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Marco Enríquez-Ominami
Patricia Morales Errázuriz
A través de la presente carta pública, junto con agradecer a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), las reuniones sostenida entre el equipo negociador del TPP y representantes de los equipos programáticos de Fundación Progresa y el Partido Progresista de Chile (área salud, medio ambiente y cambio climático), quisiéramos dejar constancia de algunos comentarios y dudas expresados durante las reuniones sostenidas y que estimamos, pueden perjudicar seriamente los intereses de Chile.

Lo hacemos esperando que estos elementos puedan ser considerados en la discusión posterior al cierre de las negociaciones, ya sea en el Congreso o entre ministerios.

1. Creemos que es necesario reflexionar sobre la posibilidad de establecer un sistema de negociaciones en el cual Cancillería negocie una vez que el Congreso hay aprobado, de manera trasparente y conforme a sus atribuciones, los márgenes de esta negociación. Esto mejoraría sin duda los estándares de transparencia y participación ciudadana, a la hora de definir la pertinencia de ingresar a un proceso negociador como el TPP y bajo qué condiciones.

2. Quisiéramos saber si existe algún estudio formal de costo-beneficio, sectorial, sobre el TPP. En otras palabras, cuáles fueron los insumos y argumentos para ser parte de esta negociación, considerando que Chile posee un tratado bilateral con cada uno de los países que forma parte de esta negociación.

3. En materia medioambiental, resulta particularmente preocupante el mecanismo de resolución de conflictos previsto, por ejemplo, en caso de diferencia entre una empresa perteneciente a un país miembro del TPP y el Estado chileno. En tal caso, de existir una resolución por parte de la corte nacional contra una corporación transnacional, esta última podría solicitar la constitución de un nuevo Tribunal, compuesto por tres juristas contratados, y cuya decisión debiese ser reconocida por sobre la del país. En otras palabras, considerando el patrimonio ambiental de Chile y la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental, existe el riesgo de que este mecanismo no solo termine reduciendo nuestra soberanía, sino también debilitando aún más nuestro patrimonio natural, cuyo valor económico, social, ambiental no ha sido debidamente calculado en Chile.

4. El TPP se negocia en un momento político particular en Chile, pues se está debatiendo sobre el rol del Estado en industrias fundamentales vinculadas a recursos naturales básicos o mineros. En ese contexto, sería imprudente comprometer una política pública que sea contradictoria con, por ejemplo, una futura decisión de nacionalizar algún recurso natural.

5. Quisiéramos preguntar formalmente si el TPP tiene un inciso que prohíbe cualquier mención al Cambio Climático en las negociaciones y acuerdos finales. De ser, consideramos que el Estado debiese aclarar las razones por las cuales se aceptaron estas condiciones puesto que el cambio climático dominará la agenda internacional en los próximos años.

6. Finalmente, quisiéramos saber cuáles son las 600 empresas que participaron de la redacción y reuniones de éste tratado.

De antemano agradecemos la buena acogida de esta carta.

Saludos cordiales.

Marco Enríquez-Ominami (Presidente Fundación Progresa)

Patricia Morales (Presidenta Partido Progresista)

Jorge Vergara (Coordinador Programa Medio Ambiente Fundación Progresa)

Oriele Nuñez (Médico, Programa salud Fundación Progresa)

Marco Enríquez-Ominami:
Codelco ha venido anunciando una política de contención de costos, acorde a las nuevas condiciones del mercado: congelamiento de sueldos, reducción de personal, postergación de inversiones que no afecten el desarrollo de largo plazo de los proyectos estructurales, son algunas de las medidas anunciadas por el directorio de la empresa.

Hay consenso en que la industria vive un período de baja en el ciclo de precios del cobre. Un ciclo que empezó al alza en el 2005, y que promedió hasta el 2014, 340,5 ¢/lb, permitiendo que Codelco aportara al Fisco más de USD$52.000 millones en el período. En lo que va del año, el precio ha estado promediando 256,2 ¢/lb. Para el 2016, el escenario no parece ser mayormente bueno, y Cochilco ha estimado que el precio rondará los 250 ¢/lb.

Sin duda éste es un escenario difícil para nuestro país. Chile sigue dependiendo fuertemente de la minería, particularmente del cobre, lo que representó un 57% de las exportaciones del país el 2014. Durante el ciclo de precios altos (2005-2014), sólo Codelco representó un 12% del total de ingresos fiscales del país, y la minería en su conjunto promedió el 20%.

Codelco se enfrenta al enorme desafío de adaptarse a este nuevo escenario, mejorando sus niveles de productividad y eficiencia, para seguir manteniendo su rol líder en el mercado mundial minero, y por sobre todo, entregando recursos al país.

Este desafío nos plantea un debate sobre los cambios necesarios para cumplir con estos objetivos. El plan de inversiones de Codelco, con un conjunto de proyectos estructurales, es clave para la sustentabilidad de la empresa y debe ser considerado una prioridad para el país. Pero en este escenario, también nos parece clave revisar y discutir algunos temas de fondo, que en períodos de bonanzas no fueron tocados, y que a nuestro juicio, hoy debilitan la posición competitiva de Codelco y también del país.

Uno de estos temas es el de la Ley Reservada del Cobre, que obliga a Codelco a entregar un 10% de sus ventas de cobre y subproductos, a las Fuerzas Armadas. Esta ley, que tiene su origen en 1958, en la cual se estableció un impuesto a la gran minería del cobre, entonces 100% privada, destinado a los pertrechos de las FFAA, debiese ser revisada puesto que tiene efectos perniciosos sobre el plan de negocios de la empresa, al gravarse no las utilidades, sino las ventas brutas de la empresa.

De esta forma, el 2014, este impuesto representó el 44% de los aportes que Codelco entregó al Fisco. Durante el primer semestre de este año, Codelco anunció que el 93% de estos aportes se destinarán a la FFAA por concepto de esta ley. Si el precio sigue a la baja, durante el 2016 podríamos incluso enfrentar un escenario con pérdidas para la empresa, producto de este impuesto, con las consecuencias altamente negativas en términos de la clasificación de riesgo de Codelco.

Por tanto, el financiamiento de las FFAA no puede estar sujeto a los vaivenes del precio del cobre y los montos de exportación, por lo que se debe considerar un financiamiento plurianual para nuestras FFAA.

Esperamos, entonces, que la Presidenta retome y le dé impulso a esta discusión en el Congreso para la derogación de la Ley Reservada, y despejemos un peso financiero a Codelco, para que, junto a los proyectos estructurales, política de fundiciones, cambios en la legislación minera, podamos enfrentar el desafío de seguir siendo líderes en el mercado mundial minero, siendo un aporte sustantivo a las arcas fiscales, recursos esenciales para las políticas sociales del Estado.

Fuente: Publimetro

Marco Enríquez-Ominami
Presidente de Fundación Progresa
En relación con la desafortunada aprobación del distrito La Yarada-Los Palos por parte del Congreso peruano, que sitúa su frontera sur terrestre en el Punto Concordia, desconociendo el Hito 1 acordado bilateralmente con Chile en 1930, cabe mencionar que es un acto indudablemente provocador y poco amistoso hacia nuestro país.

Más aún, después de las esperanzas que abrigó el fallo de la Corte de La Haya en cuanto a que, ahora sí, ambos países enfrentaríamos el futuro sin temas que nos pudieran desunir. Sin embargo, la desafiante acción de Humala y los congresistas peruanos retrocede las posiciones a lugares aún más incómodos que los ofrecidos por la «política de cuerdas separadas» del gobierno de Sebastián Piñera, donde ingenua o interesadamente se pretendía que la intensificación del intercambio comercial terminaría por borrar toda discrepancia política, territorial o histórica.

En este período, la política exterior de la Presidenta Bachelet ha sufrido fuertes ataques desde el norte, en buena parte, producto del deterioro de los lazos políticos vecinales evidenciado desde hace varios gobiernos anteriores, pero la actitud de las autoridades peruanas obliga a que Chile responda redoblando la apuesta integracionista. Estratégicamente, caer en la trampa de los nacionalismos constituiría una réplica inconveniente que nos arrastraría exactamente hasta la posición que pretenden los belicistas.

Los últimos días demuestran, entre otras tantas cosas, que la semilla de la violencia, sea religiosa, nacional, étnica o cultural, se siembra en los lugares más insospechados y que sus trágicos frutos cobran preferentemente víctimas alejadas de los centros de poder donde se deciden las provocaciones.

En las casi cuatro hectáreas semibaldías del territorio chileno que infundadamente Perú decreta como propias, una opción interesante, ya planteada desde el progresismo, es la construcción de un parque o un monumento que bajo la bandera chilena homenajee la paz sudamericana. Junto con la pertinente presentación de la nota diplomática chilena en la que se reiteró nuestra posición y se objetó la pretensión peruana, además de todas las futuras acciones diplomáticas y jurídicas que una situación como esta amerite, la construcción del Parque de la Paz sería una simbólica manera de representar a nuestros vecinos la voluntad de mirar el futuro regional desde una perspectiva constructiva, pacífica y verdaderamente progresista.

Fuente: El Mercurio

Marco Enríquez-Ominami
Presidente de Fundación Progresa
La Ley de Modernización de la Cancillería contempla la creación de una figura llamativa: la Agencia para la Defensa de Chile o Agencia de la Soberanía, cuyo objeto sería contar con una institucionalidad encargada de defender los intereses de Chile frente a las demandas en los Tribunales Internacionales y “para realizar demandas contra otros países”.

Llama la atención pues constituye un reconocimiento a la hipótesis de que nuestro futuro diplomático se caracterizará por tener litigios permanentes con otros países. A su vez, sugiere que Chile también entrará en la dinámica de judicializar los problemas de política exterior. ¿Acaso el personal de relaciones exteriores, el Consejo de Defensa del Estado y la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, además de la figura de la Agencia ad-hoc, no son suficientes para enfrentar las eventuales demandas que podríamos recibir?

El mejor negocio para nuestra política exterior es la búsqueda de integración con nuestros vecinos. Como invertimos tan poco en ella, tenemos que gastar mucho en Defensa y ahora, en abogados, para que en Europa se resuelvan los problemas que nuestra diplomacia no logra prever ni resolver. Es absurdo que cambien los gobiernos, también los de los vecinos, y las diplomacias no logren entenderse. Una mayor integración fronteriza, políticas migratorias conjuntas, infraestructura común, cooperación académica y la profundización de posibilidades colaborativas constituyen la fórmula para sustentar soluciones pacíficas a diferencias históricas, alcanzando los entendimientos anhelados por nuestros pueblos.

Marco Enríquez-Ominami
Presidente Fundación Progresa

En Chile, el debate político económico suele alimentarse de las proyecciones que hace el organismo internacional de turno respecto al crecimiento económico del país. Recientemente, el FMI ajustó el crecimiento proyectado de Chile, para el año 2016, el cual pasó de 2.2% a un 1.5%. La confirmación de un crecimiento a la baja, por quinto año consecutivo y con el precio del cobre muy por debajo del boom conocido hace unos años, obliga a cuestionarse sobre las estrategias de los últimos gobiernos para impulsar el tan anhelado crecimiento de Chile.

Quizás, lo primero sea recordar que no es la primera vez que Chile conoce bajas en su tasa de crecimiento. Lo mismo ocurrió a principios del 2000 y a partir del 2005, cuando el crecimiento pasó de 6.3% a menos de -1%. Sin embargo, resulta preocupante y a estas alturas inexplicables que los diferentes gobiernos de turno, sea el gobierno de Lagos, Piñera o el actual, no hayan logrado enfrentar la baja en materia de competitividad y productividad en Chile, confiando en una estrategia de desarrollo a todas luces riesgosas. Esto es basada principalmente en un modelo productivo extractivo sustentado en los altos precios de los recursos naturales. La falta de innovación y capacidad de reacción de los agentes económicos chilenos y los gobiernos a cargos de las políticas económicas se han traducido en políticas sucesivas de bonos en caso de baja de crecimiento y en una indebida utilización de la situación económica como discurso político para evitar reformas. De esta forma, los conservadores, sean de derecha o de la Nueva Mayoría, utilizan sistemáticamente los vaivenes económicos para evitar la implementación de reformas claves, como la reforma laboral, que en todo caso mejorarían la productividad al interior de las empresas, como ha sido ampliamente señalado por la propia OIT.

Nadie duda de que los bonos sean urgentes y necesarios en un país que aún tiene comunas con más de 40% de pobreza. Pero lo anterior no es excusa para que el Gobierno no asuma que el Estado es un agente fundamental en materia económica y que su rol, entre otros, debe ser el de reactivador económico en caso de crisis. En otras palabras, el Estado debe ser capaz de realizar inversiones contracíclicas pero tendrá que ponerlas a cargo de privados, puesto que sabemos qué en Chile el Estado no tiene la capacidad de implementar esas inversiones. No cabe duda que definir el tipo de inversiones y focalizarlas constituiría un empuje a la demanda local que podría reactivar la economía.

Una inversión contraciclica es perfectamente viable por la vía de la utilización de parte del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este fondo, que fue creado en 2007 con el objeto de atenuar el impacto de los vaivenes de la economía internacional, supera en la actualidad los US$ 14.500 millones. Por tanto, la propuesta sería desarrollar un Plan de Inversión Pública, de carácter contra cíclico, en infraestructura, específicamente en Educación y Salud, que tenga efectos en el corto plazo, es decir en no más de dos años. Este Plan de Inversión, de 6.000 millones de USD, se traduciría en licitaciones (no concesiones) en infraestructura en educación y salud pública, específicamente en la construcción de consultorios y hospitales, revirtiendo lo que ha sido la política de concesiones en salud. La ventaja de esta medida es la posibilidad de incentivar, en una alianza público-privada, la demanda y consumo interno. Es decir que es el Estado quien decide la focalización del gasto, empujando la contratación y aumento de empleo, vía ejecutores privados, considerando lo señalado anteriormente, es decir que el Ejecutivo no tiene como desarrollar infraestructura.

No sería la primera vez que el Estado utiliza el FEES para enfrentar un ciclo económico complejo. Ya lo hizo en 2009. La diferencia está en asumir que el rol del Estado no se circunscribe a la entrega de bonos, sino también a ser un agente económico clave, cuya rol y responsabilidad es el privilegiar ciertas inversiones con alto rendimiento social, más aún si permiten reactivar la demanda y crecimiento.