes. La ausencia de legitimidad social entre los políticos y los chilenos no es nueva. El final de la Concertación en 2009 no fue la expresión de la victoria de las ideas de derecha, sino del rechazo ciudadano a un modelo que abusó de la lógica de la “medida de lo posible”. Modelo que bajo el manto de la superioridad moral que entregaba el haber luchado contra la dictadura, terminó gobernando en los márgenes de un pacto político estrecho, acordado con una derecha conservadora dueña de un discurso difícil de encontrar en países desarrollados. El modelo político en el cual vivimos por 20 años, que extendió la lógica de la guerra fría a más no poder, terminó sacudido por el movimiento estudiantil del 2006, la candidatura de Marco Enríquez-Ominami el 2009 y el estallido social del 2011. Lo que era sentido común en 1991, dejó de serlo en 2011.

Nadie discute lo difícil que puede ser que los actores políticos, económicos y sociales de los últimos 25 años -que hasta ahora han gobernado desde sus espacios de poder respectivos-, asuman la necesidad de reconstruir el pacto social que Chile requiere, con la entrada de nuevos actores, y mayor transparencia y democracia. Pero por lo mismo resulta a estas alturas irresponsable que el gobierno regrese a una línea discursiva más propia de la Concertación y el pacto político que la guiaba, en vez de hacerse cargo del Chile de hoy, con sus fortalezas y debilidades. Los problemas de legitimidad y debilidad institucional se resuelven con más democracia, no con menos. Los problemas de incertidumbre económica también pasan por resolver el dilema constitucional. ¿O alguien cree que un arreglo constitucional, cocinado entre cuatro paredes, similar al impulsado por Ricardo Lagos, gozará de alguna legitimidad social y reducirá los niveles de incertidumbre de los inversionistas?

Es hora de la conducción política. La reactivación económica requiere no sólo de un plan de inversión contracíclico por parte del Estado, sino también hacerse cargo de la crisis de legitimidad de la política. El plebiscito es de los pocos mecanismos que permiten definir cómo redactar una nueva Constitución de manera legítima y participativa. Los conservadores -sean de la Alianza o de la Nueva Mayoría- se equivocan al sugerir que el debate constitucional imposibilita la anhelada reactivación económica. Se trata de un discurso construido desde el miedo, en circunstancia que lo que hoy se debate es el futuro de Chile, desde cómo mejorar nuestros niveles de competitividad, garantizar una economía sustentable, a definir el rol del Estado en salud, educación y sistema previsional. El llamado es a pensar un Nuevo Chile, no desde el miedo, sino desde la conducción, con esperanza, convicción y responsabilidad. 

Señor director:

Quisiera comentar la columna de Sebastián Iglesias Sichel, director de Fuerza Pública, plataforma creada por Andrés Velasco después de perder las primarias de la Nueva Mayoría (NM). En ella interpreta las conversaciones entre miembros de la NM y el Partido Progresista (PRO) de Marco Enríquez- Ominami de forma distorsionada y con cierta virulencia.

Ni el PRO ni Marco Enríquez- Ominami han manifestado intención de incorporarse a la NM. En cambio, Ignacio Walker ha expresado su veto incluso a dialogar con el PRO. Quizás, sectores de la DC y Andrés Velasco olviden que la Concertación dejó de existir el día que se fundó la Nueva Mayoría, incorporando al Partido Comunista. Quizás lo anterior explique que hoy actúen como oposición a Bachelet y se opongan a la asamblea constituyente, reforma educacional y tributaria, todas causas que defendemos los progresistas.

Más allá del nerviosismo mostrado por estos sectores, que tal vez responda al progresivo crecimiento de la figura de Enríquez- Ominami en las encuestas, los progresistas creemos que es hora de pensar Chile. ¿Cómo lograr ser una sociedad moderna y competitiva, pero a la vez libre, justa e igualitaria? Son parte de los desafíos a resolver entre todos.

Creemos en la necesidad de construir una gran mayoría ciudadana progresista, capaz de liderar los cambios sobre la base del diálogo y respeto y no transformando minorías en mayorías. Y sí, estamos disponibles para dialogar con todos quienes se sientan convocados por una visión país moderna y progresista, estén fuera o dentro de la Nueva Mayoría. Sin vetos. Patricia Morales

Presidenta Partido Progresista

Lo que parecían circunstancias inherente al modelo de desarrollo de nuestro país, entiéndase por ello lucrar en educación y en salud con fondos públicos, contar con un sistema previsional que garantiza una pensión promedio inferior al sueldo mínimo, no contar ni siquiera con un laboratorio nacional de medicamento que pueda garantizar accesibilidad a bienes de primera necesidad, por ejemplo, se transformó en la cara más cruel de un sistema que dejó hace tiempo de generar consenso.

Hoy más que nunca el desafío es hacer de Chile un país no solo más justo, libre igualitario, sino también un país moderno y competitivo. Lo anterior requiere de reformas de fondos en al menos cinco ámbitos fundamentales: 1) Educación, 2) Salud, 3) Sistema previsional), 4) Vivienda y 5) Desarrollo Productivo.

Si bien el camino a la reforma en educación parece aún largo, lo cierto es que la mayoría de la ciudadanía se pronunció a favor de una educación pública, gratuita y de calidad, a favor del fin del copago y la selección en las escuelas particulares subvencionadas. Sin embargo, una reforma en educación requiere de al menos unos 6.000 millones de dólares.

Por lo tanto, todo indica que la reforma tributaria planteada por el gobierno, de 8.200 millones de USD, al margen de la discusión sobre los instrumentos utilizados, es insuficiente para cubrir las cinco reformas sugeridas anteriormente. Los progresistas planteamos una reforma de 13.200 millones de USD, capaz de financiar las brechas que Chile requiere para dar un paso decidido hacia la modernidad.

No cabe duda que no lograremos ser un país con reducidos niveles de desigualdad mientras no se piense una reforma de fondo en salud, que estimamos debiese costar al menos unos 2.000 millones de USD. Chile también requiere de un sistema previsional mixto, que combine un sistema de reparto con seguros adicionales, lo cual podría significar otros 2.000 millones de dólares, además de mejorar las política en vivienda, lo cual requiere de al menos unos 600 millones de USD adicionales.

Pero ciertamente que cada una de estas reformas requiere simultáneamente, de una Nueva Política Nacional de Innovación y Competitividad. Soy un convencido de que no puede garantizarse paz social si no se garantiza crecimiento con igualdad. Pero tampoco recuperaremos la senda del crecimiento sin una política de innovación y desarrollo científico y tecnológico. Por ello, los progresistas planteamos la necesidad de una reforma en este ámbito que bordearía los 2.600 millones de USD.

La pregunta sobre porqué la reforma busca recaudar 8.200 millones de dólares y no más o menos sigue siendo de actualidad, tanto o más cómo el debate sobre los instrumentos para recaudar.

Es evidente que el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) requiere de reformas urgentes, tendientes mejorar el nivel de las pensiones y asegurar una vejez digna a cada profesional. Entre ellas destaca la necesidad de regular y limitar los costos de administración de las AFP, de manera de que estos tengan relación de equidad con los servicios efectivamente prestados.

La emergencia de una nueva crisis social aparece, esta vez, orientada a uno de los pilares del modelo chileno: el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ellas forman parte de una de las principales reformas económicas implementadas durante el Gobierno Militar, a fines de los años ochenta, siendo sus principales creadores José Piñera y Miguel Kast.

Al instaurar el sistema, los nuevos afiliados se vieron obligados a ingresar a él, pudiendo continuar en el sistema anterior únicamente aquellos trabajadores con 18 años o más de imposiciones, además de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, que sí conservaron su sistema previsional.

Las AFP funcionan en base a planes individuales de ahorro obligatorio, de carácter privado (10% de la renta imponible del trabajador, con un tope de 66 UF). Este sistema considera que la expansión de la inversión financiera permite garantizar la acumulación de capital privado suficiente para asegurar la supervivencia del sistema de capitalización individual.

En su momento, entre los argumentos esgrimidos para modificar el sistema de pensión, se mencionó la necesidad de reducir el gasto público en materia previsional y la necesidad de mejorar el acceso a financiamiento, además de la promesa de garantizar pensiones equivalentes al 70% de las últimas remuneraciones imponibles. Sin embargo, el Estado subsidia, con toda razón, a aquellos trabajadores que no acumulan el fondo mínimo suficiente para pensionarse, al mismo tiempo que las AFP pueden invertir hasta el 80% de sus fondos en instrumentos financieros internacionales, con todos los riesgos que eso conlleva. Ni hablar de las pensiones que representan, en promedio, solo el 25% de los últimos ingresos percibidos por los trabajadores, cifra muy lejana a la prometida.

Pero uno de los aspectos más cuestionado de las AFP dice relación con las comisiones que se cobran por concepto de costo de administración. Ellas suelen ser presentadas de manera engañosa como un porcentaje del ingreso total imponible, en vez de transparentar lo que realmente representan respecto de la cotización obligatoria. En otras palabras, cuánto deja cada afiliado de cotizar, y por lo tanto de acumular en su cuenta, debido al pago de estas comisiones.

Tal como lo señala el estudio de Fundación Progresa, las comisiones cobradas por las AFP representan hoy entre el 14% y el 23% de las cotizaciones obligatorias de cada afiliado, dependiendo de la AFP considerada. Lamentablemente los afiliados no tienen muchos elementos para dimensionar el impacto real de los cobros efectuados por concepto de administración. Estas cifras son particularmente escandalosas considerando que estos costos responden a gastos asociados a publicidad y comercialización. Por otra parte, es el afiliado quien asume el riesgo de la inversión realizada por la AFP, independientemente del cobro efectuado por la administración de sus fondos. Por lo tanto, no existe sanción alguna frente a una mala gestión, excepto cambiar de administradora y asumir la pérdida.

Es evidente que el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) requiere de reformas urgentes, tendientes mejorar el nivel de las pensiones y asegurar una vejez digna a cada profesional. Entre ellas destaca la necesidad de regular y limitar los costos de administración de las AFP, de manera de que estos tengan relación de equidad con los servicios efectivamente prestados. Por otra parte, resulta impresentable que las AFP no asuman el riesgo financiero de una mala gestión de los fondos de sus afiliados. Por ello, se debe evaluar la posibilidad de que parte de sus utilidades se redistribuyan entre los afiliados en caso de mala gestión.

Las pensiones constituyen, junto a la salud y la educación, derechos fundamentales que afectan directamente el nivel y calidad de vida de los ciudadanos. En un contexto de fuertes demandas sociales, el Gobierno y los Parlamentarios deben cuanto antes trabajar en una reforma que apunte a garantizar pensiones justas y dignas, sin esperar que este problema emerja como una nueva crisis social.

Fuente: ElMostrador.cl

En octubre 2008, el Gobierno de Michelle Bachelet introduzco un Proyecto del Ley tendiente a desarrollar e implementar la Televisión Digital Terrestre (TDT) en nuestro país. Aprobado en abril pasado, el Proyecto inició su proceso de tramitación en el Senado, lo cual supone discutir las más de 500 indicaciones formuladas durante su tramitación en la Cámara de Diputados.

Lamentablemente, la denominada Ley de Televisión Digital no ha sido objeto de una discusión integral, incluyente e informada, en la cual se analice el rol de la televisión pública en la construcción y difusión de nuestra identidad nacional. Lo anterior resulta particularmente grave considerando las demandas sociales y ciudadanas, expresadas a lo largo de este año, que reflejan la necesidad imperiosas de mejorar los niveles de participación ciudadana en las decisiones de este tipo, al mismo tiempo que la creciente y sostenida demanda por un Estado garante de derechos básicos como la Educación pero también el derecho a la información y libertad de expresión.

El elemento fundamental de la Televisión Digital no dice relación con los aspectos técnicos y visuales de esta plataforma, sino con el crecimiento del ancho de banda, el cual debiese permitir la incorporación de nuevos actores en un mercado que se caracteriza por elevados niveles de concentración. En efecto, el tránsito entre la Televisión Analógica y la Televisión Digital Terrestre constituye una oportunidad única para ampliar y mejorar la oferta programática televisiva en Chile.

Siendo el espectro radioeléctrico un bien público limitado, es responsabilidad del Estado fomentar el desarrollo de canales alternativos, educativos, innovadores, comunitarios, regionales, universitarios y municipales, de manera de reducir la desigualdad de acceso a la información junto con fomentar la libertad de expresión.

Sin embargo, el Proyecto de Ley refleja, una vez más, la ausencia de regulación del Estado en un ámbito fundamental para garantizar el buen funcionamiento de nuestra democracia. El Estado debiese velar por el desarrollo de medios televisivos regionales, que den cuenta de las diversas realidades locales, fomentando de paso el desarrollo económico y social de cada región. No cabe duda que la profunda centralización del mercado televisivo chileno significa, entre otros, que la realidad nacional se construye sobre la base de una imagen país que refleja mayoritariamente la problemática de la Región Metropolitana. Lo anterior no hace más que reforzar el centralismo y la percepción según la cual la capital concentra gran parte de las oportunidades y capacidades económicas del país, junto con sus expresiones culturales.

El mercado televisivo no es un mercado cualquiera. En el se construyen realidades muchas veces sesgadas que responden a intereses políticos, económicos y sociales definidos. No fue un accidente que durante los momentos más álgidos del denominado “conflicto” estudiantil, los principales canales televisivos hayan iniciado sus noticieros centrales, de manera sistemática, con el relato de los desmanes producidos por una minoría violenta y ciertamente preocupante, pero que en ningún caso reflejaba el fondo del debate, esto es el rol que debiese cumplir el Estado en materia de Educación, entiéndase por ello garantizar su acceso, calidad y equidad.

Una vez más, todo indica que la discusión de fondo está siendo obviada, centrándose en consideraciones de índole tecnológicas que favorecen el mercado electrónico y los clásicos operadores nacionales.

Entre los elementos preocupantes del Proyecto de Ley en tramitación destaca el hecho de que este no considera la existencia de un servicio público de transmisión de señales, es decir un transportador que permita el arriendo de espacios tanto a los actuales operadores como a nuevos concesionarios privados. De esta forma, el acceso a señales por parte de canales alternativos, regionales u otros, que no tengan el capital necesario para instalar redes de transmisión, dependerá de los conglomerados deseosos de controlar la competencias y los canales “más pequeños”, perdiendo estos últimos parte de su autonomía a la hora de definir su oferta televisiva.

Por otra parte, la promesa de reservar el 40% del espectro radioeléctrico a la transmisión de televisión educativa, cultural, regional y comunitaria, se ve amenazada puesto que el proyecto permite que el CNTV reduzca esta reserva a un 30%. Peor aún, este 40% se aplicará al espectro radioeléctrico restante, una vez finalizada la migración de los actuales operadores a la TDT, por lo que no existe claridad sobre su tamaño real, ya que el Gobierno no ha transparentado el tamaño del ancho de banda.

En ese contexto, el rol de los Parlamentarios, particularmente los de la oposición, en la tramitación de la Ley de TV Digital, es fundamental ya que en esta se juega el rol del Estado en cuanto a fomentar y garantizar la proliferación de canales innovadores, alternativos, regionales, comunitarios y otros, que den cuenta de la diversidad geográfica, económica, cultura, etaria y social de nuestro país.

En ese sentido, resultaría inaceptable que, siguiendo el ejemplo de la Ley de Presupuesto, los parlamentarios de la oposición se abstengan de votar renunciando a la responsabilidad que les compete, en este caso defender la posibilidad de un mercado televisivo más democrático y representativo de nuestra sociedad.

La empresa Adimark-GDF presentó el informe mensual de la encuesta “Evaluación Gestión de Gobierno”, para el mes de octubre 2011.

Desde una perspectiva institucional, los resultados relativos a la aprobación y desaprobación de las coaliciones políticas son cada vez más inquietantes, aunque no menos esperables. De esta forma, el 35% de los encuestados declara no sentirse identificado ni con el Gobierno ni con la Concertación. Esta cifra da cuenta de la sostenida desaprobación que han experimentado las clásicas coaliciones políticas, desde hace doce meses, cuando el 23% de los encuestados declaraba, en ese entonces, no sentirse identificado ni con el Gobierno ni con la denominada Oposición.

El escenario más dramático lo vive la Concertación, quien ha visto, entre octubre 2010 y octubre 2011, aumentar su nivel de desaprobación de 52% a 73%. Su nivel de aprobación, en tanto, ha bajado sostenidamente en estos doce últimos meses, pasando de 32% a 14%.

Llama la atención que estas cifras y tendencias, admitamos surrealista, no constituyan un estimulo suficiente para que los líderes de la Concertación inicien, como mínimo, un análisis riguroso tendiente a identificar la desafección de lo que se denominó en su minuto “mundo concertacionista”, a estas alturas inexistente. Llama también la atención que los líderes de la Concertación, unos más que otros, renieguen sistemáticamente del aquellos ciudadanos progresistas que, desencantados del carácter instrumental de esta coalición, se alejaron progresivamente y definitivamente de ella.

No se entiende que los presidentes de lo partidos de la Concertación no hayan sido capaces de iniciar, junto a todos los actores de la oposición, la reconstrucción de un espacio político nuevo, basado en ideas y propuestas, por sobre pactos instrumentales. Por el contrario, pareciera ser que prevalece el inmovilismo absoluto, el cual se sostiene en una esperanza, casi religiosa, de que tarde o temprano llegará la candidata esperada a salvarlos del descredito.

Y me pregunto: donde están las convicciones, el ímpetu y la indignación? Acaso alguien puede creer que una carta presidencial popular en las encuestas es suficiente a la hora de gobernar? Ciertamente no lo es y este tipo de estrategia resulta a lo menos irresponsable en un país que requiere más que nunca de mayor representatividad y participación.

Por otra parte, la encuesta presenta una serie de resultados asociados al denominado “Conflicto Estudiantil”, expresión que per se intenciona cualquier respuesta.

Al respecto, constituye un éxito que el 67% de los encuestados declare aprobar las demandas de los estudiantes universitarios y segundarios, a pesar del desgaste del movimiento y sobretodo, el esfuerzo sistemático del Gobierno por asociar este movimiento a grupos ultra, violencia y desmanes. No es entonces de extrañar que el 57% de los encuestados desapruebe “la forma cómo los estudiantes han llevado a cabo sus movilizaciones y manifestaciones en las últimas semanas”.