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Una de las características centrales del Chile actual es la discriminación: escuelas para pobres, hospitales públicos, verdaderos tanatorios – y una salud privada, cuyos costos son sólo abordables para personas jóvenes, hombres, y que gozan de muy buena salud -. Si se es mujer en edad fértil, adulto mayor o personas con enfermedades preexistentes, tendrá que pagar un 117% más que los jóvenes en su plan de salud, quienes pagan 20 UF, mientras en las mujeres de su misma edad esta suma asciende a $140 UF; la diferencia es aún mayor si se trata de los adultos mayores o de aquellas personas que tengan enfermedades preexistentes.

Durante este mes de julio, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse respecto a la legalidad del artículo 38 Ter de la Ley 18.930 – la Ley de Isapres-. Dicho artículo es completamente contradictorio con el artículo 19, No.9, de la Constitución Política del Estado que “garantiza a todos los ciudadanos la no discriminación, la igualdad ante la ley y el derecho a la salud”. En el artículo 38 las Isapres pueden utilizar, libremente, una tabla de riesgo que les permite discriminar en los precios a cobrar a los clientes, por ejemplo, a los jóvenes varones, de treinta a treinta y cinco años se les cobra $42.000, mientras que a las mujeres se les, en la tabla, el factor 3,3, lo cual equivale a un precio de $138.600; a los mayores de sesenta años, el factor 4,7, es decir, $200.000; los factores de riesgo que se aplican a los cotizantes son múltiples y quedan al arbitrio de este verdadero oligopolio que son las Isapres.

Tan indignante es este “apartheid” a la chilena que sólo en los meses transcurridos de este año se han presentado 153 requerimientos, por parte de personas naturales, alegando la inconstitucionalidad del artículo 38 Ter, de la Ley de Isapres; el Tribunal ha acogido la mayoría de estas presentaciones, lo que hace prever una alta posibilidad de que esta Institución, creada en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, declare inconstitucional el mencionado artículo.

La Asociación de Isapres ha anunciado un aumento substancial de las cotizaciones previendo el fallo del Tribunal. Como siempre, los oligopolios amenazan a los ciudadanos y a las Instituciones con las penas del infierno si se atreven a poner en cuestión sus reiterados abusos y, en este caso, el atropello a la Constitución que garantiza a las personas a una salud digna.

Un estudio realizado en 2009, respecto a una cohorte de 1998, prueba que en el año 2007 sólo quedaba el 47% de los adultos mayores como clientes de las Isapres. En el fondo, la discriminación envía a los adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes y mujeres en edad fértil a FONASA, donde tendrán que soportar el colapso del sistema hospitalario, que se radicaliza durante los meses de invierno- sólo el 3% ó el 4% de los adultos mayores cotiza en el sistema privado de salud, así, el sistema público debe prestar servicios a más del 80% de la población chilena y 96 por ciento en el caso de adultos mayores

Chile es pionero en el abuso de las instituciones privadas de salud, respecto de las personas: a pesar de que los cobros se hacen en UF- garantizándoles el alza del costo de la vida – cada año sube en distintos porcentajes el precio de sus prestaciones, sin dar ninguna justificación a los usuarios respecto a estas injustas y prepotentes prácticas. Es de esperar que el fallo del Tribunal Constitucional, único organismo del Estado que no tiene que rendir cuentas a nadie, en este caso restablezca el imperio del artículo 19, No.9 de la Constitución Política del Estado, que garantiza una salud digna de seres humanos para todos los ciudadanos. Es muy triste constatar que, al igual que en el Centenario, en el Chile de hoy la segregación continúa como un monstruoso lunar que nos humilla y avergüenza

La gran mayoría de los partidos políticos actuales corresponden a escenarios históricos más cercanos a los siglos XIX y XX que a la actualidad. Los grandes clivajes entre liberales y conservadores y, posteriormente, entre social-cristianos y socialdemócratas, comunistas y socialistas, derechas e izquierdas, han ido perdiendo vigencia: hoy es difícil distinguir un ministro de Hacienda socialdemócrata de uno conservador o neoliberal, todos practican, con matices, la misma política; por ejemplo, es el Fondo Monetario Internacional el que determina las posiciones de partidos tan disímiles, como los socialistas griegos, españoles y portugueses, los conservadores británicos, o los democratacristianos alemanes; cuesta distinguir a los partidarios de Ángela Merkel con los de Nicolás Sarkozy, o los de Rodríguez Zapatero.

No es que no exista la izquierda o la derecha, o las posiciones conservadoras o liberales, lo que ha ocurrido es que los partidos que históricamente encarnaron estas grandes fisuras sociales y culturales, hoy han perdido todo sentido histórico. Veamos: un partido político debiera ser una conexión entre la sociedad civil y el Estado – actualmente son sectores de élite, completamente lejanos de la sociedad civil, que sólo apelan a los ciudadanos en los períodos electorales; el sufragante es considerado sólo como un cliente, tal como un accionista del mercado

La función, primordialmente de un partido, es la formación de nuevos liderazgos. Hoy por hoy, esta idea democrática es una mera utopía: los dirigentes son los mismos y los nuevos, si los hay o les permiten, imitan las mañas de sus antecesores. Los funcionarios remplazan a los militantes

Es lógico que un partido político quiera aspirar al poder, pero hay dos maneras de conseguir este objetivo: la primera dice relación con la consideración del poder como un botín a distribuir entre sus dirigentes y militantes, el partido, así, se convierte en un parásito que, para sobrevivir, necesita alimentarse de los cargos públicos y, una vez perdida la posesión del poder, el partido comienza a vegetar en una oposición sin sentido y carente de ideales. Algo de esto ha ocurrido con el PRI mexicano y, actualmente, con la Concertación chilena. La segunda manera de concebir el poder consiste en tomarlo como un instrumento de transformación social, en razón de ideales e intereses comunes vigentes en la sociedad.

Durante gran parte de los siglos XI y XX se pudo clasificar a los partidos políticos en aquellos de directorio, como los conservadores y liberales decimonónicos, que aglutinaban minorías oligárquicas; en el siglo XX surgen lo que los cientistas políticos llaman “partidos de masas”, capaces de aglutinar grandes sectores de la sociedad civil, fundamentalmente trabajadores; esta clasificación está a mi juicio obsoleta.

En resumen, lo que caracteriza a los partidos políticos, en la actualidad es su ruptura con la sociedad civil, convirtiéndose en oligarquías que se auto-reproducen, lo cual viene a conformar una casta preparada, solamente, para el uso y abuso del poder burocrático, cuya alternancia se decide en comicios electorales que, en la mayoría de los casos, predomina la apatía de los ciudadanos. En general, tanto en regímenes parlamentarios, como semi-presidenciales y presidenciales, más de un 50% del universo electoral se abstiene de participar en una actividad que los ciudadanos, por no estar involucrados en una participación directa, rechazan como un oficio apto para legionarios o, en nuestro lenguaje criollo, operadores, burócratas o, lo que es más grave, pillos aprovechadores que, en corto tiempo, se han enriquecido aprovechándose del partido a que pertenecen, que los ha colocado en un puesto de poder.

Muchos de los partidos que hoy, con buenas razones, son rechazados por la opinión pública, en su fundación encarnaron ideales y mística y fueron capaces de canalizar a importantes sectores de la sociedad civil – militar en ellos constituía un honor y forma de vida; así ocurrió con la Falange Nacional, que dio origen a la Democracia Cristiana; con el Partido Socialista, fundado por Marmaduke Grove, o por el Partido Comunista, inspirado en los ideales del apóstol de la clase obrera, Luís Emilio Recabarren; nuevos movimientos como el MIR y el Mapu motivaron a toda una generación tras el cambio revolucionario-, todos ellos han quedado en el pasado convirtiéndose, en la actualidad, socialcristianos y socialdemócratas en meros gestores de un pragmatismo, cuyo único norte demasiadas veces se expresa en la apropiación del botín del Estado.

El Partido Progresista que acabamos de fundar debe rechazar todas estas pésimas prácticas políticas:

1- Ningún dirigente del Partido podrá perpetuarse en los cargos directivos
2- El Partido debe mantenerse en permanente contacto con las organizaciones civiles evitando toda separación entre el dirigente y su organización de base
3- Todos los cargos del Partido podrán ser revocados en base a un plebiscito interno
4- El Partido Progresista se basa en un manifiesto que deberá ser aprobado por todos sus integrantes y, en particular, plebiscitado a toda la ciudadanía
5- El Partido luchará por poner fin al régimen monárquico presidencial reemplazándolo por un régimen semipresidencial
6- El Partido Progresista propenderá a poner fin a la geometría política, herencia de una legislación de una época autoritaria, en especial la Ley de Partidos Políticos
7- Nuestro Partido luchará sin descanso para implementar un federalismo, donde las regiones de Chile tengan una plena autodeterminación y no dependan del centralismo de la Capital
8- El enemigo principal de nuestro Partido es la pobreza y la desigualdad
9- Consagraremos todos nuestros esfuerzos para promover una revolución educacional que garantice la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos del país – la calidad de las prestaciones educacionales deben ser iguales para un hijo de un diputado y de un poblador
10- Somos partidarios de promover todas las libertades civiles – matrimonio heterosexual y homosexual en igualdad de condiciones, el derecho de la mujer a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, ninguna mujer será perseguida por la libre decisión de suspender el embarazo; todas las personas tendrán derecho a una muerte digna, entre otras de estas libertades civiles
11- Derogación de las leyes liberticidas, en especial, la de Seguridad Interior del Estado
12- Promoverá un sistema de cargas públicas que garantice que los más ricos aporten al Estado gravámenes justos, privilegiando, en base al sistema impositivo, a las pequeñas y medianas empresas que incentiven la contratación de trabajadores
13- Un sistema de salud progresivamente igualitario entre hospitales públicos y clínicas privadas – es inconcebible que el dinero sea la base del derecho a la vida y a la salud

En resumen, el Partido Progresista, para utilizar los términos de la década de los sesenta, será un anti-partido en el sentido de que combatirá el predominio de la casta política, que pretende reemplazar a la ciudadanía so pretexto de representarla, pero en realidad, lo que hace es convertir la democracia en una mascarada ilustrada – el gobierno de la gente, pero sin ella-.

La economía en Chile se sustenta, básicamente, en la explotación de los recursos naturales, donde el modo de producción agrícola que predomina se caracteriza por ser intensivo en el uso del suelo, de agroquímicos y de mano de obra.

Los tratados de Libre Comercio, y los múltiples acuerdos regionales y bilaterales suscritos por nuestro país, han fomentado la producción agrícola de exportación, el control corporativo de las cadenas alimentarias y el mayor uso -y menor control- de los agroquímicos. Los impactos sociales y ambientales provocados por las formas actuales de hacer agricultura, desencadenados por los efectos económicos de estos acuerdos, han sido enormes.

Nuestro distrito 10 no es la excepción en esta preocupante realidad. La producción agrícola regional se destina en un 50% a la exportación, el 32% a mercado interno y el 17% a la agroindustria. En las provincias de Quillota y Petorca el 90% de la producción de paltas se destina a la exportación, concentrando su actividad preferentemente entre los meses de agosto y enero, período que además se caracteriza por una alta demanda de trabajadores de temporada por parte de las empresas exportadoras.

En Chile hay alrededor de 800 mil trabajadores del campo, de los cuales aproximadamente 400 mil son temporeros, y de ellos, cerca de 250 mil son mujeres, en su gran mayoría jefas de hogar. Estudios recientes estiman que el 60% de los trabajadores y trabajadoras de temporada no tienen contrato laboral, lo que se presta para innumerables abusos, como incumplimiento en las fechas de pago, cancelaciones inferiores al salario pactado -o simplemente no pago-, imposiciones previsionales no canceladas y ausencia de beneficios sociales. La informalidad y la desprotección laboral, social y previsional, así como en prevención y cobertura de salud, son pan de todos los días en la vida de los temporeros y temporeras.

Según me han comentado en muchos de mis recorridos, la modalidad de pago preponderante es a trato (fijación de un monto por saco o caja de productos recolectados) y, en general, el salario promedio final es inferior al sueldo mínimo establecido por ley. Este sistema se traduce en jornadas interminables, que en promedio llegan a 16 horas diarias. Las horas extraordinarias y otros beneficios, en esta modalidad de trabajo, no existen.

En la actividad agrícola de exportación, particularmente en la fruticultura, se ha extendido la intermediación de los llamados “contratistas”, que son quienes se encargan de proporcionar la mano de obra temporal que requieren las grandes empresas agrícolas. Ellos reclutan, trasladan y pagan a los trabajadores, en la mayoría de los casos sin contrato laboral. Esto contribuye a diluir las responsabilidades al momento de responder por accidentes del trabajo, acciones ilegales, abusos y daños contra los trabajadores.

Quiero dejar de manifiesto que durante el período que dure mi diputación seré inflexible en demandar respeto para todos y cada uno de los trabajadores del campo. Exigiré respeto de todos los derechos humanos y laborales consagrados en la legislación nacional, así como también los contenidos en convenios internacionales suscritos por Chile; pleno acceso a la salud y previsión social para los trabajadores temporeros agrícolas; y terminar con el sistema de contratistas que fomentan la precariedad laboral y que, además, favorecen la supervivencia de las desigualdades e inequidades económicas y sociales que -una vez más- afectan a los que más necesitan.

Todo ser humano tiene derecho a vivir y morir con dignidad. El decidir la forma de morir pertenece a la persona y no al Estado: es un derecho humano individual y no colectivo. En el caso de Eluana Englaro, antes de sufrir el accidente automovilístico, dijo a sus padres que no le prolongaran la vida vegetativa artificialmente, lo que equivale a un testamento. Su padre, Guissepi Englano tuvo que padecer, durante diecisiete años, para lograr que Corte de Apelaciones de Milán permitiera desconectar a su hija de las sondas que la alimentaban y oxigenaban.

El de esta joven planteo diversos elementos éticos y políticos: el conflicto entre los Tribunales de Justicia y el primer Ministro, Silvio Berlusconi, entre éste y el presidente de la república Giorgio Napolitano, entre el poder del Estado y el deseo de la familia aludida, entre el Estado y la iglesia católica y entre la opinión dividida de los italianos.

La eutanasia tiene distintas acepciones: hay una eutanasia pasiva que se practica en todos los hospitales del mundo, cuando se deja morir a una persona – en coma o estado vegetal- sin aplicarle vida artificial, que es aceptada, incluso, por la iglesia católica. El paciente o la familia tienen derecho a negarse a la intervención terapéutica que prolongaría, artificialmente, la vida. También hay una eutanasia activa, en que un tercero ayuda a bien morir o se le retiran las sondas que prolongan artificialmente la vida. Este tipo de eutanasia es penado en la mayoría de las legislaciones, pero hay bastantes precedentes respecto a su práctica.

En problema de fondo, en el caso de la joven italiana, es si el Estado, una religión o una iglesia tienen el derecho de prolongar el coma o el estado vegetativo, en contra de la voluntad del paciente o de su familia. El dilema consiste en dilucidar quién tiene el derecho a decidir si el Estado o una iglesia, o la persona y su familia – aún en el caso de no pertenecer a un credo religioso-. ¿Puede un médico, éticamente, contradecir la voluntad del paciente? ¿Puede el Estado o cualquier autoridad obligar a padecer a un paciente y su familia la prolongación artificial de una vida vegetativa o de un estado de coma irreversible?

La derecha – en Chile y en algunos países- ha defendido la pena de muerte, que también pone fin a la vida de una persona por decisión del poder judicial y del Estado. En la historia de la humanidad, las religiones monoteístas ostentan el récord de guerras y muertes sin sentido. Es cierto que la iglesia católica ha hecho un mea culpa, un poco tardío, sin embargo, aún existen católicos que justifican la pena de muerte, comparándola con la crucifixión de Jesucristo.

Personalmente creo que, en el caso de la eutanasia, siempre debe predominar la voluntad de la persona y su familia por sobre el Estado, el poder judicial, los dogmas religiosos y las doctrinas sobre la vida humana. Toda persona debe tener el derecho de elegir una muerte digna y ningún médico puede imponerle un tratamiento doloroso, que prolongue, artificialmente, una vida vegetativa, no deseada, ni aceptada por el paciente y su familia; su acción debe limitarse a solamente a paliar el dolor de la agonía, por medio de la sedación. La decisión del buen morir sólo pertenece a la persona y no incumbe al Estado, ni a la iglesia.

Las principales formas de fomentar el emprendimiento y la innovación tienen que ver con incentivar a la gente a pensar y desarrollar su imaginación. Si a uno le enseñan a repetir lo que el profesor puso en la pizarra, difícilmente aprenderá a pensar en forma independiente o a resolver problemas que no hayan sido resueltos antes. Por eso, aunque suene a discurso políticamente correcto, la madre de todas las batallas en innovación para instalar una cultura de la innovación es la reforma a la educación.

Para promover la innovación y el emprendimiento es necesario nivelar la cancha económica e institucional: eliminar las barreras a la creación de nuevas empresas, facilitar el acceso al capital y al crédito son elementos centrales de una política de innovación. Además el Estado puede ayudar, en el margen, a financiar nuevos proyectos aportando capital o mediante garantías a créditos. Esto significa que el Estado tienen que estar dispuesto a hacer una evaluación y a correr riesgos: 9 de cada 10 emprendimientos nuevos cierran y pierden plata. El que sobrevive generalmente paga las pérdidas de los demás, pero soportar esa tasa de falla requiere de decisión y de liderazgo.

La institucionalidad vigente dificulta que el Estado pueda hacer este tipo de «apuestas». Una forma de facilitarlas es que el Estado identifique áreas o tipos de proyectos que son de su interés y que van asociados con inversiones públicas y privadas. Un ejemplo de esto son las políticas de clusters que han desarrollado los dos últimos gobiernos.

En otro ámbito en el que el Estado aún tiene mucho por hacer es en facilitar los procesos de creación y formalización de nuevas empresas. Crear una empresa en Nueva Zelandia, por ejemplo, toma entre uno y tres días. En Chile, con suerte, toma un mes. En las propuestas programáticas de nuestra candidatura he propuesto eliminar algunos de los trámites para la formación de nuevas empresas, asumiendo que ese esfuerzo debe ser acompañado de una apuesta seria por el fomento al emprendimiento, lo que, entre otras aristas, requiere superar la presunción de culpabilidad con la que se trata al emprendedor incipiente en Chile.

Estamos proponiendo, por ejemplo, que en la etapa de formación y desarrollo inicial las nuevas empresas no paguen impuestos si no distribuyen utilidades. Además, creo que debemos revisar el sistema de evaluación de riesgo de los bancos para reducir el costo del crédito a empresas nuevas. Por ejemplo, el Banco Estado no abre cuentas corrientes a empresas recién formadas. Sin cuenta corriente, ¿cómo se formaliza una empresa? este tipo de impedimentos deben ser eliminados si vamos a promover el desarrollo nacional y la innovación.

En este contexto las Pymes no solo son importantes porque generan empleo y porque hablar de ellas es “políticamente correcto”, su estructura y flexibilidad inherente les permite innovar y adaptarse con mucha mayor velocidad. Fomentar su desarrollo es también fomentar la innovación y la competitividad.

El resto de las candidaturas, sin embargo, han abordado el tema desde un punto de vista asistencial y lo que requieren las empresas de menor tamaño, que padecen un regulatorio que ha favorecido la concentración y la emergencia de actores gigantes y/o monopólicos en diversos sectores, es una estructura tributaria, regulatoria y financiera que “empareje la cancha” en la que compiten día a día.

Nuestro programa contempla múltiples apoyos específicos para ellas y tenemos una mirada integral del problema, no creemos que se requieran solo medidas sino una política decidida de fomento del emprendimiento, la innovación y la formalización de actividades productivas. Para eso el estado debe ser un facilitador, no un perseguidor.

El otro aspecto clave en la innovación radica en las formas para captar capital para nuevos emprendimientos. Una forma de fortalecer esas instancias es que el Estado participe en ellas en una proporción minoritaria y sin capacidad de decisión. De esta forma los potenciales beneficiarios, es decir los inversionistas, corren la mayor parte del riesgo pero el Estado los «apalanca» y potencialmente participa de las utilidades que se generen. Esto se puede hacer por la vía de aportes directos o garantizando una parte de los aportes de crédito de instituciones financieras. Ambos mecanismos pueden ser objeto de fondos concursables para áreas o proyectos de interés nacional.

En suma, la política tiene la misión de fomentar la innovación. Las condiciones para que ésta se promueva y se incentive dependen de remover viejas estructuras y trabas burocráticas, inyectar recursos ahí dónde pueden dar frutos inesperados, dinamizar una regulación pensada para un modelo productivo ya agotado; pero por sobre todo, se requiere de una inyección de confianza en las personas, su creatividad y su capacidad de encontrar soluciones brillantes para problemas que la burocracia privada y/o estatal tardaría siglos en resolver.

Chile cambió, y como país tenemos que volver a creer en los que se atreven a emprender y a innovar.

Ante el evidente fracaso del mercado desrregulado nace un nuevo período histórico, que se caracteriza por el creciente rol del Estado. Pero este cambio no es suficiente: es necesario revitalizar la democracia que sólo es posible mediante la participación ciudadana en las decisiones que el país debe tomar. El primer paso imprescindible es un nuevo pacto social que deberá plasmarse en una Constitución emanada de una Asamblea Constituyente y refrendada por un plebiscito; esta Carta Fundamental deberá garantizar el equilibrio de poderes un régimen político semi presidencial, terminar con la subsidiaridad del Estado y abrir campos a la expresión de la ciudadanía popular por medio de un sistema electoral proporcional, inscripción automática, voto voluntario, iniciativa popular de ley y plebiscitos revocatorios.

El nuevo Estado deberá garantizar una educación pública gratuita, descentralizada y de alta calidad, así como prestaciones de salud gratuita y de similar calidad que la salud privada; además, debe incluir viviendas dignas y barrios no segregados.

Las nuevas políticas públicas deberán terminar con la cleptocracia y la pitutocracia: todos los cargos públicos serán proveídos en base a concursos ciegos; la Contraloría tendrá mayores facultades para fiscalizar cualquier irregularidad; el Estado social será un Estado probo.

Todos los bienes naturales serán propiedad del Estado y las concesiones y comodatos serán controlados por la soberanía popular y/o sus representantes. El royalty será equiparado a los estándares internacionales.

La matriz energética será diversificada, privilegiando el Estado las energías limpias y renovables. Se ampliarán las libertades ciudadanas los derechos humanos, en especial los económico-sociales.

El Estado chileno combatirá todo tipo de segregación, sea social, sexual o étnica; se creará una defensoría de los ciudadanos. Las cargas públicas privilegiarán a las empresas familiares y las pymes, promoviendo la capacitación y el empleo.

El sistema provisional será mixto: uno de capitalización privada y otro solidario; el Estado deberá garantizar la libertad de elección por parte de los ciudadanos y un sistema de pensiones digno.

Estas medidas constituyen algunos de los pasos terminar con el Estado de castas y llegar, para el Bicentenario, a un Estado social de participación ciudadana.

En los países que celebran el Bicentenario han surgido movimientos progresistas, muy arraigados en la sociedad civil. Es el caso del Frente Amplio en Uruguay, liderado por el ex Tupamaro José Mujica, hombre de diálogo directo y sencillo con su pueblo. En tanto, en Paraguay, el ex obispo Fernando Lugo expulsó del poder al Partido Colorado, prácticamente propietario político de ese país.

El caso de Colombia es particular. En la próxima elección del 30 de mayo encabeza las encuestas para la primera vuelta el profesor universitario, ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. En ese país, los verdes y los conservadores eligieron sus candidatos por medio de primarias abiertas – a diferencia del caso chileno- y Mockus contó, desde un principio, con la legitimidad de haber triunfado sobre los populares ex alcaldes de Bogotá Peñaloza y Garzón. En el corto período de un mes este candidato subió su intención de voto de un 4% a un 30%, superando al candidato del uribismo, Juan Manuel Santos.

El auge de estos nuevos movimientos de la sociedad civil se extiende – como ocurriera con las batallas de Simón Bolívar- a lo largo y ancho de los países de América Latina. Sin embargo, razón tiene un autor al negar la categoría de continente joven a América Latina, pues siempre tienen mucho de antiguo y reaccionario algunas de sus elites herederas de los españoles.

No por el hecho de haber nacido en otro continente los hijodalgos de América van a ser más progresistas que sus padres. En el Bicentenario, lo viejo no quiere morir. Si bien, en sucesivas elecciones los pueblos rechazan a los políticos tradicionales, éstos se niegan a ser conducidos a la helada sepultura. En Uruguay, a pesar del triunfo del Frente Amplio, Colorados y Blancos están vivos y coleando; en Colombia, liberales y conservadores – que condujeron a sucesivas guerras civiles- pretenden rearmarse. Los primeros con la candidatura de Noemí Sanín y, los segundos, con un candidato alejado del carisma, como es el caso de Rafael Pardo. El Partido Liberal tuvo apenas un 8% en la elección parlamentaria, y en las encuestas, su candidato cuenta con menos del 4% de intención de voto.

Para qué abundar en el caso de Venezuela donde socialdemócratas y demócrata cristianos – hoy abominados por su pueblo- siguen en la carrera por sobrevivir. Algo similar ocurre con el APRA, de Alán García que, al final de su mandato es rechazado por casi un 80% del electorado. El único partido tradicional que tiene alguna posibilidad de éxito es nada menos que el tradicional PRI mexicano, que recibirá el poder como regalo, a raíz de la incapacidad de la derecha del país de Villa y Zapata.

El fracaso de los conservadores de izquierda es tan radical como el de sus aparentes contradictores de derecha. En Colombia, los partidos convencionales que alguna vez fueron capaces de entusiasmar a ciertos sectores, hoy se han convertido en fuerzas opacas y tradicionales, que postulan pocas innovaciones. Con razón, el pueblo los rechaza dándole a algunos, por ejemplo, apenas un 4% de apoyo.

A diferencia del Centenario, en este Bicentenario, en casi todos los países se está dando la lucha entre conservadores y progresistas, entre partidos anticuados y la frescura de mentes nuevas. En ese sentido, es probable que inesperados y transparentes movimientos y líderes, rescaten los reales valores progresistas y construyan una democracia de participación ininterrumpida.

Hay un consenso generalizado que, de no mediar una revolución educativa, Chile jamás será un país desarrollado. Más allá de las apariencias, el debate se centra en dos matrices fundamentales: el elitismo o la igualdad de oportunidades. Lógicamente, los neoliberales de la Concertación (que lideran esa coalición hace ya demasiados años) y de la Alianza, han elegido la vía burocrática, la administración de poder en vez de la acción y la transformación mediante leyes radicalmente reformadoras de un sistema que genera más perdedores que ganadores.

Aquel lugar común de considerar como un logro la cobertura del 99% en educación Básica constituye una torpeza sin límites, si consideramos que la calidad de las prestaciones educacionales no hace más que aumentar la brecha abismante entre ricos y pobres. Aun cuando sea una paradoja, la educación es el factor esencial por excelencia de un país segregado y segmentado, como por desgracia es el Chile de hoy.

El desafío que debemos enfrentar no está en más o menos intervenciones: es evidente que la mayoría de los Ministros de Educación de la Concertación fueron, fundamentalmente, conservadores e inmovilistas, mientras que el actual Ministro demuestra una voluntad de actuar resaltando su “cosismo” mediático muy superior a sus predecesores, sin embargo, no hay que dejar de considerar cuál es la matriz ideológica que orienta las acciones del actual gobierno, que no es más que el elitismo. En este plano tanto Concertación como la Alianza constituyen un solo ente y, en consecuencia, serán incapaces de realizar una revolución educacional igualitaria, pues este último término les repugna.

Veamos, para comprobar nuestro aserto, las principales medidas del actual ministro: los Liceos de excelencia, que privilegian la selección de los alumnos de mayor capacidad académica, es decir, de mayor capital educacional, directamente relacionado con el mayor estatus económico-social, son aquellos que constituyen el eje de atención del modelo Lavín; es lógico que el resultado tendrá que ser necesariamente positivo si segrega a favor de los mejores puntajes con el consecuente aislamiento de los deprivados cultural, económica y socialmente. Los países que han triunfado, como Finlandia, Corea, Japón, y otros, han seguido un camino completamente contrario al de Lavín, en el sentido de eliminar todo tipo de selección, más bien incorporando alumnos de distintos niveles, y girando el desafío de la educación desde una lógica de demanda a una de oferta del Estado.

Otra medida mayúscula de tipo elitista fue el famoso “semáforo” que se envió a los padres y apoderados, marcando con luces rojas a los colegios de peor resultado en la prueba SIMCE que, por lógica mecánica darwinista, correspondía a aquellas escuelas donde los alumnos pertenecen a los grupos sociales más débiles en cuanto a bienes culturales, económicos y sociales, lo que equivale a una segregación brutal que jamás ha llamado la atención en un país, demasiado consciente que su futuro no se decide en su tierra sino en sistemas financieros internacionales, en otros países y por tanto nuevamente demasiadas veces prefiere omitirse de protestar ante tales realidades.

No se puede negar que en el programa de Joaquín Lavín encontramos algunas luces, como el aumento de un 20% de la subvención la subvención preferencial; pero si consideramos que esta subvención corresponde a $68.000, esta medida es apenas un mejoral frente a la fosa existente entre ricos y pobres, que va desde $68.000 a $368.000, suma que normalmente paga un padre profesional por la educación de sus hijos.

Sin duda que también es loable la idea de subir el sueldo a los directores y pedirles la renuncia si no cumplen las metas, sin embargo, si no se destina a los mejores profesores y directores a las escuelas más vulnerables, por lógica, se radicalizará el elitismo educacional.

También es buena idea el favorecer el ingreso de los mejores puntajes a las universidades imparten pedagogía, no obstante, sin un cambio radical de los curriculums, en las competencias docentes de los formadores de formadores, priorizando la creatividad y la investigación sobre la repetición nemotécnica, cualquier esfuerzo será inútil.

El SIMCE y la PSU son un subproducto de una medición del mercado educacional, siendo ambos instrumentos completamente incompletos para medir la calidad de la enseñanza-aprendizaje – en el caso de la segunda, de anticipar capacidades académicas, propias de la vida académica- en estas dos pruebas el único objetivo es ejercitar destrezas para que resuelvan preguntas de selección múltiple, que poco tienen que ver con las capacidades educacionales superiores – pensar, relacionar, comparar, valorar, asociar, crear, y otras-.

La reforma propuesta por el Ministerio de Educación se queda, como siempre, en las ramas; el problema de fondo es que las instituciones educacionales no pueden seguir siendo regentadas por las municipalidades, que han demostrado su total incapacidad para administrarlas, desde todos los puntos de vista – administrativo, económico, social, político, profesional – por lo demás, hay mucha diferencia entre municipalidades ricas y pobres, cuestión que aumenta la segmentación y desigualdad educacional.

Mientras no nos decidamos a implementar un Estado docente descentralizado, en un país federal, el fracaso estará plenamente asegurado. En este plano, Concertación y Alianza se han consensuado para mantener el status quo.

En el plano de la enseñanza universitaria lo hecho, ha sido evidentemente insuficiente. Muchas universidades privadas son empresas de servicios educacionales, no Universidades donde la docencia, investigación y extensión definen su quehacer, donde además los dueños las ofrecen en el mercado al mejor postor, siendo alumnos y profesores activos transables. Como describí arriba demasiadas de estas universidades son clasificadas como exclusivamente docentes, es decir, se limitan a repetir el conocimiento ajeno, sin ninguna capacidad de exigencias investigativas y de innovación.

Una revolución educacional igualitaria debe basarse en principios fundamentales muy diferentes de los elitistas que han aplicado los gobiernos de la Concertación y de la Coalición por el Cambio:

– La subvención a las escuelas vulnerables debe ser equivalente al costo de los colegios particulares es decir, de $ 368 .000 por alumno.
– Una reforma radical de los institutos pedagógicos, que privilegie el desarrollo de competencias, la educación científica y humanista, la continua actualización de conocimientos y de metodologías innovadoras; en definitiva, que fortalezca la profesionalización docente.
– Destinación de los mejores docentes y directivos a escuelas vulnerables, tanto en las ciudades, como en el campo.
– Traspasar las escuelas de los municipios a las regiones, ubicadas en un Estado docente descentralizado, ojalá en base en un sistema federal.
– Privilegiar las universidades fiscales exigiéndoles altos parámetros de competencias docentes y capacidades investigativas.
– Reforma radical de las universidades privadas terminando con la concepción mercantilista, que las visualiza como empresas destinadas, fundamentalmente, al lucro, y no como un servicio al país.
– Dignificación del profesor, con sueldos equivalentes a cualquier profesional, y una carrera docente que evite la arbitrariedad, la inestabilidad y la zozobra de los educadores.
– Garantizar a todos los niños el derecho a la educación preescolar de alta calidad – no basta con la cobertura, sino que debe privilegiarse la calidad-.
– Una reforma radical de la educación técnica profesional, garantizando estándares de calidad.
– La Constitución debe garantizar a todos los chilenos el derecho a recibir una educación de calidad y que privilegie la igualdad – cualquier ciudadano tendrá derecho a recurrir a los Tribunales de Justicia para exigir del Estado el cumplimiento de esta garantía-.
– En los niveles Preescolar, Básico y Medio debe prohibirse la selección considerándola como discriminatoria.
– Tanto a las escuelas públicas, como privadas debe exigírseles un alto rendimiento académico que permita ubicarlas en los niveles de la prueba PISA.
– Las pruebas SIMCE Y PSU deben complementarse con otros procedimientos evaluativos; por ser éstos indicadores puramente cuantitativos e inspirados en modelos de mercado – además es evidente que son pésimos predictores pedagógicos, favoreciendo la domesticación y adiestramiento a este tipo de instrumentos, durante casi toda la escolaridad de los alumnos, dificultando el desarrollo de capacidades y destrezas intelectuales superiores-.

Una revolución educacional exige un esfuerzo económico considerable a la par que un cambio cultural radical. En el primer caso, es necesario destinar gran parte del presupuesto al área de educación, que sería financiado por una reforma tributaria, propuesta que ha sido, en parte, desarrollada en el Decálogo, presentado a la ciudadanía durante nuestra campaña presidencial de 2009. En el segundo caso, el cambio cultural debe enfocarse en una campaña nacional que logre integrar a todo el tejido social, especialmente a la comunidad escolar: Directores, profesores, Padres y Madres de familia, Paradocentes y organizaciones comunitarias, entre otros estamentos en una revolución educacional en pro de la real calidad y la real igualdad de oportunidades.