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De las tres reformas propuestas por el Ejecutivo, es decir, inscripción automática, voto voluntario y sufragio de los chilenos en el exterior, la primera es la más importante, pues el aumento del universo electoral determinará, posiblemente, un cambio político radical.

Si analizamos nuestra historia siempre las castas en el poder han hecho todo lo posible para limitar la expresión de la soberanía popular; la oligarquía fue partidaria del voto censitario y, posteriormente, del llamado “voto plural”, lo que significaba que quienes poseían mayor educación tendrían más votos que los ignorantes, de donde se podía colegir que el sufragio universal era inaceptable. El famoso ministro inglés, Benjamín Disraeli, le propuso a su cochero que ambos se abstuvieran de participar en las elecciones pues, supuestamente, el voto de cada uno de ellos valía igual. En Chile la oligarquía y la mesocracia intentaron, varias veces, imponer el voto plural – el voto de la gente más culta y profesional debería valer más que el de la plebe -.

El sufragio universal ha sido, históricamente, una conquista de los sectores progresistas, que otrora aterró a las castas en el poder hasta que llegó a domesticarlo y, por medio de argucias, como el cohecho y las leyes electorales, transformó este peligro de tigre, en un gato inofensivo.

Todo avance respecto al crecimiento del universo electoral ha sido posible gracias a que legisladores progresistas han sorprendido a las castas en el poder. En este artículo voy a referirme a tres grandes revoluciones electorales: la primera, la del voto femenino, desde 1949 hasta nuestros días; la segunda, del Bloque se Saneamiento Democrático, (1958-1973); la tercera, la del plebiscito de 1988.

Cada una de estas revoluciones ha tenido distintas duraciones a través de la historia: la primera –el voto femenino – se extendido por más de sesenta años; la segunda, la del Bloque de Saneamiento Democrático, apenas doce años; la tercera, la del plebiscito, fue la más efímera- sólo uno o dos años -.

La primera revolución- el voto femenino- ha tenido un desarrollo en cuanto a participación desde el 32,3% en las elecciones presidenciales de 1952, hasta el 52,58% en la de 2009, es decir, un 20% en un período de cincuenta y ocho años. Si estudiamos la proyección, veremos que el voto femenino ha ido en un constante aumento – 1958, el 35,1%; 1954, el 44,1%; 1970, el 48,80%; 2009, el 52,58%.

El peso del voto femenino no se condice con el número de mujeres candidatas: en 2009, para la Cámara de Diputados, postularon 356 hombres y sólo 73 mujeres; el número de senadoras y diputadas en ínfimo comparado con sus congéneres masculinos.

Las mujeres casi siempre han favorecido a los candidatos de derecha, salvo el caso de la candidatura de Michelle Bachelet. En 1952, el candidato Arturo Matte Larraín obtuvo el 27,8% de votación de mujeres contra un 25,9% de varones; en 1958 Jorge Alessandri obtuvo en 33,8% de mujeres, contra una votación de un 29,7% de varones; Eduardo Frei Montalva un 62,1% de mujeres contra el 49,2% de hombres; en 1970, Jorge Alessandri obtuvo el 38,4% de voto femenino, contra el 31,5 masculino.

En la transición a la democracia el voto femenino siguió favoreciendo a la derecha: Büchi obtuvo el 26% de mujeres y el 22% de hombres; en 1999, Lavín obtuvo el 50,5% de mujeres y Lagos el 45,3%; sólo Bachelet quebró la tendencia obteniendo el 47% de mujeres y el 44% de hombres.

En la última elección de 2009, sólo en el caso de mi candidatura se marcó un predominio de votos femeninos sobre los masculinos: Eduardo Frei obtuvo el 30,48% de hombres y el 28,83% de mujeres; Sebastián Piñera, el 43,93% de hombres, y el 44,16% de mujeres; Marco Enríquez-Ominami, el 21,33% de mujeres y el 18,74 de hombres; Jorge Arrate, el 6,83% de hombres y el 5,67% de mujeres.

Considerando que el voto femenino tiende a aumentar, éste será decisivo en las próximas elecciones, sin embargo, aún queda un largo trecho para que haya una equivalencia de género en el Parlamento y en las demás reparticiones del Estado.

La segunda revolución es la del Bloque de Saneamiento Democrático (1958). A fines del segundo gobierno del octogenario general, Carlos Ibáñez del Campo, se formó una mayoría parlamentaria conformada por los partidos Radical, Agrario Laborista, Democratacristiano y Socialista, la cual se propuso aprobar tres leyes contra la obstrucción por parte de la derecha: la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, la Ley Electoral que instauraba la cédula única y permitía terminar con el cohecho, y una reforma administrativa para modernizar el Estado, propuesta por los radicales.

La reforma electoral más el voto de los mayores de 18 años y analfabetos, aprobada en 1971, permitió un crecimiento explosivo del universo electoral: en 1958 estaban inscritos en los registros electorales 1.521.272 electores, lo que equivalía a un 33,8% de las personas en edad de votar; en 1964, 2.915.121 ciudadanos, que representaba un 61,6% de las personas en edad de votar; en 1970, 3.589.747, lo que equivalía a un 69,1% de las personas en edad de votar.

Si lo vemos en el largo período histórico, en 1870 sólo el 3% de las personas en edad de votar estaban inscritas; en 1915, el 4,2%. En el período oligárquico mesocrático, en 1932 el 15%; en 1942, el 17%; en 1952, el 29,1%.

Esta revolución del universo electoral estuvo íntimamente relacionada con el aumento de las fuerzas de centro y de izquierda, en los distintos electorales; en 1912, la derecha tenía 75,6% de votos; el centro, 16%; la izquierda, 0% de votos. En 1941, la derecha un 33%; el centro un 32%; la izquierda un 28%. . En 1965, la derecha un 12,5%; el centro, un 49%; la izquierda, un 29,4%. En 1969, la derecha, un 20%; el centro, un 36,3%; la izquierda un 34,6%. En 1970, la derecha, un 24,8%; el centro un 29,1%; la izquierda, un 44,8%.

A partir de la eliminación del cohecho y de las leyes que permitieron el aumento electoral, las fuerzas de centro y de izquierda crecieron en detrimento de la derecha.

La revolución del plebiscito de 1988. En ese período se logró la inscripción de más de siete millones de ciudadanos lográndose el 89,1% de las personas en edad de votar, y un bajo porcentaje de votos nulos y blancos. Sin embargo, este altísimo nivel de participación apenas pudo mantenerse hasta la primera elección presidencial, en 1989.

Posteriormente, de 1989 hasta el 2009 tenemos un estancamiento del padrón electoral que, en veintiún años, apenas ha crecido de aproximadamente 7.500.000 a 8.000.2000 los inscritos en los registros electorales.

El padrón es cada día más viejo y discriminador: de los 18 a los 29 años de edad, sólo está inscrito un 9,20%; de setenta años y más, el 12,12%; 30 a 39 17,02 % de 40 a 49 años, el 27,9%; de 50 a 59 años, el 20,65%; de 60 a 69 años, el 13,62%. Esta distorsión etaria del universo electoral explica por qué la mayoría de los políticos privilegian los clubes de la tercera edad, desinteresándose por los jóvenes, lo que indica que los partidos son organizaciones decadentes y se inclinan hacia la senectud demostrando una enorme incapacidad para renovar cuadros políticos.

En el plano territorial, el padrón es completamente centralista – la Región Metropolitana tiene el 37,45% de los electores; la VIII, el 13,22%; la V, el 11,21%, es decir las tres Regiones principales suman más del 60%, haciendo imposible toda forma de federalismo atenuado y de representación de las Regiones en los Órganos de decisión-.

Como el universo electoral está viejo, cautivo y estancado – como las aguas servidas – los representantes están asegurados de conservar sus cargos, en muchos casos, por veinte años seguidos, sin que el candidato retador tenga alguna posibilidad de desplazar al dueño del curul parlamentario.

En un padrón electoral como el actual la abstención es mucho más baja que en el período republicano: en 1970 fue de un 16,5%; en 1989, de un 5,5%; en 1993, un 8,7%; en 1999, un 10,1%; en 2005, un 12,3%. Es difícil saber en qué grado influye el terror a la multa – aun cuando todos sabemos que no se aplicado jamás en Chile- creo mas bien que la baja abstención tiene explicación en un electorado anciano y cautivo, o a formas de clientelismo, diferentes del cohecho de comienzos del siglo pasado, pero no menos eficiente.

De aprobarse la inscripción automática podría sufragar el 100% de las personas en edad de votar, es decir, 12 millones de electores, con una importante cifra de jóvenes y, ojalá, una vez que se supere el bloqueo propuesto por los ultraconservadores de derecha e izquierda, puedan también hacerlo los chilenos residentes en el exterior, es decir, aproximadamente unas 500.000 personas.

Esta revolución electoral obligaría a la casta política a reconcursar ante la ciudadanía que dejaría de ser el coto de caza, que se lo disputan como presa jefes de partido que se autodesignan, dando la impresión de ser más bien “señores feudales” que dirigentes democráticos.

El tema del voto voluntario ya está zanjado por la reforma constitucional -2009- apoyada por todos los candidatos presidenciales. El debate sobre el efecto sociológico del voto obligatorio o voluntario, o el tema filosófico del sufragio como derecho o deber, puede ser muy interesante, pero es completamente adjetivo respecto al efecto que tendrá la revolución provocada por la inscripción automática. Por lo demás, si bien existe el ejemplo de Colombia – voto voluntario y alta abstención – se le contrapone el de Suecia – voto voluntario y alta votación -. La coacción de la multa no tiene ningún efecto en países como Uruguay y Brasil; en este último país es tan bajo el monto que no incita a nadie a votar.

El gran diplomático chileno Marcial Martínez planteaba, como solución al cohecho individual, que el Estado tuviera el monopolio de esta mala práctica. Pienso que una solución para los efectos económico-sociales del voto voluntario podría ser que este fuera completamente libre en el caso de los grupos de alta escolaridad y obligatorio para las personas que reciben ayuda social, es decir, exigirles comprobación del voto en el momento de gestionar o de recibir algún subsidio del Estado.

En la época republicana, hasta 1973, la inscripción era obligatoria y, para realizar cualquier trámite, se requería un certificado de ciudadanía, expedido por el Registro Electoral. Lo absurdo es que, en la actualidad, la inscripción es voluntaria y el voto obligatorio, inspirado en una mentalidad dictatorial, caracterizada por el menosprecio a la soberanía popular.

Si el sufragio es obligatorio y un deber cívico, sería una estupidez sin nombre permitir a las personas el renunciar a su inscripción en los registros electorales, una proposición muy torpe de quienes se han pronunciado por el sufragio como un deber. A mi modo de ver, la ciudadanía es ineludiblemente irrenunciable y no así el voto, que debe ser ejercido cuando los candidatos logran demostrar capacidad de liderazgo y atraer a los electores.

En el caso del sistema binominal, al 92% de los sillones parlamentarios están repartidos de antemano – incluso, hay casos como el de la X Región, donde compiten dos candidatos designados por sus respectivos partidos- en esta situación, la protesta puede expresarse por el voto nulo, blanco y abstención y por supuesto el no votar, que es otra forma de votar, y no constituye ninguna flojera negarse a ser parte de semejante mascarada antidemocrática.

Por Marco Enríquez-Ominami y Esteban Valenzuela Van Treek

El poder local bosteza en muchos rincones, rutinizado por gestiones burocráticas y populistas que reparten ayudas a la clientela, pero no transforman la calidad de vida de sus territorios. No se actúa para romper un círculo vicioso de centralismo, mucha queja ante la falta de recursos, poca transparencia (sobre todo en los contratos de la basura), débil participación, grandes desequilibrios en la oferta cultural y de competitividad, bajo protagonismo en mejorar la calidad de vida y construir ciudades con apuesta ambiental de calidad. Estamos fuera del siglo XXI: de Bergen a Valencia, de Rosario a San José, de Rivas (periferia de Madrid) a Jericó (Cerca de Medellín), las ciudades grandes y pequeñas se atreven a innovaciones con sus comunidades y apoyo de los gobiernos para cumplir estándares urbanos, culturales y ambientales óptimos.

En el Gobierno central y en los municipios deben ocurrir cambios como los siguientes, que no se observan en la agenda de la Alianza ni se asumen con fuerza en las visiones de futuro. Veamos algunos de esas reformas y acciones que proponemos para el debate:

Transferencias diferenciadas para cumplimiento de metas:

El Estado central gordo y autocomplaciente debe transferir más recursos, pero sin incentivos perversos a quienes se acostumbran a ser menesteroso, llenar las planillas de activistas y no mejorar los servicios a la comunidad. En el mundo anglosajón y europeo son comunes las directrices para cumplimiento de metas, transfiriendo recursos a quienes cofinancian logros sustantivos, con mayor aporte a las ciudades y comunas rezagadas, pero que hagan un compromiso explícito. Los matching Grant (copago por resultados) y los fondos de convergencia territorial dan recursos a poderes locales que adoptan sistemas de reciclaje de basura, construcción de ciclovías integradas, institutos de capacitación en zonas sociales vulnerables, saneamiento de ríos y lagunas, bibliotecas y museos interactivos, parques en zonas populares.

Metas nacionales, compromisos locales

La SUBDERE sigue siendo el espacio del control y la timidez, con buena información pero castrada porque no desclasifica estudios y rankings de gestión, sin capacidad de generar instrumentos que aporten a terminar con la desigualdad territorial abusiva de Chile, como se expresó en las inauguraciones centralistas del Bicentenario. Hay que convertirla en un centro pro políticas públicas eficaces e instrumentos de transferencias de recursos y gestión para cumplir metas nacionales que se encarnen en lo local. Ya casi se completó su rol de primera generación en completar alcantarillados y servicios básicos en todas las comunas. Hoy hay que ver el acceso domiciliario a internet, los metros cuadrados de área verde por habitante, oferta de exámenes y salud mental en los consultorios, educación de adultos, centros de apoyo social, calidad de viviendas. Hay que generar competitividad y calidad de vida donde no se han producido cambios relevantes en dos décadas. Es la única forma de acortar las distancias entre Lo Espejo y Vitacura, entre Puerto Saavedra y Viña del Mar.

Medidas pro participativas y anti orrupción

La basura y sus negocios huelen hace mucho muy mal en Chile. Un municipio manchado por las coimas no fiscaliza a las empresas que otorgan servicios. Lo urgente es reglamentar que en el caso de los mega contratos de basura, mantenimiento de áreas verdes, reposición y modernización de alumbrados públicos, el modelo de licitación sea estricto supervisado por Contraloría: bases generales sin cláusulas que fomenten la tecnología de proveedores exclusivos, listado de empresas preclasificados, y por tanto, tras el cumplimiento de los requisitos, se adjudica directamente a la de precio más conveniente. Esta medida sacará a muchas cucarachas y dará libertad para fiscalizar a los municipios y concejos, hoy presa fácil de los intermediarios de la pestilencia.

Por otra parte, la vida democrática se ha restringido en exceso a los pequeños concejos municipales. Autocríticamente fue un error eliminar los Consejo Económico Sociales, CESCO; por ordenanzas de participación que dictaran cada municipio. Han sido letra muerte, con muy pocas excepciones. Recrear los CESCOs con más poder es una meta para que un municipio no quede secuestrado en un concejo pequeño, y por tanto, las prioridades ciudadanas relevantes se expresen en las agendas públicas locales.

Obligatoriedad de la Agencia Ambiental Local.

Para ser ecociudades se necesita hacer obligatorio la unidad ambiental en los municipios, con consideración a sus tamaños (desde un encargado en los pequeños hasta agencias en las municipalidades de más de 80 mil habitantes). Dichas agencias deben medir el daño ambiental, fiscalizar en coordinación con los entes nacionales las fuentes fijas y móviles, asegurar ordenanzas locales con exigencias de aislación y buen uso térmico de las viviendas, control de leña, inclusión obligatoria de ciclovias en proyectos viales y nuevas urbanizaciones, reciclaje de la basura con escuelas y barrios, entre otras acciones claves, como fomento de energía sustentable y uso responsable del agua. Esto debe incorporarse en la estructura básica y obligatoria de los municipios.

Reapropiación del impuesto territorial: responsabilidad fiscal.

El 70% de las viviendas en Chile no pagan impuestos locales y eso es mentirnos al largo plazo: sin aporte a las finanzas locales tendremos municipios ´débiles, administradores de pobreza, sin planes de calidad de vida relevantes. Las ciudades colombianas han sido esenciales en las mejoras de dicho países a partir de crear cinco estratos de pago de contribuciones, solidario y responsable, donde todos, excepto los más pobres, contribuyen a los servicios crecientes de los municipios en recuperar espacio público, mejorar el transporte, el acceso a la cultura, la seguridad ciudad y las oportunidades de empleo.

El neo municipalismo para ecociudades se construye con mayor solidaridad y proactividad desde el centro, pero también con mayor emprendimiento y corresponsabilidad desde los territorios. Llamamos a crear las bases para una reforma municipal y regional verdadera y futurista, la misma que los actuales administradores tampoco han querido impulsar.

Escritores e historiadores de Perú, Chile y Bolivia, con razón, visualizaron que la guerra del salitre, en 1879, condujo al Perú a un sopor de depresión constante y al resentimiento con Chile, que aún mantiene viva la llama. Bolivia, por su parte, obligada a mirar hacia la sierra y en plena balcanización, sueña con poseer un puerto.

El vencedor de la guerra, Chile, heredó buenos y malos activos del Perú: la riqueza fácil del salitre corrompió a nuestra oligarquía; el prócer radical Enrique Mac Iver, en 1900, y el profesor Alejandro Venegas, en 1910, culpaban al boom del salitre de la depravación de nuestras costumbres políticas y la pérdida de los ideales austeros de la república pelucona.

A veces me da miedo de que en Bicentenario la fácil riqueza del cobre nos lleve a un a un divorcio completo entre la ética y la política. El Tratado de Ancón, de 1883, nos dejó un regalo envenenado: el problema de la posesión de Tacna y Arica. Por su parte, hasta 1904, nos dedicamos a regalar a Bolivia lo que no nos pertenecía: las ciudades de Tacna y Arica, que estaban en plena disputa con el Perú.

En nuestros tres países no faltan los expertos militares que, como niños, se dedican a contar misiles; son los mismos chauvinistas que, en 1920, inventaron la guerra de don Ladislao Errázuriz contra Perú. Son los jovencitos reaccionarios que quemaron la federación de estudiantes de la universidad de Chile y que pidieron la exoneración del profesor Carlos Vicuña Fuentes, por atreverse a proponer la entrega de Tacna y Arica a Perú. Mucho me temo que si no reaccionamos a tiempo, estos xenófobos de los tres países busquen un incidente que nos lleve a la fatalidad. Por ahora están amarrados por el buen criterio de los gobernantes.

La cancillería chilena no ha tenido una política coherente en las relaciones con los países vecinos: un mínimo conocimiento de la hábil política del palacio de Torre Tagle no debiera habernos sorprendido, pues hace años el Perú preparaba la forma de conducir a Chile a la resolución del diferendo marítimo, por el Tribunal internacional de la Haya que, como todo árbitro, es igual al rey Salomón, y partirá la guagua en dos.

Pienso que este el momento de hacer un giro copernicano en nuestra política latinoamericano, aprovechando la ocasión para resolver, en forma tripartita, el tema de la mediterraneidad de Bolivia. A su vez, entender que en un mundo globalizado la política multilateral es mucho más poderosa que el antiguo bilateralismo, que era propio de los Estados-naciones decimonónicos.

No hay mejor defensa que un buen ataque: de esta crisis de relaciones diplomáticas salgamos hacia el siglo XXI, en el cual las fronteras están obsoletas y más bien se propende a grandes conglomerados multinacionales, tal como lo soñara Simón Bolívar. No dejemos pasar el momento, América Latina está en su mejor época, el precio de sus materias primas está en las nubes, pero se sabe que a las vacas gordas les suceden las vacas flacas. La historia siempre condena a quienes dejan pasar la ocasión

Como siempre, en Chile, tanto el parlamentarismo como el presidencialismo son productos híbridos, es decir, muy lejanos de los modelos norteamericanos y europeos: el presidencialismo no tiene contrapeso en el Congreso y el parlamentarismo carece de partidos políticos fuertes e ideológicos, salvo en el caso de la lucha llamada teológica, que impuso el Estado docente. Si se exceptúa a conservadores y radicales, los liberales democráticos y, posteriormente, el Demócrata, fluctúan entre los dos extremos; por lo demás, no existió la institución del Primer ministro, ni la disolución de las Cámaras, elementos claves del parlamentarismo. En lo que respecta al sistema electoral era limitado y, en extremo, oligárquico: el Presidente de la República era elegido en forma indirecta y el parlamento distorsionado por el cohecho. Con razón, Manuel Rivas Vicuña – portalito – el cronista más connotado de la época, nos cuenta que en 1911 Alberto Edwards, un diputado bastante autoritario, propuso dividir el país en pequeños distritos y que en cada uno de ellos se eligieran dos diputados. Este es el precedente del binominalismo. Para Julio Heisse, el parlamentarismo es la expresión más perfecta del gobierno representativo de la burguesía, y no podía ser de potra manera pues rotos y siúticos, como les decían en la época, eran sólo sujetos de cohecho. Alberto Edwards, La fronda aristocrática, era un nacionalista – al igual que Francisco Antonio Encina, Tancredo Pinochet – que despreciaba la República Parlamentaria, llamándola “la república veneciana”, un régimen de casta gris y palaciego. Edwards terminó haciendo la apología del bonapartismo militar de Carlos Ibáñez del Campo, de quien fue su ministro. El presidencialismo chileno surgió de una alianza cívico-militar: Es bueno recordar que la Constitución de 1925 fue aprobada por un golpe, en la mesa, del inspector de ejército Navarrete; por lo demás, en el plebiscito de 1925 predominaron lasa abstenciones sobre los votos a favor. Poco a poco, el presidencialismo se fue transformando en monarquía presidencial; Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez y Eduardo Frei Montalva impusieron sendas reformas, que restaron facultades al Congreso: 1- Exclusiva iniciativa del Ejecutivo en los proyectos de ley que impliquen gastos fiscales. 2- Leyes que restringen las garantías constitucionales: Ley de Defensa de la Democracia, ley de Seguridad Interior del Estado y Estado de sitio. 3- Iniciativa del Ejecutivo en los proyectos de ley. 4- Disolución del Congreso. 5- Sistema de urgencias y suma urgencias en el calendario legislativo. Podría decirse que más que colegislador, el Presidente de la República tenía las llaves del funcionamiento del Congreso. Es cierto que esta aberración fue morigerada por los tres tercios en que se dividía la política chilena – derecha, izquierda y centro – y el carácter minoritario de algunas de las combinaciones que eligieron Presidente, lo que exigía pactos políticos y gracias a esta realidad la derecha, que casi nunca ganó la presidencia de la república, pudo ser parte del gobierno de coalición, en una especie de cohabitación. El triunfo de la Democracia Cristiana, en 1965, la convirtió en un partido mayoritario, con más del 40% y 80 diputados, así pudo lograr centrar el debate político en las fracciones del partido, (rebeldes, terceristas y oficialistas). De haberse aprobado la segunda vuelta, el carácter monárquico del sistema político hubiera sido mucho más radical, pues el Presidente contaría con el 50% más uno de los votos. Respecto a los sistemas electorales, el famoso sistema proporcional, de cifras repartidoras, basado en el sistema matemático del belga D´Hont, distorsionaba el sufragio popular a favor de los partidos mayoritarios; sólo así se explica el alto porcentaje de la DC, en 1965. Conclusiones: 1- En una democracia madura, de predominio civil, es inaceptable un sistema monárquico, presidencialista, surgido del bonapartismo militar, razón por la cual no puede llamarse plenamente democracia a un régimen político emanado de una Constitución cívico-militar e insanablemente autoritaria. 2- Propongo, como la base, para una nueva Constitución las actas del comité llamado de “los 24”, que representa fielmente el consenso de los sectores democráticos. 3- Ni el presidencialismo monárquico ni el parlamentarismo oligárquico constituyen soluciones para Chile. 4- Es necesario considerar que en la mayoría de los países de América Latina los partidos tradicionales, liberales y conservadores, socialdemócratas y democrata cristianos han perdido apoyo en la sociedad civil. Se pueden considerar como excepciones los casos chileno y peruano, por consiguiente, habría que pensar una reforma de los partidos políticos. Democracia directa Está claro que en ningún país de América Latina existe, en estado puro, un régimen de democracia directa, sin embargo muchas constituciones incorporan los plebiscitos revocatorios, la iniciativa popular en los proyectos de ley y organizaciones barriales y locales. Personalmente, no veo contradicción entre un régimen representativo y estas formas de ampliación de la democracia; creo perfectamente posible congeniar un semi presidencialismo similar al francés, portugués, a estas formas de participación ciudadana. Conclusiones: 1- Un sistema electoral perfeccionado 2- Elección de todos los poderes locales 3- Iniciativa popular de ley 4- Aumentar el poder fiscalizador del Parlamento 5- Interpelaciones que conlleven responsabilidad política 6- Eliminar las leyes con quórum calificado 7- Plebiscitos constitucionales convocados por los poderes del Estado y por los ciudadanos. 8- Prohibición de la reelección por más de un período consecutivo pata todos los poderes del Estado, tanto nacionales como locales. 9- Control popular de los partidos políticos, no sólo en los períodos electorales, sino también cotidianamente. 10- Parlamento unicameral

Las interpelaciones y las comisiones investigadoras, además de ser intensamente ineficientes – tal como están estatuidas – no implican ninguna sanción con respecto a los abusos de poder por parte de los ministros, intendentes y gobernadores y demás autoridades, nominados y removidos por el monarca presidencial. Me atrevo a afirmar que si no existiera la acusación constitucional, el régimen presidencialista sería un absolutismo, sin contrapeso.   Las Constituciones de 1925 y de 1980 constituyen una brutal reacción autoritaria frente al parlamentarismo que, en Chile, fue más bien un régimen de Asamblea.   La tendencia de ambos constituyentes se ha caracterizado por convertir al Parlamento en una institución carente de poder y con facultades fiscalizadoras muy débiles.   En el caso que nos interesa, respecto a la intendenta de la Región de Bío Bío, la determinación de causales, según el número 2 letra E del Artículo 52, éstas se encuentran determinadas lata y taxativamente: traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión; No ocurre lo mismo en la letra C, que se refiere a los Magistrados, cuya única causal, por cierto vaga, es el notable abandono de sus deberes. Si entendiéramos exclusivamente la acusación constitucional como un juicio que condena la perpetración de delitos por parte de las autoridades, sería muy difícil configurar un libelo acusatorio medianamente convincente.   La acusación constitucional es la única forma de exigir la responsabilidad política al rey, sus ministros, intendentes y gobernadores.   La acusación constitucional ha sido usada permanentemente por el Congreso cuando el Ejecutivo se encuentra en minoría en ambas Cámaras esa situación constituyó la norma en los gobiernos del régimen del régimen presidencialista hasta 1973, razón por la cual el Congreso utilizó la acusación constitucional como una forma de censurar al gobierno de turno.   En el período de la Concertación sólo prosperó la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Yasna Provoste, a quien no pudieron comprobarle ninguno de los delitos contenidos en la letra B, del Artículo 48; en este caso, la oposición hizo uso de una mayoría circunstancial, en la Cámara de Diputados y en el Senado.   Al volver al tema de la acusación constitucional en contra de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe, está meridianamente claro que esta autoridad regional ha incurrido en incitar a los pobladores a torcer la ley mediante argucias, que podrían transgredir el Artículo Octavo de la Constitución, que exige de todo funcionario una conducta recta, transparente y proba. Además de atropellar la ley fundamental, la intendenta pasó a llevar varios Artículos de la Ley de Probidad Administrativa.   En conclusión, si la oposición logra tener una mayoría en ambas Cámaras, está en su derecho para aprobar un libelo acusatorio utilizando la única facultad fiscalizadora que posee el Congreso en nuestra monarquía  presidencial borbónica.