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Marco Enríquez-Ominami y Rafael Urriola: «…hay que priorizar la contratación de suficientes médicos, tanto generales como especialistas, antes que la construcción de hospitales (que arriesgan ser inútiles si no hay personal para hacerlos funcionar)…»

En una encuesta de la empresa Cadem, de fines de agosto de 2014 y dedicada a la salud, el 67% de los consultados cree que los servicios de salud son muy malos. La mayor parte de las «malas notas» las obtiene el sector público. Empero, el sector privado no puede «cantar victoria» tan fácil, porque si bien las clínicas son las mejor evaluadas entre todos los subsistemas institucionales consultados (farmacias, hospitales, consultorios, Ministerio, Fonasa, Auge), al mismo tiempo, las peor evaluadas -por debajo de los anteriores- son las isapres.

La población parece decir que a todos nos gustaría atendernos en clínicas, pero a precios de Fonasa. Esto que se ve como una utopía no lo es. En efecto, en la mayoría de los países europeos las clínicas privadas están reservadas para los ultramillonarios. La población va a los establecimientos públicos con toda confianza porque le resuelven sus necesidades con atención adecuada.

Lo que sucede es que se ha creado una falsa disyuntiva. Chile «ideologizó» todo con la dictadura: lo público es ineficiente y lo privado es glorioso, se dijo. Esta manera de presentar las cosas no ha pasado la prueba de la práctica. Se suele argumentar que el sector público es más ineficiente que el sector privado. Los recursos per cápita de que dispone Fonasa por cada afiliado son el 40% de lo que perciben las isapres por cada persona. Sin duda que no se puede hacer lo mismo con esta disparidad de ingresos. Por lo demás, hay estudios internacionales (en Chile no los hay, pero debiesen hacerse) que indican que el sector público puede ser de mejor calidad que el sector privado.

Sin embargo, los problemas esenciales siguen siendo los mismos que hace años y se centran en el sector de atención primaria de salud (consultorios, centros de salud familiar, etcétera): insuficiente capacidad de asegurar atención oportuna y «cuellos de botella» para derivar a especialistas que, además, no existen en cantidades suficientes. ¿Es solo problema de dinero? Por cierto que no, pero tampoco la escasez de dinero es inocua.

La entonces ministra Michelle Bachelet en 2000 no pudo resolver los rechazos de atención primaria de salud y, con enorme honestidad, lo reconoció. ¿Pero es que acaso es imposible resolverlo? Muchos países lo han hecho. Centrarse en esto puede ser motivo de transformar no solo la popularidad del titular de Salud, sino el sistema de salud de Chile.

¿Qué se requiere para ello? En primer lugar, la participación de todos los actores (médicos, otros profesionales, los demás trabajadores y los usuarios); en segundo lugar, identificar los incentivos para que estos se equilibren con los del sector privado (y con la eficiencia y condiciones que allí se les exigen a los trabajadores); en tercer lugar, adecuar la institucionalidad y la reglamentación a las necesidades de los servicios de salud; en cuarto lugar, transparentar, con criterios consensuados, la evaluación de los rendimientos de todos los funcionarios del sector.

Estos criterios básicos, de tipo general y de sentido común, podrán ser especificados y desarrollados en mesas adecuadas para ello. Es plausible la iniciativa del Minsal de convocar a la Asociación de Municipalidades y a la Confusam para tratar problemas de este tipo. Todos saben que las cosas no se resuelven tan rápido, pero cuán importante es que la dirección de las cosas sea explicada y comprendida por la población.

Como sea, la atención primaria en salud sigue siendo el eterno problema no resuelto. En nuestro criterio, hay que priorizar la contratación de suficientes médicos, tanto generales como especialistas, antes que la construcción de hospitales (que arriesgan ser inútiles si no hay personal para hacerlos funcionar). Es necesaria una línea de navegación en salud que apunte, principalmente, a los problemas que la propia población está detectando como centrales.

Marco Enríquez-Ominami
Presidente Fundación Progresa

Rafael Urriola
Director Programa de Salud Fundación Progresa

Fuente: El Mercurio

Por Marco Enríquez-Ominami
Presidente Fundación Progresa

Raúl Requena
Director Programa Laboral Fundación Progresa

Los progresistas asimilamos la Reforma Laboral a un nuevo Pacto Social, cuyas cláusulas contienen consensos respecto de lo que pueden y deben hacer trabajadores y empleadores en materia laboral, social y económica. Esta idea que las partes puedan denunciar y eventualmente rehacer, se inscribe con naturalidad en el contexto sociopolítico de gran parte de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Pero toda reforma o pacto se afirma en la confianza. Según la OCDE, solo un 13% de la población en Chile confía en las demás personas, muy por abajo del promedio de la región que alcanza el 59%. Esto afecta acuerdos de mutuo beneficio entre empleadores y trabajadores. Un nuevo Pacto Social debe servir para avanzar sin retroceder y para terminar con la desconfianza y la desigualdad.

Las implicaciones de un pacto social se extienden más allá de lo que se deriva de las reformas laborales convencionales. Es necesario alcanzar consensos sociales y políticos mínimos sobre el papel de la empresa y las aspiraciones de los trabajadores. La concepción de un pacto social se asocia al diseño explícito y consensuado de una ruta de navegación de mediano y largo plazo, así como a la recuperación de la noción de planificación del desarrollo. Esto es, a su vez, la expresión de un diseño más ambicioso e integral de una reforma laboral: I) elevar la productividad; II) dotar de mayor transparencia a la política laboral; y  III) promover la equidad.

En el actual momento de la economía nacional, caracterizado por una desaceleración del crecimiento, el panorama para grandes reformas es reducido; sin embargo, no se puede desconocer que en los últimos 20 años, Chile ha  emergido como uno de los 25 países que más ha crecido a nivel mundial, el segundo que más lo ha hecho en la OCDE y el que más crece en América Latina. Es además, de acuerdo al informe de Panorama Social de Organización Internacional del Trabajo (OIT), el país con mayores grados de formalidad laboral en América Latina y El Caribe. Entre 1990 y 2013, Chile ha cuadruplicado su ingreso per cápita, situándose en la categoría de países con Ingresos Altos. Todos acontecimientos positivos.

No obstante el crecimiento, en muchas empresas no se respeta la legislación laboral; lo que se a transformado en un obstáculo para la conformación de un sistema laboral que brinde sustento a un pacto social.

Sin embargo, la idea de una reforma laboral como un nuevo pacto social encuentra hoy un ambiente favorable en el país. Al menos dos razones explican aquello. Por un lado, la evidencia de que las buenas practicas laborales constituyen una poderosa herramienta de contención ante los efectos más perjudiciales de la desaceleración (reducción del empleo, los ingresos y el consumo). Por otro lado, el convencimiento de que una adecuada reforma, respaldada por una alta capacidad de fiscalización, contribuye de forma complementaria a la equidad, la cohesión social y el desarrollo productivo.

¿Qué tipo de reformas se necesitan para acercarnos a ese pacto social, que ha demostrado ser eficaz en otros países?

Considerando que nuestro patrón de crecimiento se ha caracterizado por una marcada desigualdad, la reforma bien podría ser integral o abordar algunas áreas concreta como la capacitación – si se orienta bien la capacitación y se aumentan las competencias de los trabajadores, los trabajos van a ser mejores y los salarios también – el empleo; la protección social o bien construirse en torno a una idea motriz como las buenas practicas laborales – evitar los abusos, concretamente las practicas antisindicales, y sancionarlas con todo el rigor cuando existan –  la responsabilidad social o la lucha contra la desigualdad mediante el fortalecimiento de la negociación colectiva.

Una mejor responsabilidad social es un factor que favorece la reforma o pacto social. Esta responsabilidad puede incluir desde la aceptación de determinados cambios – en una primer etapa – es decir; prácticas laborales razonables hasta acuerdos marcos de segunda generación, con estrategias claras, en función de los desafíos  del país. Es especialmente relevante impulsar la transparencia y la eficiencia en algunos sectores claves de la economía.

El actual modelo de relaciones laborales, heredado del Plan Laboral de 1979, tiene  características que hacen de Chile un experimento al momento de revisar experiencias similares. Sin posibilidad de negociar más allá  de la empresa, con una huelga altamente restringida y con la posibilidad de reemplazar a los trabajadores, la evidencia empírica muestra una progresiva caída sindical que erosiona un desarrollo verdadero.

En Chile, se opera bajo un esquema absolutamente descentralizado donde prima el nivel de empresas, al estilo de los modelos anglosajones como EE.UU, Inglaterra y Canadá.

¿A que nos referimos con practicas laborales razonables?

Por ejemplo, la práctica de reemplazar a los trabajadores que están en huelga, algo que actualmente puede hacerse legalmente en nuestro país, viola los principios de la libertad sindical consagrados en el Convenio número 87 de la OIT, ratificado por Chile.

Chile tiene la peor distribución del ingreso entre los 34 países que integran la OCDE, y posee una de las más bajas tasas de sindicalización, con apenas un 14,2% de los trabajadores. Sin dejar de lado que solo en el 15% de las empresas se negocia colectivamente.

Para revertir este panorama, una reforma laboral o nuevo pacto social debería impulsar la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Reformas que deberían tomar en cuenta el consenso alcanzado entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), incorporando además a interlocutores más allá de estas dos organizaciones.

Un nuevo Pacto Social requiere ser lo suficientemente tolerante como para incorporar los retos socioeconómicos de corto y de largo plazo.

Tras el retorno a la democracia (1999), Chile comenzó un proceso de regulación laboral limitada, que intento dotar de mayor protección a un mercado laboral altamente liberalizado. Con el tiempo se han originado cambios menores en el Código del Trabajo, se aumentó el salario mínimo, y finalizando los ’90, comenzó una utilización de políticas activas de mercado laboral (capacitaciones, planes de empleo, y otros).

En este cuadro, el proceso de regulación limitada mantuvo al margen transformaciones de fondo, que abordasen la estructura e ideología del Plan Laboral. De este modo, a casi 34 años de su implementación, hoy se mantienen incólumes los enclaves laborales activados en dictadura, y es por aquello que se observa, por ejemplo:

• Disminución en la cobertura de negociación colectiva con derecho a huelga (de 12% a comienzos de los ’90 a un 8,1% en 2012).
• Reducción en la densidad sindical, la que pasa de un 18,2 % en 1991 a un 14,6 % en 2012.
• Atomización sindical durante la mayor parte del periodo post-dictadura: entre 1991 y 2006 se crean 1.717 sindicatos pero la masa sindical se mantiene estadísticamente constante (701.355 afiliados en 1991 versus 703.706 en 2006).
• Aumento de los convenios colectivos de trabajo sobre el total de instrumentos colectivos.
• Constante deterioro en los resultados económicos de la negociación colectiva. El reajuste real promedio (últimos 10 años), es menor a 1%.
• Aumento del sindicalismo inter-empresa con menores posibilidades de negociación colectiva, puesto que solo pueden negociar con el permiso del empleador.
• Debilidad sindical al considerar la inestabilidad laboral en ascenso: el 50% de los trabajadores dependientes tiene una antigüedad  promedio menor a dos años (Nueva Encuesta de Empleo).
• Disminución de trabajadores en huelgas. Entre 1991 y 1990, un 1,5 % de los asalariados que potencialmente pueden negociar colectivamente participaron en una huelga. En 2012, la cifra llego a 0,65 %.

¿Cómo optimizar la confianza entre empresarios y trabajadores?

Una de las vías es mejorar las remuneraciones, la participación y gratificaciones para que el trabajador se sienta parte de la empresa. Por aquello, ratificamos la  importancia de un Pacto Social como elemento de estabilidad. Se requiere una sociedad más justa en la que los beneficios del crecimiento lleguen a todos.

Lo anterior nos lleva a reafirmar que uno de los pilares de la reforma laboral, además del fortalecimiento a la sindicalización, es la titularidad en la negociación colectiva y  el efectivo derecho a huelga. El desafío es equiparar las condiciones del empleado y del empleador. En la actual relación donde el empleador tiene todo. ¿Cómo se puede establecer un diálogo real si el trabajador esta siempre bajo la orden de subordinación?

Una Reforma Laboral o nuevo Pacto Social requiere ser lo suficientemente tolerante como para incorporar los retos socioeconómicos de corto y de largo plazo

Estamos a favor de una reforma laboral cuyo objetivo sea permitir que los trabajadores y sus organizaciones estén mejor y que las empresas tengan mayor competitividad. Creemos que este objetivo es compartido por el sector empleador, como también creemos que la reforma debe estar focalizada en el Libro IV del Código del Trabajo; es decir, titularidad sindical, simplificación del proceso de negociación colectiva, piso mínimo, y prohibición de los grupos de negociación, entre otros. Estos temas en nada afectan la competitividad de las empresas.

Nos asiste el convencimiento de que sólo con sindicatos fuertes y representativos y con condiciones institucionales que permitan una negociación colectiva más equilibrada, Chile podrá corregir la inequidad que se genera en la distribución primaria del ingreso.

La existencia de prácticas laborales razonables pueden asegurar una mejor adhesión de los recursos humanos, transformando la reforma o pacto social en una herramienta eficaz para el desarrollo de las empresas. Si el pacto social se sustenta en la necesidad de mejorar la productividad mediante la transparencia de los planes de desarrollo, será fundamental elevar la responsabilidad de los trabajadores en el buen uso de los recursos. Las reformas deberían apuntar al objetivo de consolidar los avances en los acuerdos sociales, basados en la experiencia internacional.

En numerosos países de América Latina ha sido evidente la recuperación de la productividad como un instrumento transparente y democrático de distribución de utilidades.

Este avance institucional es parte del pacto social necesario para que las empresas promuevan participación, desarrollo y respeto a la normativa laboral.

Chile tiene una deuda con el mundo sindical y laboral, pilares fundamentales en la recuperación de la democracia, pero la confianza entre los actores sociales a  disminuido, lo que representa una barrera para la creación de fuertes vínculos institucionales y sociales.

Los desafíos que Chile enfrenta en la actualidad evidencian la necesidad de eliminar estas barreras y lograr mayores niveles de cohesión social entre los actores claves. La experiencia internacional muestra como en otros países se han impulsado reformas que han tenido éxito en construir consenso sobre los principales problemas de las empresas y sus trabajadores. Los Países Bajos, España, Irlanda, Brasil, Costa Rica  y Uruguay pueden ser citados como ejemplos. Naciones que han facilitado el desarrollo de las organizaciones sindicales, mediante reformas con carácter de pacto social.

¿Cuál es la Reforma Laboral que Chile necesita?

Como lo hemos mencionado, se requiere una reforma que contribuya  a aumentar la productividad laboral, somos el país menos productivo y el segundo con el mayor numero de horas trabajadas en la OCDE.

La reforma debe promover a la empresa y el trabajo como las grandes palancas para cerrar las brechas de equidad que persisten, el 80% de los hogares vive con menos de $600 mil.

La reforma laboral debe ser pro empleo para los trabajadores que permanentemente no acceden al mercado laboral, mujeres y jóvenes.

Somos una sociedad desconfiada, Chile necesita diálogo social y relaciones colaborativas entre empleados y trabajadores.

Todo lo anterior tiene nombres propios: Practicas Laborales Razonables, Pacto Social o simplemente Reforma Laboral, pero no cualquiera; sino una que de cuenta de la urgencia de una nueva titularidad sindical, de una real simplificación del proceso de negociación colectiva, de un piso mínimo, y de la prohibición de los grupos de negociación.

Como ya lo señalamos, estos temas en nada afectan la competitividad y supervivencia de las empresas. Se trata de una Reforma Laboral que apunte hacia un Nuevo Pacto Social.

Fuente: El mostrador

Por Marco Enríquez-Ominami y Jaime Gajardo Falcón

La mayoría del mundo político, social y académico concuerda en que la vía de reformas a la Constitución se encuentra agotada y, por ende, no se puede volver a cometer el error de sólo hacer reformas parciales como en el año 2005. Así, el ciclo constitucional al que tenemos que transitar es uno que de paso a una nueva Constitución, que sea escrita a partir de una “hoja en blanco” como acertadamente señaló el ex presidente Lagos.

El debate constitucional se ha instalado en nuestro país y entre las fuerzas de izquierda y progresistas existe un consenso acerca de la necesidad que tiene el pueblo de Chile de dotarse de un nuevo marco de convivencia, es decir, de una nueva Constitución Política para la República. Además, durante el presente año, hemos sido testigos de cómo la actual Constitución ejerce su rol de camisa de fuerza en términos ideológicos, siendo utilizada por la derecha a través de sus mecanismos contramayoritarios (altísimos quórums para la aprobación de ciertas leyes, el Tribunal Constitucional, entre otros) para mantener el statu quo y dejando escaso margen para que proyectos políticos que cuentan con mayorías sociales y políticas puedan llevar a cabo las transformaciones sociales que se proponen.

Junto con lo anterior, la mayoría del mundo político, social y académico concuerda en que la vía de reformas a la Constitución se encuentra agotada y, por ende, no se puede volver a cometer el error de sólo hacer reformas parciales como en el año 2005. Así, el ciclo constitucional al que tenemos que transitar es uno que de paso a una nueva Constitución, que sea escrita a partir de una “hoja en blanco” como acertadamente señaló el ex presidente Lagos.

También existe un amplio acuerdo en la academia y el mundo social, en que la nueva Constitución debe nacer como resultado de un debate a través de un mecanismo democrático, participativo, inclusivo e institucional, similar a lo que se conoce en la doctrina constitucional como asamblea constituyente. El actual Congreso Nacional con su conformación binominal no asegura el cumplimiento de dichos principios, por lo que es necesario otro mecanismo que sí lo haga.

Sin embargo, pese a los altos grados de consenso, tanto en la necesidad de una nueva Constitución como en que el mecanismo más óptimo para su elaboración es una Asamblea Constituyente, actualmente hay un debate sobre la supuesta imposibilidad de la misma dentro del actual sistema jurídico. Dicha postura jurídico-política se atrinchera en el capítulo XV de la Constitución, que es el que establece su mecanismo de reforma, no abriéndose a la posibilidad de que dicho capítulo sea reformado contemplando la Asamblea Constituyente o buscando otras posibilidades para la misma. De igual forma, sus representantes caricaturizan la Asamblea Constituyente, comparándola con la de países como Venezuela, pero obviando que países que admiran tuvieron Convenciones Constituyentes al margen de la institucionalidad de su época (EE.UU 1787) o mediante amplios acuerdos políticos la hicieron posible (España 1977-78).

A nuestro juicio, lo que ocurre es que los sectores más reaccionarios y conservadores, presentes mayoritariamente en la derecha y lamentablemente también en la nueva mayoría, se escudan en la supuesta imposibilidad jurídica de la Asamblea Constituyente para no señalar públicamente que se sienten conforme con la actual Constitución y sólo buscan su mínima reforma.

Por todo lo anterior, resulta fundamental que desde todos los ámbitos (político, social, académico, etc.) se siga trabajando por una nueva Constitución, una que permita proyectos sociales transformadores, que entienda a la salud, la educación, la previsión como derechos sociales que se encuentran reconocidos por la Constitución y garantizados por ésta, que diseñe un igualitario reparto del poder político y territorial, en fin, una nueva Constitución que pueda ser discutida por todas y todos, sin chantajes de minorías privilegiadas ni mecanismos que empaten sus fuerzas con las de mayoría de la población.

** Jaime Gajardo Falcón,  abogado, Magister en Derecho U. de Chile, Master en Derecho Constitucional, Doctorando y Personal Investigador, U. Autónoma de Madrid

Fuente: The Clinic

Marco Enriquez Ominami
El BOCHORNOSO episodio (uno más) vivido entre los gobiernos de Chile y Bolivia estos últimos días a propósito del ofrecimiento de entregar agua para los damnificados del Norte, motiva varias consideraciones. La más evidente guarda relación con el peligro de que las autoridades se comporten como caricaturas políticas y se queden presas de su propio personaje.

Cuando el sentido común indicaba que los habitantes de Copiapó, Chañaral y Tierra Amarilla necesitaban acceder con urgencia al agua, la Cancillería torpemente dudó. Se dijo que la ayuda no era necesaria, mientras Estados Unidos tranquilamente aportaba 100 mil dólares a través de Caritas Chile. Luego se dijo que había que estudiar su factibilidad. Parecía que el cálculo era que a Bolivia ni siquiera el agua embotellada se le debía aceptar, olvidándose que la política, incluso la política exterior, tiene por objetivo primordial atender a las necesidades de sus pueblos.

Así, entre la política del “tomemos pisco sour juntos” de Sebastián Piñera en su relación con el Perú que nos demandaba en La Haya, y la del “ni siquiera acepto tu agua” de la Cancillería de la Presidenta Bachelet hacia Bolivia, evidentemente se pueden encontrar lugares más edificantes desde los cuales proyectar la relación con nuestros vecinos. Por un lado, debemos ser capaces de defender integralmente nuestros intereses que no son exclusivamente comerciales, y por otro, construir una política donde a pesar de las diferencias fundamentales en materia de límites, no perdamos de vista lo esencial: las necesidades de nuestros pueblos. La urgencia catastrófica indica que hoy puede ser el agua, pero mañana, y de forma permanente, nuestras necesidades serán energéticas, alimentarias, comerciales y ambientales, solamente por nombrar algunas.

En el episodio de la oferta de los 30.000 litros de agua embotellada, la rigidez inicial chilena fue cediendo, con el paso de las horas, ante el sentido común, y el ministro de Defensa, Jorge Ledezma, viajó a Chile para hacer entrega de la ayuda comprometida. Sin embargo, dejando de lado el fair play diplomático, una desafortunada leyenda inscrita en su camiseta reavivó todas las desconfianzas en una relación que ya tiene suficientes. En este especial punto, cabe considerar la decisiva responsabilidad que compete a los actores políticos a la hora de exacerbar los ánimos nacionalistas de forma imprudente.

Frente a situaciones como la vivida, no se deben tomar decisiones enceguecidos por el enfrentamiento mediático permanente. Aunque la aceptación del ofrecimiento solidario de Bolivia pareció a regañadientes, apunta en la dirección correcta, cual es la priorización de la emergencia humanitaria a la que se enfrentan nuestros compatriotas del norte. De igual forma, el Presidente Evo Morales, removiendo de inmediato al ministro que provocó a los chilenos con el tema marítimo, dio un paso importante en la senda de la madurez bilateral que las necesidades de nuestros pueblos exigen.

Fuente: La Tercera

Marco Enríquez-Ominami
Patricia Morales 
Chile enfrenta un severo reto en materia económica, desde el punto de vista de su competitividad, sin que se observen estrategias solidas e innovadoras. La versión 2014-2015 del Reporte de Competitividad Global vino a confirmar que Chile se encuentra en el ranking número 33, de 144 países, cifra que refleja un deterioro respecto al índice que ostentaba el país para el periodo 2007-2008.

En aquel entonces, Chile estaba en el número 28 de los países más competitivos. No se trata de reducir el debate económico a un ranking, como se suele hacer con educación a propósito del Simce. Pero sí vale la pena detenerse sobre los factores que el mundo económico internacional evalúa positiva y negativamente a la hora de hacer negocios en Chile. A nivel internacional, las fortalezas de Chile se asocian a su institucionalidad, estabilidad macroeconómica y sus bajos niveles de deuda púbica y privada, entre otros. Sus debilidades, en términos de competitividad, se asocian a la fuerte dependencia de nuestra matriz productiva respecto de los commodities, y por tanto, la urgencia de diversificar nuestra economía, aumentando su valor agregado. Por lo mismo, el Reporte de Competitividad Global menciona como una de nuestras principales debilidades económicas la baja calidad en educación, rigideces laborales, como la débil participación de las mujeres en el mercado laboral y lo engorroso que puede significar iniciar un emprendimiento (acceso al crédito para las pymes, entre otros). En ese sentido, Chile está en una encrucijada tanto política como económica.

El Gobierno tiene la oportunidad única de conectar, en su discurso, la economía y la competitividad con las reformas sectoriales, explicando, por ejemplo, la importancia de una educación pública de calidad, en materia de innovación y competitividad. Pero lo anterior requiere reducir los grados de incertidumbre en materia de conducción económica, a la vez que asumir que es hora de regular la concentración económica y que el fomento a las Pymes debe superar el mero discurso.

Fuente: Estrategia

Marco Enríquez-Ominami
Claudia Rodríguez Seeger
Rainer Maria Hauser
“La naturaleza es un hecho social”, Karl Marx.
Establecer relaciones entre órdenes distintos de cosas ha sido parte esencial de nuestro sistema cognitivo humano y, probablemente, el origen de nuestra diferenciación como especie. “Conocer es comparar”, decía Durkheim. Y así no todo resulte comparable, es también difícil no asociar aquellas dimensiones que nos envuelven en el cotidiano.

Al cabo, sólo tres órdenes fundamentales de relaciones nos convocan: con nosotros mismos, con el resto de la sociedad y con la naturaleza. El que se hayan articulado sobre el plano sincrónico de nuestra realidad, los “eventos extremos” del Norte y la evidencia de los vínculos entre las finanzas y las instancias que debieran regularla, nos permite contemplar un escenario de podredumbre generalizada.

Como este problema es global y no pasa día en que no haya “desastres naturales “y “fenómenos de corrupción”, debemos asumir que tres condiciones comunes envuelven las dimensiones de economía, política y ciencia, que configuran estos ámbitos distintos, pero coincidentes: el momento tendencial hegemónico de desregulación del modo de acumulación capitalista en el globo, las inconsecuencias de un discurso inmovilizado por las fuerzas de la economía de mercado y una ciencia, que pese a tener la certeza y las capacidades tecnológicas para provocar conciencia y adaptación, se debate por obtener la resonancia que le permita incidir en la toma de decisiones.

Chile: ¿Desastre natural o desastre social?

Chile hizo agua y apareció el barro, el lodo y el material tóxico…. ¿De qué estamos hablando? ¿De la lluvia en el desierto?, ¿De las “externalidades negativas” de una promisoria economía? o ¿Del lado oscuro de “respetables políticos” y “exitosos empresarios”? Para quienes somos realmente sistémicos (porque vemos el mundo como sistema y no porque adscribimos al actual modelo de desarrollo que nos rige), estamos hablando de todo a la vez, porque todo se relaciona entre sí. Pero… ¿qué tienen que ver los desastres naturales con la economía y la corrupción?

La mayoría de los llamados “desastres naturales” no son tales, más aún en el caso de fenómenos meteorológicos. Si bien los desastres se producen porque hay un detonador que libera la energía potencial que puede almacenar un sistema natural, la energía liberada sólo será destructiva, si existe población e infraestructura vulnerables a las cuales afectar. Cabe agregar, que –frente al cambio climático- tales detonadores tienen cada vez más su origen en condiciones meteorológicas inducidas por el ser humano, siendo más frecuentes y de mayor fuerza que antaño. Aun así, no hemos hecho nada para reducir la vulnerabilidad frente a dichos fenómenos: seguimos desafiando a la naturaleza pavimentando los lechos de los ríos, desplazando las viviendas de los pobres a las quebradas, e ignorando la posibilidad de reducir el impacto de las potenciales fuerzas destructivas a través de protecciones como barreras naturales o artificiales, desagües para las aguas lluvias, etc. Una vez que se desencadena el desastre, tampoco hay preparación para reaccionar y reducir su impacto, en tanto el restablecimiento de las condiciones esenciales de subsistencia es lento, genera heroicas pero innecesarias nuevas muertes, gatilla epidemias, profundiza la vulnerabilidad de la población y agudiza los desequilibrios sociales. La reconstrucción, siempre lenta y cuestionable, suele reproducir las condiciones de exposición a las amenazas y vulnerabilidad de la población.

Pero, ¿por qué no hacemos nada para reducir estos riesgos? Reducir los riesgos implica básicamente dos cosas: planificación de largo plazo e inversión. Cuando hablamos de “largo plazo” estamos considerando como referencia los tiempos de la economía, pero no los de la naturaleza. Los tiempos de la economía y la naturaleza son distintos y lo que es “largo plazo” para la economía, son plazos muy breves para la naturaleza, más aún cuando los ciclos de ésta son alterados por la acción humana, como es el caso del calentamiento global de océanos y atmósfera, que reduce el tiempo entre eventos meteorológicos extremos, que actúan como detonantes para la ocurrencia de desastres. Entonces, si sabemos que tales eventos ocurren con una periodicidad de 20 o 30 años, debemos prepararnos para reducir la vulnerabilidad de la población y la infraestructura, buscando localizaciones menos expuestas a las amenazas, reguladas a través de instrumentos de planificación territorial, que no sólo tengan efecto sobre las áreas urbanas, sino sobre la totalidad del territorio. La infraestructura que inevitablemente se ha de emplazar en zonas de riesgo, debe considerar estructuras de defensa y mitigación diseñadas para eventos realmente extremos y no para aquéllos que se desarrollan en rangos normales. Sin embargo, no es parte de nuestro modelo económico de libre mercado “planificar”, ni tampoco invertir recursos de aprovechamiento incierto en el corto plazo, que sólo reducen la rentabilidad de quien invierte. Asimismo, prevenir los riesgos que provocan los depósitos de residuos tóxicos de la minería no resulta rentable y es mejor considerarlos como una “externalidad negativa” de esta actividad.

Entonces, la economía sí importa, porque según el modelo que utilicemos, será más apropiado o no planificar e invertir en la prevención y reducción de riesgos de desastre y, claramente, nuestro actual modelo económico no propicia lo anterior. Por el contrario, el modelo favorece la “libertad individual” (de quien posee recursos financieros), la priorización –ante todo- de la rentabilidad privada y la ganancia excesiva (lucro), en desmedro del bien común. Ello determina que, por ejemplo, no se realicen obras de protección o éstas resulten insuficientes, y la población vulnerable sea desplazada a los suelos más baratos, pero también más expuestos a los riesgos. Si a lo anterior se suma la acción o inacción de políticos corruptos, más preocupados de sí mismos y de lograr ganancias materiales en el corto plazo, que de velar por los intereses comunitarios de largo plazo, resulta evidente la relación entre desastres, economía y corrupción.

Chile en el (des) concierto de las naciones

Mediados de Abril de 2015, cerca de 30º C en Santiago y ni una gota de lluvia. La isoterma 0 (o punto de nivación, donde la lluvia se transforma en nieve) ha subido entre 1500 y 2000 metros en la cordillera. Cuando llueva, ya no habrá “el embalse natural de altura” (que es la nieve) y las precipitaciones -que además aumentan en intensidad- caerán sobre tierras erosionadas y desprotegidas, produciendo aluviones, deslizamientos de tierra, inundaciones… El año 2014 fue, globalmente, el más cálido del que se tenga noticia. Pero, además, fue el 12º más cálido sucesivamente. La concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó por primera vez 400 ppm , en febrero 2015. La evidencia científica demuestra, sin lugar a equívocos, que el cambio climático ha llegado y que afecta fundamentalmente los ciclos hidrológicos y de precipitaciones, provocando episodios desastrosos, principalmente para los más pobres. La mayor ocurrencia de eventos extremos y la evidencia científica de su vinculación con el cambio climático (IPCC, AR5 2014), ha llevado a la comunidad internacional y sus organismos representativos (CMNUCC), a desarrollar herramientas de acción que permiten a los países enfrentar pérdidas y costos. Sin embargo, los esfuerzos se han demostrado insuficientes y, en muchos casos, han contado con la persistente oposición real de los países desarrollados, principales emisores de Gases Efecto Invernadero (GEI).

El llamado a equilibrar los esfuerzos entre mitigación y adaptación, debe traducirse en un esfuerzo conjunto que permita aunar voluntades de política pública y privada, y se traduzca en un Nuevo Acuerdo que suceda al Protocolo de Kyoto, en Paris el 2015. Es necesario avanzar en la concreción de un Plan Nacional de Adaptación y fortalecer nuestra presencia internacional.

Por un camino de respuestas como Estado

Un plan de navegación debe establecer con claridad los diagnósticos que sustentan ajustes en política y hacer un pronto llamado participativo a todos los actores para considerar la apertura de nuevos escenarios, que vinculen coherentemente los mecanismos y herramientas internacionales con la realidad y nuestra voluntad política de equidad en un mundo de eventos extremos.

Es urgente el análisis crítico de nuestros compromisos a nivel internacional y asumir liderazgo en la construcción de un Plan Nacional de Adaptación, que significará la búsqueda de equilibrios entre los esfuerzos orientados a la mitigación y aquéllos que, orientados a la adaptación, establezcan sectorialmente, diagnósticos de impacto y medidas de adecuación, fortaleciendo nuestra voluntad política de lograr posiciones de consenso, para avanzar con la velocidad que el diagnóstico científico requiere.

Consolidar posiciones efectivas para hacer frente al cambio climático y posibilitar que Chile tenga una posición comprometida y coherente en COP21 (Paris 2015), resulta una necesidad insoslayable. Probablemente, debiéramos hacer causa común con los países “menos desarrollados”, que –como nosotros- sufren los embates de un cambio climático que no han provocado, y exigir la implementación de mecanismos de retribuciones de “deuda histórica”, que nos permitieran generar políticas efectivas de adaptación e ir en ayuda de nuestras víctimas.

Marco Enríquez-Ominami
El Informe de Desarrollo Humano de este año viene con buenas noticias: Chile está preparado para una Asamblea Constituyente. Chile está listo para concretar sus sueños. El Informe parte haciendo una distinción entre la Política y lo Político. La primera, explican, es esa dimensión agotada del vivir juntos, la de “los políticos de siempre”, la de “la gente que no vota”.

La segunda, en cambio, es esa dimensión del vivir juntos donde lo social es transformable y es decisión de la gente, donde lo fundamental no es el Qué, sino que el Cómo y el Por qué. El Informe propone que en Chile estamos en los tiempos de esta segunda dimensión: en los tiempos de la politización.

Frente a la politización, plantea el Informe, se reunirán las fuerzas de la despolitización, aquellas que llamarán a limitar el debate, a volver a “la democracia de los acuerdos”, los que van a intentar frenar los cambios y las reformas vendiendo el opio de adelantar las elecciones parlamentarias, y sembrando nuevamente el miedo del fin de los tiempos. Pero, en los tiempos de la Politización, como el mismo informe plantea, “pretender controlar el proceso de manera arbitraria y preconcebida se vuelve difícil”… yo diría aún más: se vuelve inútil. Porque este no es el fin de una era, es el comienzo de los nuevos tiempos.

Pero hay molestia: para los chilenos y chilenas el mero “desarrollo económico chileno” es un sinsentido, y los grandes y aclamados logros del modelo les dan un poco lo mismo. 6 de cada 10 chilenos, por ejemplo, sienten que las promesas de los Gobiernos de la Concertación y de la Alianza no se cumplieron. 8 de cada 10 personas en nuestro país declaran que la política no les interesa y que no les influye de ninguna manera en sus vidas.

Pero el Informe demuestra también que los chilenos y chilenas están molestos con la política, pero que sueñan desde “lo político”: 7 de cada 10 sienten que hay que cambiar totalmente la Constitución, y sienten también que el mejor mecanismo en democracia es el de la Asamblea. Para los chilenos y chilenas la demanda de cambio va más allá del malestar. El cambio va de la mano de los sueños.

Pero no basta con el qué soñamos, sino también con el cómo soñamos. Ya no basta con twittear o marchar. Hay que concretar. Nos dice el Informe que solo un 14% de los chilenos y chilenas ha usado Twitter alguna vez, y que a la gente no le hacen sentido las pretensiones de representatividad de los movimientos sociales. Ya empujamos los límites de lo posible, ahora es tiempo de empujar las reformas. Es tiempo de cambiar Chile. De encontrarnos para dejar de vivir juntos pero solos, como en las micros llenas, y empezar a vivir juntos-juntos. Son estos los tiempos para la Asamblea Constituyente. Son los tiempos de la Politización.

Fuente: El Mostrador

Marco Enríquez-Ominami
Si hay una diferencia entre la izquierda y la derecha es que la derecha aspira a crecer sin distribuir y la izquierda quiere crecer y distribuir, hay una diferencia no menos importante al interior de la izquierda entre aquellos que creen que la distribución debe hacerse independientemente de si hay crecimiento y los que pensamos que es inconducente pretender distribuir sin antes asegurarnos de que haya una tasa de crecimiento que haga políticamente factible, económicamente viable y socialmente sustentable en el corto, mediano y largo plazo reducir los niveles de desigualdad inmoralmente altos que existen en Chile.

En periodos de alto crecimiento, la excusa típica de la derecha para evitar implementar políticas redistributivas es que la mayor injerencia del Estado matará a la gallina de los huevos de oro. En periodos cuando las condiciones internacionales son desfavorables para el modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones de materias primas es que un mayor esfuerzo redistributivo ahuyentará a la ya debilitada inversión extranjera y el país no podrá retomar la senda del crecimiento. Para la derecha, nunca es un buen momento para distribuir.

En la izquierda, el anhelo por acelerar la reducción en la desigualdad hace que muchos olviden las condiciones externas. En 2013, la Presidenta Bachelet prometió combatir la desigualdad. Pero su programa de gobierno no se hizo cargo del fin del ciclo de los commodities. Los términos de intercambio de la economía chilena habían sido altamente favorables por más de 10 años. Pero ya hacia fines del gobierno del Presidente Piñera, la caída en el precio del cobre y de otras exportaciones—sumado al comienzo del fin de la expansión cuantitativa de la Reserva Federal estadounidense—cambiaron las esas condiciones internacionales favorables. Así, las buenas intenciones de un gobierno comprometido con reducir la desigualdad se ha enfrentado a una realidad internacional compleja para la economía chilena.

La derecha y los conservadores dirán que es momento de dejar de lado las banderas de la igualdad y hacer fuerza juntos por recuperar el crecimiento. Pero la derecha no sabe cómo recuperar el crecimiento ni es cierto que debamos abandonar las banderas de la igualdad. Podemos hacer ambas cosas a la vez. La forma de hacerlo es entender que el mercado y el Estado son necesarios para avanzar en recuperar altas tasas de crecimiento y en reducir la desigualdad, ampliando las oportunidades y construyendo una sociedad donde el lugar del nacimiento no determine el lugar que ocuparán los chilenos en la sociedad.

Con la economía frenada, el Estado puede ayudar a retomar el sendero del crecimiento. El gasto público inteligente—en infraestructura para mejorar la competitividad, en educación y salud, para mejorar la competitividad y fortalecer las bases del tejido social—puede echar a andar la economía. Es cierto que hay muchos empresarios que aspiran a imponer sus valores y visiones conservadoras de mundo, pero hay muchos más que se mueven por los espíritus del capitalismo y que responden a los incentivos que entrega el Estado. Por eso las reglas claras y las certezas son importantes. Aquí se trata de que Chile entregue un marco jurídico serio y confiable, con reglas claras, con un mercado laboral sea moderno, con trabajadores con protección e incentivos para ser cada vez más competitivos y con remuneraciones que reflejen esa competitividad y la promuevan.

Equivocadamente, algunos creen que Chile debe repetir aquello que se hizo en los 90. Pero los problemas que enfrenta Chile hoy—el fin del ciclo de las commodities en un país de 23 mil dólares per cápita con profundos niveles de desigualdad y ciudadanos empoderados—son distintos a los de los 90. Tenemos desafíos más difíciles, pero también tenemos más y mejores herramientas para enfrentarlos. Un país en el capital y el trabajo entiendan que el Estado puede ser un aliado del mercado, fortaleciéndolo y regulándolo—para desatar su potencial pero también proteger a los más débiles y darle iguales oportunidades a todos, corrigiendo desigualdades de origen—es un país que puede avanzar y dar ese salto al desarrollo. Podemos ser el primer país de América Latina en lograrlo, pero mejor aún, lo podemos hacer de tal forma que todos los chilenos—los que participan del capital y los que contribuyen con su trabajo—compartan los beneficios de esa tierra prometida en la que sea una realidad la frase de que cuando a Chile le va bien, a todos los chilenos les va bien.

Fuente: The Clinic

Por Marco Enríquez-Ominami, Presidente de Fundación Progresa
Por Comisión Desarrollo Rural de Fundación Progresa
196 de las 346 comunas están (por lo menos hasta hace un par semanas atrás) en estado de emergencia agrícola a causa de la sequía. Esto, en términos porcentuales, corresponde al 56% de todas las comunas del país. Un número que al parecer, ni a las autoridades del país, ni a la mayor parte de la población, especialmente aquella alejada de las zonas afectadas, pareciera importarle de sobre manera.

La sequía, en propias palabras de la presidenta, ha llegado y para quedarse. Ya no corresponde a un fenómeno esporádico, sino que es una realidad. Bajo este concepto, la declaración de comunas de emergencia agrícola ya no se corresponde como mecanismo válido de acción, sino que requiere de respuestas y mecanismos institucionales pertinentes a este nuevo escenario, que aborden el problema de forma integral y con una visión de mediano – largo plazo. Pero, en estos momentos cabe preguntarse: ¿qué significa una emergencia agrícola? ¿mayores recursos y de mayor rapidez para disponer de ellos?; ¿qué tipo de recursos?. Bonos agrícolas por 200 mil pesos, forraje para ganado, facilidades de pago, entre los más destacados, es decir, respuestas absolutamente reactivas y que han sido las mismas por años, de mirada cortoplacista, sin mayor trascendencia en el tiempo ni impacto sobre las causales de esta crisis que afecta la gestión de los recursos hídricos. Una vez más el Estado entrega respuestas homogéneas para un país que es tremendamente heterogéneo.

Esta diversidad territorial queda de manifiesto al percibir grandes sequías, las cuales se combinan con episodios de fuertes inundaciones que ocurren con la llegada de las lluvias que tanto anhelamos. Estos eventos han sido explicados y repetidos hasta el cansancio: somos un país que vive cambios importantes de carácter climáticos, con lluvias aumentadas en cantidad por periodos más cortos de tiempo y a la vez con presencia de un aumento en las temperaturas en casi todo el territorio. A pesar de este conocimiento, aún seguimos lamentando una especie de mala suerte nuestra, culpando a la gran cantidad de “desastres naturales” que nos azotan, casi como si fuesen un castigo divino: pobre país.

Basta de mentirnos y engañarnos. Somos un territorio que está en presencia de importantes eventos naturales, con un cambio climático declarado hace varios años y que requiere un entendimiento del problema y planificación posterior acorde a los nuevos tiempos. Los desastres no son naturales, son socio-políticos, y requieren respuestas que incorporen variables distintas y más complejas a las que utilizamos actualmente.

El estudio del Banco Mundial sobre la institucionalidad nacional hídrica, es contundente. En Chile existen más de 40 instituciones involucradas en la gestión del agua. A su vez, son 103 las funciones que están ligadas a dichas instituciones. Haga el ejercicio e imagine la coordinación entre ellas para solucionar la crisis que vive la provincia de Petorca hace ya varios años, imagínelas coordinadas en terreno! Una locura.

El agua debe ser de todos/as los/as chilenos/as, que garantice un enfoque de derecho humano al acceso de los ciudadanos al recurso. Hoy en día la privatización del recurso es uno de los impedimentos esenciales para superar esta profunda crisis hídrica que el país viene viviendo hace más de una década. Debido a la gestión privada y la presión de mercado existente sobre el recurso hídrico, sumado a la ineficiencia de los organismos públicos responsables, hoy no existe una mayor certeza sobre el agua disponible por cuencas y su comportamiento en el tiempo-espacio. El desarrollo de variados estudios pilotos respecto a la modelación de cuencas y balances hidrológicos (oferta y demanda por cuenca) ayuda a un mejor entendimiento, sin embargo, si no existe un mandato político mayor que indique un desarrollo de política respecto a la determinación del agua disponible a nivel país y sus territorios, la planificación territorial y las consecuentes tomas de decisiones seguirán yendo en un sentido equivocado.

En este escenario, la descentralización de la gestión del recurso hídrico se hace imperiosa, fomentando la gestión comunitaria del agua, de forma equitativa y justa, alejada de la “mano invisible” del mercado, que tanto daño e injusticia socio-ambiental ha generado hasta hoy. Mientras esto no suceda, es imposible pensar en que el Estado sea el ente que planifique su gestión, garantizando equidad y racionamiento en su uso. Para el Estado la planificación es prácticamente imposible sobre lo que no le pertenece.

Un ejemplo de lo anterior es el tratamiento dado a los subsidios de riego. Es difícil entender porque el Estado no realiza un gran programa de tecnificación para el uso eficiente del agua. Si bien para estos efectos existe la ley 18450 de la comisión nacional de riego (CNR), es sabido que a lo largo de su implementación los mayores beneficiados han sido el mediano y gran productor, ajustando sus beneficios a la nefasta política de Chile potencia agroalimentaria y forestal, la cual favorece la exportación a cargo de los mismos de siempre. No se puede no recordar a un dirigente de una organización campesina nacional clamando por “ver los letreros de beneficio de esta ley, pero en los predios de la pequeña agricultura campesina”, y no en aquellos con sello de exportación. Un dato, la pequeña agricultura significa un poco más del 50% de todo el abastecimiento de alimentos del mercado nacional, y lo hacen solo con el 10% de la superficie nacional. ¿dónde está el resto de las tierras? Produciendo para irse en representación del Chile exportador.

La situación hídrica en el sector agropecuario es grave, mucho más de lo que todos creemos. Más de medio millar de personas en el país están siendo abastecidos gracias a camiones aljibes. Miles de hectáreas de producción están siendo arrancadas o simplemente dejadas de lado, generando desiertos alimentarios en las grandes ciudades urbanas. Alimentos que no logran una calidad adecuada le reportan al campesino un pago miserable, pero que el vendedor final, al especular, sube el precio de forma desvergonzada, perjudicando al productor y consumidor final (sí, usted!). De esta forma el que gana es siempre el mismo…o los mismos, usted y yo no.

Marco Enríquez-Ominami
Patricia Morales Errázuriz
A través de la presente carta pública, junto con agradecer a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), las reuniones sostenida entre el equipo negociador del TPP y representantes de los equipos programáticos de Fundación Progresa y el Partido Progresista de Chile (área salud, medio ambiente y cambio climático), quisiéramos dejar constancia de algunos comentarios y dudas expresados durante las reuniones sostenidas y que estimamos, pueden perjudicar seriamente los intereses de Chile.

Lo hacemos esperando que estos elementos puedan ser considerados en la discusión posterior al cierre de las negociaciones, ya sea en el Congreso o entre ministerios.

1. Creemos que es necesario reflexionar sobre la posibilidad de establecer un sistema de negociaciones en el cual Cancillería negocie una vez que el Congreso hay aprobado, de manera trasparente y conforme a sus atribuciones, los márgenes de esta negociación. Esto mejoraría sin duda los estándares de transparencia y participación ciudadana, a la hora de definir la pertinencia de ingresar a un proceso negociador como el TPP y bajo qué condiciones.

2. Quisiéramos saber si existe algún estudio formal de costo-beneficio, sectorial, sobre el TPP. En otras palabras, cuáles fueron los insumos y argumentos para ser parte de esta negociación, considerando que Chile posee un tratado bilateral con cada uno de los países que forma parte de esta negociación.

3. En materia medioambiental, resulta particularmente preocupante el mecanismo de resolución de conflictos previsto, por ejemplo, en caso de diferencia entre una empresa perteneciente a un país miembro del TPP y el Estado chileno. En tal caso, de existir una resolución por parte de la corte nacional contra una corporación transnacional, esta última podría solicitar la constitución de un nuevo Tribunal, compuesto por tres juristas contratados, y cuya decisión debiese ser reconocida por sobre la del país. En otras palabras, considerando el patrimonio ambiental de Chile y la debilidad de nuestra institucionalidad ambiental, existe el riesgo de que este mecanismo no solo termine reduciendo nuestra soberanía, sino también debilitando aún más nuestro patrimonio natural, cuyo valor económico, social, ambiental no ha sido debidamente calculado en Chile.

4. El TPP se negocia en un momento político particular en Chile, pues se está debatiendo sobre el rol del Estado en industrias fundamentales vinculadas a recursos naturales básicos o mineros. En ese contexto, sería imprudente comprometer una política pública que sea contradictoria con, por ejemplo, una futura decisión de nacionalizar algún recurso natural.

5. Quisiéramos preguntar formalmente si el TPP tiene un inciso que prohíbe cualquier mención al Cambio Climático en las negociaciones y acuerdos finales. De ser, consideramos que el Estado debiese aclarar las razones por las cuales se aceptaron estas condiciones puesto que el cambio climático dominará la agenda internacional en los próximos años.

6. Finalmente, quisiéramos saber cuáles son las 600 empresas que participaron de la redacción y reuniones de éste tratado.

 

De antemano agradecemos la buena acogida de esta carta.

Saludos cordiales.

Marco Enríquez-Ominami (Presidente Fundación Progresa)

Patricia Morales (Presidenta Partido Progresista)

Jorge Vergara (Coordinador Programa Medio Ambiente Fundación Progresa)

Oriele Nuñez (Médico, Programa salud Fundación Progresa)